Dilma Rousseff llamó al Senado brasileño a votar contra su destitución e impedir “un golpe de estado”, antes del fin de su juicio político que, si se cumplen los pronósticos, dejará a la izquierda fuera del poder del gigante sudamericano.
“Estamos a un paso de la concreción de un verdadero golpe de Estado”, denunció Rousseff durante su defensa en el Senado. Y “si se consuma, resultará en la elección indirecta de un gobierno usurpador”, añadió la exguerrillera de 68 años, quien repitió que es “inocente”.
Esta es la primera oportunidad que tuvo la mandataria de defenderse en el Congreso. Y es la última carta antes de la votación que decidirá si la destituye o no, probablemente hoy.
“Lucho por la democracia, por la verdad por la justicia. Lucho por el pueblo de mi país”, dijo al pleno de 81 senadores, convertidos en una especie de Gran Jurado.
Cada vez más aislada políticamente, agobiada por la peor recesión económica desde los años 1930 y con su partido ametrallado por denuncias de corrupción, Rousseff fue suspendida de su cargo en mayo por acusaciones de maquillar las cuentas públicas.
Una biografía épica
Desde sus tempranos inicios en la política, Rousseff se ganó una fama de firme, severa y también de arrogante y con dificultades para dialogar.
Esta ex guerrillera, primera mujer en asumir la presidencia de Brasil (2010), que fuera torturada durante el régimen militar en Brasil (1964-1985), volvió a sentarse en el banquillo de los acusados 46 años después. Y así lo contó: “en la lucha contra la dictadura, recibí en mi cuerpo las marcas de la tortura”.
Fue en el único momento, al hablar de esos años en prisión, que su voz se quebró y sus ojos se empañaron.
“Por eso, ante las acusaciones en mi contra en este proceso, no puedo dejar de sentir, en la boca, nuevamente, el gusto áspero y amargo de la injusticia”, destacó y remató: “por eso resisto, al igual que en el pasado”.
Su mensaje - estoico - no sólo iba dirigido a los senadores, sino a una nación entera.
Durante la jornada, Rousseff fue interrogada casi sin descanso por detractores y aliados bajo la mirada de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), su padrino político y la figura que encarnó el despegue de Brasil, el éxito de la lucha contra la pobreza y el presidente más popular de la historia moderna.
A uno y otros repitió lo mismo: soy “inocente” y esto es un “golpe de estado”. La sesión fue maratónica desde que se inició pasadas las 9.30, con su discurso de más de 40 minutos, y concluyó a última hora de ayer.
Los aliados de su ex vicepresidente y actual mandatario interino Michel Temer aseguran tener entre 60 y 61 votos para garantizar la condena, más de los 54 necesarios, y todos los sondeos coinciden en que sólo un milagro evitará la destitución de la mandataria.
Pero para los aliados de Dilma ese milagro puede ocurrir tras su comparecencia.
“Ahora hay que trabajar firme para revertir votos. Estamos exultantes. Es el día en que estamos cambiando el partido”, indicó el senador Lindbergh Farias, uno de los seguidores más fieles de Dilma.
Varios cientos de manifestantes concentrados frente al Congreso la aplaudieron a su arribo.
Desde que Rousseff comenzó su segundo mandato en 2014, el PBI retrocedió y se proyecta una caída de 3,1% este año, el desempleo trepó hasta alcanzar un récord de más de 11 millones de personas, la inflación tocó los dos dígitos y el rojo fiscal estimado supera los 45.000 millones de dólares.
Si es destituida, Rousseff se convertirá en el segundo jefe de Estado en ser sometido a un proceso de destitución en el Congreso brasileño.
El otro fue Fernando Collor, pero dimitió antes de llegar a enfrentarse con los senadores en la fase final del juicio.
Las "pedaladas fiscales" y decretos
La acusación que tiene a Dilma Rousseff afirma que, bajo su responsabilidad, el gobierno maquilló las cuentas públicas y autorizó gastos sin el aval del parlamento.
"Pedaladas" fiscales: Los maquillajes se habrían efectuado a través de "pedaladas" fiscales (como se las denomina en portugués), un mecanismo usado por el Tesoro Nacional para retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a grandes administraciones.
Según la acusación, esa práctica permite mejorar de forma engañosa las cuentas del gobierno federal, elevando el gasto público para financiar los programas sociales, antes de su reelección en 2014. Y a la postre, precipitaron la crisis económica del país.
El gobierno indica que los casos que se tomaron en cuenta para este proceso conciernen operaciones que no estaban directamente bajo la responsabilidad de Rousseff, sino de algunos de sus ministros o titulares de otras instituciones.
Créditos suplementarios: Según los cargos, Rousseff dictó tres decretos y amplió gastos sin aprobación legislativa, ignorando las metas fiscales aprobadas previamente por el Congreso.
El texto de la acusación señala que la mandataria debe ser juzgada por “la emisión de decretos que abrieron créditos suplementarios sin la debida autorización del Congreso Nacional, en afrenta a la separación de poderes que marca la Constitución”.
Los créditos, siempre según la parte acusadora, violaron la ley presupuestaria y están vinculados al otro crimen de responsabilidad, una categoría que solo es válida para funcionarios públicos.
