En la madrugada del jueves quedó en evidencia que una importante cantidad de diputados está a favor de que todos los jueces, sin excepción, empiecen a pagar el impuesto a las Ganancias. Por eso Cambiemos, en acuerdo con la oposición, no esperará más y tras el fin de semana empezará a tratar en comisión el proyecto del radicalismo que elimina este beneficio histórico.
Tras la votación del Presupuesto 2019, sobre el final de una sesión que ya llevaba 18 horas, Diputados aprobó con los tres cuartos de los votos de los presentes un apartamiento del reglamento con el objetivo de tratar sobre tablas el proyecto de ley del diputado mendocino Luis Borsani (UCR) que obliga a los jueces a pagar Ganancias.
Pero a último momento, tras un pedido de la justicialista cordobesa Alejandra Vigo y del massista porteño Marco Lavagna, el jefe del bloque del Pro, Nicolás Massot, concedió la postergación de la discusión y comprometió el apoyo de todo el oficialismo.
La propuesta, que había sido presentada la semana anterior, pretende sustituir un inciso de la ley 20.628 de impuesto a las Ganancias con el fin de "incluir a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) de la Nación y de las provincias de tributar impuesto a las Ganancias, sin excepción".
El peronista sanluiseño Karim Sbodio es quien sorprendió a todos en el recinto, de madrugada, al pedir que en la sesión de Presupuesto se debatiera el proyecto de Borsani. Los diputados avanzaron aprobando el apartamiento del reglamento pero entonces Vigo planteó su rechazo: "Un proyecto de semejante envergadura no estoy de acuerdo que se trate a las 6 de la mañana", dijo la esposa del gobernador Juan Schiaretti.
El radical sanluiseño José Luis Riccardo redobló la apuesta, intentando la heroica: "Si tenemos que quedarnos hasta las 12 del mediodía nos vamos a quedar, porque esto lo está pidiendo el pueblo argentino. No nos dejemos influir por los lobbies", aseveró.
Pero después Lavagna también pidió postergar el debate, porque a su criterio el proyecto no solo afectaba a los magistrados sino también a los trabajadores del Poder Judicial. Y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, pidió cordura.
Massot entonces terminó aceptando el pedido de postergación dejando en claro que Cambiemos apoya la iniciativa de Borsani y pidiendo una preferencia para que en la próxima sesión se trate con o sin dictamen de comisión.
"Estábamos en una sesión difícil, que había requerido muchos acuerdos, y por lo tanto no correspondía poner en riesgo el Presupuesto", explicó ayer Massot a Los Andes.
Señaló que la semana que viene podría empezar la discusión del proyecto en la comisión de Presupuesto y Hacienda.
"Lo vamos a tratar con total seriedad, de modo que no sea intempestivo y que tenga en cuenta las diferencias, los jueces con altos salarios y los empleados judiciales, que cobran mucho menos. Pero estamos para avanzar", dijo el diputado por Córdoba a este diario.
Según la iniciativa, la autoexcepción de los jueces "acarrea una doble violación al principio constitucional fundamental como lo es el de igualdad ante la ley, más específicamente el de igualdad como base de los impuestos y las cargas públicas, y el de igual remuneración por igual tarea".
En el Poder Ejecutivo calculan que por la exención del Impuesto a las Ganancias a los ingresos de jueces y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales, el Estado dejará de recaudar este año 7.337 millones de pesos y, en 2019, 9.854 millones de pesos, lo que es equivalente al 0,05 del PIB.
Historia de un privilegio
La eximición del pago de Ganancias para jueces, fiscales y defensores federales, de la que también gozan los empleados judiciales, está vigente de manera formal gracias a la acordada 20 de la Corte Suprema de 1996.
Ese mismo año, con Carlos Menem de presidente, el Congreso había sancionado la ley 24.631 que quitaba la exención del Impuesto a las Ganancias para los legisladores y jueces.
Diputados y senadores empezaron a pagarlo sobre el básico, pero a los pocos días la Corte Suprema dictó la acordada 20/96 que consideró "inaplicable" esa norma para los magistrados y así instauró este privilegio hasta nuestros días.
A fines de 2016, el Congreso aprobó una ley por la que todos los magistrados, funcionarios y empleados judiciales nacionales y provinciales, designados a partir del 1 de enero de 2017, están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
Sin embargo, siguen eximidos quienes ya estaban en funciones antes de esa fecha. Es decir la gran mayoría de los magistrados.
