Era una amenaza que se cernía desde hace varios días y ayer se empezó a concretar. Diputados ratificó 8 actas paritarias y en todas incluyó un artículo para fijar como tope salarial máximo el sueldo bruto que debería cobrar el gobernador, es decir alrededor de 50 mil pesos.
El tratamiento de este límite superior fue duramente resistido por ATE y Ampros, quienes coparon el recinto y hasta discutieron con los legisladores que impulsaban el tope: el oficialista Frente para la Victoria (FpV), el radicalismo y el PD.
Quienes rechazaron la medida fueron el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y el Frente Renovador (FR). Tanto Raquel Blas (ATE) como Isabel del Pópolo (Ampros) prometieron continuar la resistencia cuando el tope se trate en el Senado y, en caso de transformarse en ley, presentarían acciones judiciales para declarar la inconstitucionalidad de la norma.
Una sesión que prometía a los desprevenidos un mero trámite de cierre rápido para irse a ver el partido de la Selección argentina, terminó estirándose algo más de lo esperable, aunque tampoco tanto.
Lo que sí sucedió es que se caldeó más de la cuenta, al punto de que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, resolvió un cuarto intermedio para desalojar el recinto.
Diversas interpretaciones
Es que los diputados habían planificado todo. Adelantar la sesión a las 9 de la mañana, sacar todo lo que tenía acuerdo e irse temprano a ver Argentina-Nigeria, pero los planes iniciales se fueron postergando a medida que la Legislatura se empezó a llenar de gente de ATE y Ampros.
Finalmente la sesión arrancó pasadas las 10. Con el debate de los legisladores empezaron a bajar los aplausos o los silbidos y gritos, según en qué sentido se expresara el legislador en uso de la palabra.
El aplauso fue para Héctor Fresina, del FIT, y Daniel Cassia, del Frente Renovador, una situación de la que hasta el propio Cassia ironizó, dado que el legislador massista es un reconocido “mano dura” en temas de seguridad, posición que lo ubica a la derecha del espectro político.
El artículo 1 de cada uno de los 8 expedientes tratados indicaba que se ratificaba el acuerdo salarial alcanzado por el Ejecutivo con diferentes gremios estatales.
El artículo 2 era el de la polémica: se indicaba que la ratificación alcanzaba a todos los que estuvieran comprendidos en el artículo 74 de la ley 5.811. El problema es que ese artículo de esa ley indica que ningún funcionario puede cobrar más que el gobernador de la provincia.
Fresina argumentó que el ámbito de la paritaria es el lugar donde los trabajadores hacen valer sus derechos por lo que lo acordado no debe ser restringido por una ley e intentó hacer una interpretación restrictiva de la palabra “funcionario”, tratando de acotarlo a los cargos de jerarquía nombrados por pertenencia política y en ese sentido propuso una modificación a la norma que se estaba tratando, lo que generó el aplauso de los estatales convocados en la tribuna.
Cassia dijo que antes de sancionar esta norma debería tenerse en claro quiénes son los que cobran más que el gobernador, en qué área se desempeñan y si realmente son trabajadores, por lo que se plegó a la modificación propuesta por Fresina y otra vez bajaron los aplausos.
Pero desde el oficialismo, el PD y el radicalismo, se entiende que todos cumplen funciones en el Estado y nadie (con jerarquía o sin) debería cobrar más que el gobernador.
Entonces el radical Martín Kerchner salió con los tapones de punta indicando que el radicalismo es un defensor del ámbito paritario pero hay una ley que indica que nadie puede cobrar más que el gobernador y hay que cumplirla y que no puede haber empleados que cobren 10 veces más que una maestra o el doble o el triple que el gobernador.
La sesión debió ser interrumpida por Tanús debido al griterío que bajaba de la tribuna. El titular de la Cámara baja pidió el desalojo de las gradas y nadie se movió.
Del Pópolo empezó a arengar desde una de las bandejas, diciendo que todos sabían quiénes eran los que cobraban más que el gobernador, que había un ex funcionario radical que cobraba 79 mil pesos.
Entonces Tanús dijo que pasarían a la votación, sin más argumentos de los legisladores. Así fueron ratificados los 8 acuerdos paritarios con el artículo de la discordia, gracias al voto del FpV, la UCR y el PD y el rechazo de los tres votos del FIT y los dos del Frente Renovador.
Detalles
El tope salarial se establece sobre el bruto que debería cobrar el gobernador: el doble de la clase 13 más antigüedad y título (del gobernador). Esto implica que el bruto ronda los 50 mil pesos, contando el último acuerdo paritario.
Cabe recordar que Francisco Pérez se congeló el salario por decreto este año, por lo que no está cobrando con el incremento 2014, sino que se mantiene el salario 2013. Sin embargo, el tope se aplica sobre lo que debería cobrar y no sobre lo que efectivamente cobra.
A este bruto hay que aplicarle el recorte de impuesto a las Ganancias, que es un hachazo importante. De hecho, el gobernador ronda los 30 mil pesos de sueldo debido justamente al descuento del impuesto.
Del Pópolo y Blas, en pie de guerra
“Vamos a hacer todo lo necesario para parar esto”, juraba la titular de Ampros, Isabel del Pópolo, al finalizar la votación. Desde ATE, Raquel Blas indicaba que todavía falta la aprobación del Senado y que después irían a la Justicia por un pedido de aclaratoria para determinar si la palabra “funcionario” se aplica a todos los trabajadores o sólo a los cargos con jerarquía nombrados políticamente y a pedir la inconstitucionalidad de la ley que se sancione como tope a los salarios acordados en paritaria.
El tema de los topes salariales viene sonando fuertemente en los corrillos de la política. Ya hace dos semanas el senador Fernando Simón (FpV) presentó el proyecto del oficialismo para establecer progresivamente topes salariales hasta llegar a lo que llamaron “convergencia de sueldos” con el salario del gobernador como punta de la pirámide.
El tema molesta a los gremios estatales. No porque la mayoría de los trabajadores del Estado vayan a ver recortados sus sueldos. De hecho se habla de entre 500 y mil empleados que serían alcanzados, la mayoría del sector salud.
Del Pópolo estaba enfurecida. “Los acuerdos paritarios son leyes autónomas en sí mismas. No pueden modificar lo escrito en la paritaria. Esto es vergonzoso. Es un atropello para los trabajadores”. Luego sentenció: “El ajuste se lo quieren cargar a los trabajadores”.
