La Cámara baja comenzó a discutir ayer a las 12 el paquete de leyes de “defensa del consumidor”, tal como lo definió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que encierra las polémicas modificaciones a la Ley de Abastecimiento de 1974. Los otros dos proyectos en discusión son la creación de un Observatorio de Precios, en la órbita de la Secretaría de Comercio y, por otro lado, el establecimiento de un nuevo fuero judicial: el que se abocará a los conflictos entre usuarios y consumidores y empresas. Estaba previsto que la sesión culminara hoy entre las 7 y las 12 con la votación de cada una de las iniciativas aunque se negociaba finalizarla mucho antes.
El oficialismo logró el quórum con ayuda de sus tradicionales aliados más algunas sorpresas. Es que diferentes bloques del peronismo disidente acompañaron al Frente para la Victoria, entre ellos Unión por Córdoba (los delasotistas Blanca Rossi y Carlos Caserio) y Compromiso Federal (el bloque que responde a Adolfo Rodríguez Saá). Son 7 legisladores que tienen decidido votar en contra la Ley de Abastecimiento. Así, el kirchnerismo inició la sesión con 140 legisladores, once más que los 129 reglamentarios.
En las cuentas de la bancada del Gobierno, creen que hoy tendrán entre 131 y 133 votos para aprobar la norma, ya que los tres legisladores del Movimiento Popular Neuquino que estaban dubitativos por las tensas negociaciones de su gobernador, Jorge Sapag, con la Casa Rosada por la ley de Hidrocarburos (que terminaron bien), avisaron que apoyarán. Lo mismo harán el sindicalista moyanista-sciolista Omar Plaini y que la piquetera Ramona Pucheta.
En tanto, previendo este panorama, el Grupo de los Seis, que integran las principales entidades empresarias, ya analizó la estrategia judicial que en conjunto llevarán adelante, contra dichas modificaciones.
La kirchnerista Diana Conti fue quien inició el debate. “En las relaciones de producción y consumo hay débiles que son usuarios y algunos productores pequeños y medianos”, explicó. Luego apuntó a la oposición: “No nos dejemos correr por los que no quieren perder el abuso sobre los otros. Reflexionemos”, gritó. Roberto Feletti, presidente de la Comisión de Presupuesto, añadió: “Si el Estado no regula las relaciones de producción y consumo, terminamos en una sobre-concentración de renta indeseada”.
La radical cordobesa Patricia De Ferrari, titular de la comisión de Defensa del Consumidor, dijo que la Ley de Defensa de la Competencia, que el Gobierno no aplica, es mejor para defender a los usuarios. “Esta (la de Abastecimiento) es una ley penal en blanco, ¿sino qué es el artículo 4 cuando se dice ‘ganancias abusivas’ e ‘intermediaciones excesivas’?”. De Ferrari anunció que la UCR sólo apoyará en general la creación de la Justicia del Consumidor.
El santafesino Mario Barletta manifestó: “Es la inflación Cristina, es la inflación. Sinceremos el debate”, le pidió al oficialismo. En tanto el mendocino Luis Petri postuló: “La finalidad es alargar el látigo que tiene el Gobierno para someter a las empresas. Si le interesara ayudar a los consumidores, bajaría la inflación. Pero hay dolo, les interesa tener estos niveles de inflación para recaudar más”. Otra cobista, Patricia Giménez, sostuvo: “Precios mínimos y máximos no han funcionado en la historia. Los sectores intervenidos desde 2003, el gas, el petróleo, el trigo y la carne cayeron entre un 18 y 38%”.
El massista José Ignacio de Mendiguren señaló que “para volver a crecer, necesitamos reconstruir la confianza. Este instrumento ahuyenta la inversión. Tendrá el efecto contrario al deseado. Acorralar la inversión es un error estratégico grave”.
Martín Lousteau, del Unen porteño, también hizo fuertes observaciones: “Hay que usar la Ley de Defensa de la Competencia para evitar la concentración de insumos básicos pero estos instrumentos no ayudan a combatir la inflación. En los '90 teníamos deflación y la misma concentración. La causa de la inflación son los horrores macroeconómicos”, explicó.
En tanto, desde la centro-izquierda Claudio Lozano dijo alentar “el debate sobre la regulación de la concentración económica pero ha sido este gobierno quien más la alentó y por eso ahora tenemos recesión”. Pablo Tonelli (Pro) también castigó la nueva ley. “Como el Gobierno no sabe resolver los problemas que la economía afronta, entonces aplica el único método que conoce: el disciplinamiento y amedrentamiento”, comentó.
El fuero del consumidor
El Gobierno logró mayores apoyos de la oposición para la iniciativa que crea en el ámbito de la Justicia el fuero del consumidor. “Nace una nueva rama del Derecho”, dijo el martes el subsecretario de Justicia, Julián Álvarez, a los diputados. El proyecto crea en primer orden el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días.
Las objeciones puntuales de la oposición se deben a que la futura ley fija límites económicos para poder hacer un reclamo. Así, los usuarios y consumidores podrán presentar reclamos cuyo monto no exceda un valor equivalente a 55 salarios mínimos, vitales y móviles -unos 290 mil pesos- a través de un formulario que será determinado en la reglamentación. Si el monto de la queja excede este monto, entonces deberá hacerse ante la Justicia Civil y Comercial.
La norma dispone, en este punto, que las empresas que no se presenten a esa conciliación quedarán sujetas a multas. Pero si el consumidor y el empresario no llegan a un acuerdo, la ley prevé que se podrá accionar ante la Auditoría de Relaciones de Consumo, que sólo podrá resolver conflictos y disponer resarcimientos por no más de 15 salarios mínimos. Si el consumidor no está de acuerdo, entonces deberá llevar su queja ante la Cámara Federal y Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, que se crea oportunamente pero que sólo actuará en la Capital Federal. Si el damnificado vive en el interior del país, deberá accionar ante la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente para el fuero civil.
Una norma para sancionar a los empresarios
El proyecto más resistido por la oposición es el llamado “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo”, el cual remoza la Ley de Abastecimiento de 1974 con el objetivo de permitirle al Ejecutivo -a la Secretaría de Comercio- intervenir en cualquier momento del proceso económico.
El kirchnerismo defendió la norma bajo el argumento central de que es necesario que el Estado regule la concentración económica.
Para la oposición, lo más controvertido de la norma es les que le da potestades discrecionales al Gobierno en el artículo 2° para fijar márgenes de utilidad de una empresa y precios de referencia máximos y mínimos; disponer la continuidad de la producción de un bien o la prestación de servicios, aunque esto genere pérdidas a los dueños de las empresas; secuestrar mercaderías por 30 días, etc. Además, la norma les da a los gobernadores similares facultades para fijar precios máximos en sus provincias, en acuerdo con la Secretaría de Comercio.
El artículo 4° fue también muy criticado porque describe “vagamente” las infracciones. Entre estas irregularidades, se cuentan los que “elevaren artificial o injustificadamente los precios”, los que “revaluaren existencias” salvo que los autorice el Gobierno, “acaparen materias primas o productos o formaren existencias superiores a las necesarias”, “intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas de distribución o comercialización”, “negaren la prestación de un bien o servicio”, “destruyeren mercaderías”, etc.
Además, la norma prevé que las multas podrían llegar a los $ 10 millones y, para poder apelarlas, el empresario sancionado deberá primero pagarlas. La Secretaría de Comercio también podrá dictar la clausura por 90 días o la inhabilitación por dos años de los establecimientos infractores, aunque para ello la autoridad de aplicación deberá requerir previamente una autorización judicial.
Este proyecto se complementa con la creación del Observatorio de Precios, que asistirá a la Secretaría de Comercio en las tareas de control ya que esta entidad se encargará “del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina”.
