El kirchnerismo se aprestaba esta madrugada a dar sanción definitiva al proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. La sesión comenzó ayer al mediodía con el tratamiento de un paquete de leyes ratificatorias de tratados firmados por la Argentina con otras naciones (China y Chile) y recién pasadas las 22 la Cámara baja inició el debate del polémico proyecto del Ejecutivo que elimina la actual Secretaría de Inteligencia y crea una nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La oposición, en su conjunto, decidió participar del debate luego de que en el Senado sólo el peronismo disidente se sentó en sus bancas. El oficialismo reunió 132 legisladores para el quórum y todo indicaba que sostendría este mismo número para aprobar la ley que reformula el Sistema Nacional de Inteligencia.
Además de la creación de la AFI, la ley prevé que el director y el subdirector de la misma cuenten con el aval del Senado y que la Dirección de Observaciones Judiciales, que es la que se encarga de la interceptación de comunicaciones, pase a la órbita de la Procuración General de la Nación.
El proyecto establece que el plazo mínimo en que una información deberá estar encriptada por el Estado es de 15 años y que los agentes de inteligencia no podrán iniciar tareas de espionaje sin el aval de sus superiores, es decir del director y del subdirector de la AFI. Se sancionará a todos aquellos espías que realicen tareas de inteligencia ilegales con penas no excarcelables, así como a aquellos que reciban la orden de destruir pruebas o escuchas telefónicas y no lo realicen.
La oposición acudió al debate con la posición clara del rechazo, ya que no confían en que el sistema de escuchas pase a manos de la procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien han denunciado políticamente por estar encolumnada con el kirchnerismo. Además, cuestionan que la ley no elimine el sistema de inteligencia “paralelo” del Ejército, que controla el teniente general César Milani.
Por eso, hoy los principales candidatos presidenciales de la oposición rubricarán un documento en el que se comprometerán a derogar la nueva ley de inteligencia del kirchnerismo, así como el Memorando de Entendimiento con Irán y el anexo del nuevo Código Procesal Penal que dio facultades a Gils Carbó para nombrar un “ejército” de fiscales. Además, apoyarán la creación de una comisión “independiente” integrada por familiares de las víctimas de la voladura de la AMIA para investigar el atentado terrorista de 1994.
