Diputados convirtio en ley el nuevo Codigo Procesal Penal

Con fuertes criticas de la oposición, el proyecto de reforma fue avalado con 130 votos a favor, 99 en contra y 22 abstenciones.

Diputados convirtio en ley el nuevo Codigo Procesal Penal
Diputados convirtio en ley el nuevo Codigo Procesal Penal

El kirchnerismo, con ayuda de sus aliados, convirtió esta noche en ley el proyecto de reforma del Código Procesal Penal pese a la resistencia opositora, que coincidió en cuestionar el anexo que promueve la designación de unos 1.700 fiscales, descripta como una maniobra para garantizar "impunidad" para los funcionarios del Gobierno.

La reunión se inició a las 12.20 y tras un debate de más de diez horas, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que tenía la media sanción del Senado, fue aprobada por 130 votos afirmativos, 99 negativos y dos abstenciones, las de los diputados Martín Lousteau y Carla Carrizo, del bloque Suma+Unen.

En el cierre, la titular del bloque del Frente para la Victoria (FpV), Juliana Di Tullio, afirmó que el actual sistema de instrucción "le sirve a una docena de jueces que tienen el poder en sus manos y no a los argentinos".

"Todos saben que hay jueces que cajonean causas, la diferencia es que con la aprobación de este nuevo Código de Procedimiento, esos jueces si tardan más de lo que fija la norma serán sancionados en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, igual que los fiscales", advirtió.

Luego, Di Tullio afirmó: "No tenemos miedito, no nos asusta nada porque tenemos una Presidenta que nos enseña todos los días que no hay apriete que la baje, no hay apriete que la amedrente. Ni los buitres de afuera, ni los caranchos de adentro".

El jefe de la bancada radical, Mario Negri, señaló que "para el Gobierno el proyecto es un accesorio, porque lo esencial es el Anexo 2 (referido a la designación de 1.700 fiscales), que es el huevo de la serpiente".

En este sentido, Laura Alonso (Unión PRO) sostuvo que esta ley promueve "elegir fiscales amigos del poder que protejan a los corruptos del poder" y remarcó que "ésta es la verdadera intencionalidad política".

"Les importa un pito la puerta giratoria, les importa un pito la celeridad de los procesos", aseguró Alonso, quien agregó que lo único que persigue la propuesta enviada por el Ejecutivo es "la absolución y sobreseimiento" de los funcionarios acusados de corrupción.

Por su parte, Graciela Camaño sostuvo que "más allá de las diferencias, es un proyecto claramente incompleto", ya que "del propio texto surge que se necesitan dos leyes más (de organización de la Justicia nacional y de Ministerio Público) que no se presentaron, lo que impedirá su aplicación".

El socialista Roy Cortina advirtió que con la sanción de este proyecto "se consagra la estigmatización a los extranjeros", pero aclaró que "lo más grave es que sigan teniendo un diagnóstico equivocado de la problemática de la inseguridad".

Asimismo, el legislador indicó que esta norma "constituye un avasallamiento a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires", ya que este Código va a ser aplicado por órganos jurisdiccionales que deberían ser traspasados a la órbita porteña.

Durante el debate, Manuel Garrido (UCR) advirtió que llama "la atención que lo único que se va a aplicar" en lo inmediato tras la sanción del Código "es el Anexo 2, que implica un incremento sustancial en la planta de funcionarios públicos designados", lo cual dijo luego que "responde al nefasto esquema del Ministerio Público especular".

"No nos rasguemos las vestiduras", contestó la ultrakirchnerista Diana Conti, para rechazar las críticas de la oposición y asegurar que "esos cargos que se crean son cargos bien habidos y bien dados", y "aún con el Código actual, con la procuradora de la Nación cuestionada, como la quieren hacer ver, es insuficiente" el personal del Ministerio Público para que "se aceleren los juicios".

Sin embargo, el massista Gilberto Alegre no se mostró convencido con la explicación de la diputada oficialista, ya que denunció que el proyecto oficial busca "la designación inmediata de funcionarios adictos al Gobierno, que garantice a futuro impunidad".

El peronista disidente Carlos Caserio (Unión por Córdoba) se sumó a esta teoría, al sostener que con este proyecto "lo que se busca es poder elegir funcionarios que sean adictos al poder político".

Tenemos algo para ofrecerte

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar Los Andes Pass para ahorrar en cientos de comercios!

VER PROMOS DE SUSCRIPCIÓN

COMPARTIR NOTA