Un proyecto para despenalizar el aborto fue presentado ayer por 70 legisladores de diferentes bloques en la Cámara de Diputados, mientras el Gobierno nacional aseguró que no le "incumbe" el tema y advirtió que no lo "promueve ni impulsa".
El proyecto, que fue presentado originalmente en 2005 y había perdido estado parlamentario, está encabezado por Adela Segarra y lleva las firmas de: Manuel Garrido, Juan Carlos Zabalza, Laura Alonso, Margarita Stolbizer, Victoria Donda, Claudio Lozano, Alcira Argumedo, Carlos Heller, Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, Ramona Pucheta, Carla Carrizo, Gladys Soto, Juliana Di Tullio, Diana Conti, Adriana Puiggrós, Araceli Ferreyra, Andrea García, Virginia Linares, Alicia Ciciliani, Mara Brawer, Miguel Bazze, Víctor De Gennaro, Carlos Raimundi, Ricardo Cuccovillo, Horacio Pietragalla Corti, Mónica Gutiérrez y Fabián Peralta.
También adhirieron Héctor Recalde, Roy Cortina, Jorge Rivas, Élida Rasino, Eduardo Santín, Gloria Bidegain, María del Carmen Bianchi, Edgardo Depetri, Omar Barchetta, Antonio Riestra, Gabriela Troiano, Silvia Carolina Scotto, Fabián Rogel, Leonardo Grosso, Mario Oporto, Gastón Harispe, Remo Carlotto, Enrique Vaquié, Herman Avoscán, Juan Carlos Junio, Pablo López, Liliana Ríos, Verónica Magario, Ana Gaillard, María Eugenia Zamarreño, Josué Gagliardi, Jorge Barreto y Liliana Mazure.
El tratamiento y sanción del proyecto para la despenalización del aborto fue solicitado por legisladores y organizaciones sociales en una audiencia pública.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno que "es un tema sobre el que hay múltiples iniciativas de todo tipo en el Congreso, pero no es una cuestión que incumbe al Poder Ejecutivo, ni la promueve ni impulsa". Los abortos clandestinos constituyen la principal causa de mortalidad materna en Argentina y la práctica está penalizada en el Código Penal.
El proyecto -que fue analizado en comisión en noviembre de 2011, pero no obtuvo dictamen que habilite su tratamiento en el recinto- fue elaborado por más de 300 organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En el texto se reconoce el derecho de la mujer a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación y habilita el acceso al aborto gratuito en el sistema de salud público y privado, sin autorización judicial previa.
La iniciativa prevé que sólo se podrá abortar fuera del plazo fijado si el embarazo es producto de una violación, en caso de que represente riesgo para la salud de la madre o si existiesen malformaciones fetales graves.
La campaña promueve, además, una fuerte intervención del Estado en el tema, contemplada en su lema: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".
El diputado Garrido (UCR) y la kirchnerista Mara Brawer coincidieron en que la despenalización del aborto es una "asignatura pendiente de la democracia".
"A 30 años de democracia no podemos privarnos de debatir este tema. No le hace bien a la sociedad mirar para el costado en temas de salud pública", sostuvo Brawer.
Segarra (FPV) estimó que "éste es un debate que lo tiene que dar la sociedad, pero la responsabilidad es del Estado y, en particular, de este Congreso".
El diputado de izquierda, Nicolás del Caño (FIT), advirtió sobre "la responsabilidad política del bloque mayoritario del Frente para la Victoria" y dijo que "permite que algunas leyes como la indemnización a Repsol salgan aprobadas en menos de dos meses y otras, como ésta, que evitaría la muerte de miles de mujeres, lleva casi una década sin ser tratada".
Donda (Libres del Sur- FAP) espera "que este año el oficialismo tenga la voluntad política de tratar el tema".
En los fundamentos del proyecto, los legisladores advirtieron que en Argentina se estima que abortan en forma clandestina más de 500 mil mujeres al año y manifestaron que eso "demuestra que la penalización de esta práctica resulta inútil".
