La política de seguridad adoptada por Francia tras los atentados del 13-N llevó a dimitir ayer a la ministra de Justicia, Christiane Taubira, adalid de la izquierda en el seno del gobierno socialista.
La dimisión de la ministra fue anunciada por la presidencia el mismo día en que el primer ministro, Manuel Valls, presentó ante los diputados el texto definitivo del proyecto de reforma constitucional, que incluye el estado de emergencia y la retirada de la nacionalidad para los autores de crímenes terroristas binacionales.
“A veces resistir es quedarse, a veces resistir es irse. Por fidelidad a uno mismo, a nosotros. Para dar la última palabra a la ética y al derecho”, comentó Taubira en Twitter tras anunciarse su dimisión. La ministra afirmó que abandona el gobierno a raíz de “un desacuerdo político mayor”. “Opté por ser fiel a mí misma, a mis compromisos, a mis combates”, dijo.
De 63 años y natural de la Guayana francesa, Taubira, mujer de gran cultura, de fuerte personalidad y excelente oradora, era uno de los blancos favoritos de las críticas de la oposición de derecha y de extrema derecha desde que hizo adoptar la ley sobre el matrimonio homosexual, y fue objeto a menudo de insultos racistas por ser negra.
Fue reemplazada en el cargo por Jean-Jacques Urvoas, allegado de Manuel Valls y especialista de cuestiones de seguridad, que presidía hasta ahora la comisión de leyes de la Asamblea Nacional (Cámara Baja).
La derecha y la extrema derecha expresaron su satisfacción: “Es una buena noticia para Francia”, declaró la presidenta del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, acusando a Taubira de haber “degradado” la seguridad y “debilitado la autoridad del Estado” con una política penal “laxa”.
“La dimisión de Christiane Taubira es lógica, no estaba ya en coherencia con el gobierno”, estimó el diputado Hervé Mariton, del partido de derecha Los Republicanos.
Taubira, que como ministra de Justicia debía defender ante el Parlamento la reforma constitucional, no ocultó nunca su oposición a la retirada de la nacionalidad a las personas nacidas francesas pero que tienen doble nacionalidad (medida posible ya en la ley francesa para los naturalizados) y a su inscripción en la Constitución. Esa medida fue anunciada por Hollande después de los atentados del 13 de noviembre.
