Sociedad
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hace 2 horas
Los diputados italianos aprobaron este lunes en la noche por amplia mayoría dar un voto de confianza al gobierno dirigido por Enrico Letta, primera etapa antes de la aprobación definitiva esperada en el Senado el martes a comienzos de la tarde.
De los 606 diputados que votaron, 453 dijeron "sí" al gobierno de Letta, mientras que 153 diputados se manifestaron a favor del "no", anunció la presidenta de la cámara de diputados, Laura Boldrini.
Un día después de prestar juramento, Letta aseguró en su primer discurso ante los diputados que deseaba resultados "en los próximos 18 meses" en las reformas económicas, sociales y políticas que va a emprender. "Si por el contrario todo se atasca, sacaré conclusiones", dijo con firmeza.
"Atrevámonos a hacer grandes cosas", dijo este cristiano-demócrata de izquierda, citando recientes declaraciones del papa Francisco, en su intervención antes del voto de confianza.
El nuevo jefe de gobierno italiano, Enrico Letta, presentó un ambicioso programa de gobierno, con énfasis en el crecimiento económico, para sacar de la parálisis a la tercera economía de la zona euro, sumergida en una dura recesión.
"La situación económica de Italia es aún grave", reconoció el moderado Letta al ilustrar las principales líneas de su programa de gobierno ante la Cámara de Diputados.
Su gobierno dará la prioridad a frenar "la pesadilla del empobrecimiento" de Italia y para ello va a reducir los impuestos para los trabajadores con contrato permanentes, con jóvenes y recién contratados, e introducirá un salario mínimo para los más necesitados.
Letta advirtió que una de sus prioridades será luchar contra la austeridad impuesta por la Unión Europea y fomentar el crecimiento económico y sobre todo combatir el desempleo entre los jóvenes, ya que un tercio de la juventud no trabaja ni estudia.
Entre las medidas claves que el nuevo gobierno quiere adoptar figura la eliminación en junio del odiado impuesto a la vivienda, exigido y prometido por Silvio Berlusconi durante su campaña electoral e introducido por el saliente gobierno de Mario Monti, que afecta a casi el 80% de la población.
