Sociedad
Continúa el calor y hay alertas por tormentas: el pronóstico para este domingo
hace 6 horas
Tras la tensa situación que se vive en el ex Cose, con
revueltas de los internos, fugas
, la custodia del predio por parte del Servicio Penitenciario y la huelga que mantienen los operadores, el radicalismo salió a pedir la renuncia del director del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, Rubén Contreras.
A través de un comunicado los legisladores radicales Néstor Parés (presidente del bloque), Roberto Infante, Luis Petri, Fernando Barrigón y Héctor Quevedo, sostuvieron que “la crisis desatada en la institución esta semana, que puso en vilo a la provincia, y las revueltas ocurridas hace más de un mes encontraron al funcionario de paseo por el Caribe”. Para los parlamentarios este es un motivo más para que Contreras dé un paso al costado.
Por eso se dirigieron al ministro de Desarrollo Humano, Guillermo Elizalde, a quien le exigen que separe del cargo al director del centro de detención de la Dinaf, el médico psiquiatra que asumió el cargo el pasado 10 de septiembre. Contreras reemplazó en su cargo a Ana Rosich, tras una serie de revueltas e intentos de motines en la institución.
Los legisladores radicales adelantaron que “el ministro deberá dar las explicaciones del caso en la Legislatura, porque alguien se tiene que hacer responsable de una crisis institucional de estas características, ya que su director está disfrutando del sol caribeño mientras estalla el Servicio de Responsabilidad Penal Juvenil”.
“Contreras no está a la altura para estar al frente de una institución de alta complejidad como ésta, donde las situaciones violentas pueden suscitarse día a día por encontrarse allí menores en conflicto con las ley penal, en muchos de los casos con extensos prontuarios”, agrega el comunicado oficial de la UCR.
Mientras, los cerca de 60 operadores que trabajan en el edificio del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en Godoy Cruz seguirán adelante hasta el lunes con su decisión de no retomar sus puestos de trabajo hasta que el Gobierno les otorgue las garantías necesarias para mantener su seguridad y cree un manual de procedimiento para aplicar en situaciones de conflicto como las que ocurrieron el martes por la tarde.
