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hace 1 hora
El 29 de agosto, el diputado nacional José Luis Ramón realizó, en el Juzgado Federal N° 8 de la ciudad de Buenos Aires, una denuncia penal contra los directivos de la Distribuidora de Gas Cuyana por enriquecimiento ilícito a costa de los usuarios. El jueves se sumaron como querellantes legisladores de San Juan y San Luis.
Los legisladores que sumaron su adhesión, ya que la empresa brinda el servicio en Cuyo, son: José Luis Gioja y Sandra Daniela Castro por San Juan; y Andrés Alberto Vallone, Karim Augusto Alume Sbodio, Victoria Rosso e Ivana Bianchi por la provincia de San Luis.
En su presentación ante la Justicia, el ex presidente de la asociación Protectora planteó que la empresa violó el ordenamiento normativo vigente en cuanto a la distribución de dividendos, sin previa autorización del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Sostiene que en mayo de 2018 repartió $ 617.150.434 a los accionistas, lo que equivale a un tercio del Plan de Inversiones Obligatorias, sin haber ejecutado esos trabajos comprometidos.
Hay que recordar que la revisión integral de tarifas que se inició en 2016 estableció un cronograma de ajuste de las tarifas de los servicios públicos pero también que las distribuidoras debían realizar inversiones para mejorar su prestación.
Asimismo, Ramón planteó que, en cuatro períodos de 2018, la empresa realizó 51 mil estimaciones de consumo –en lugar de la medición efectiva de los metros cúbicos consumidos en el bimestre- en Mendoza, San Juan y San Luis. El diputado recordó que el director de Operaciones y Finanzas de la Distribuidora de Gas Cuyana fue citado a la Cámara de Diputados de la provincia, quien respondió que sólo han estimado unas 2 mil facturas mensuales en promedio.
Pero Ramón también señala que el Jefe de Gabinete de Ministros refutó este dato de la empresa en su presentación del 3 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación, en función de un proceso de auditorías sobre las estimaciones en los consumos, que evidenció la utilización abusiva de esa herramienta que se permite, de acuerdo al reglamento de Servicio de Distribución, sólo como última opción y en casos de no poder acceder a realizar la lectura correspondiente.
