Todo hace sospechar que en la actualidad priman más los intereses partidarios y la campaña por las elecciones, que los requerimientos de sociedad y las necesidades de la gente.
No podemos pensar de otra forma frente a la frustrada sesión del Senado provincial del pasado martes 4 de julio, que finalmente no se concretó por la ausencia de legisladores oficialistas y el no ingreso al recinto de los de la principal oposición.
El trabajo ordinario de los legisladores y la búsqueda de consensos para solucionar los problemas que están pendientes en la comunidad, quedaron de lado.
Con ese proceder fueron dejados sin tratamiento importantes asuntos, como la esperada ley del Plan de Ordenamiento Territorial y las reformas que se planean introducir al Código Procesal Civil y Comercial.
Ambos proyectos son impulsados por el Poder Ejecutivo y se venían trabajando desde hace mucho tiempo, con bastante acuerdo con la oposición. Es más, los dos datan del gobierno del ex gobernador justicialista Francisco Pérez, y en esa oportunidad -el martes- iban a tener su primera consideración.
Es obvio que ambos instrumentos volverán a ser tratados próximamente, pero -y sin restar importancia al tema del Código Procesal Civil- el intento por darle forma legal al ordenamiento del territorio provincial viene dilatándose desde hace por lo menos tres años, pese a la trascendencia que tiene para la población. Y es imprescindible que salga con el aval legislativo.
El ordenamiento territorial en Mendoza continúa siendo entonces un tema pendiente, postergado. No se detienen las dilaciones para que la provincia pueda hacer un correcto uso del suelo, poniendo freno al negocio inmobiliario y planificando la localización de tierras con destino a barrios de vivienda social y la relocalización de villas y asentamientos. Hay que afirmar en este punto que para la construcción de barrios privados, una vez que el plan esté aprobado legislativamente, se podrán pedir dictámenes vinculantes y evaluación de impacto ambiental.
Pero hay más todavía. Temas como la inercia en la gestión territorial, el desequilibrio entre áreas urbanas y rurales, el deterioro de las condiciones ambientales, la falta de conectividad y accesibilidad, la ausencia de integración del sistema productivo y energético, y las deficiencias en la gestión del recurso hídrico continúan siendo postergados, cuando muchos habitantes aguardan respuestas concretas en esos tópicos. Cuántos casos hay para formular en este aspecto.
Demasiados, como por ejemplo el que plantean vecinos del barrio Romairone, de Godoy Cruz, que formulan objeciones a la construcción de un edificio de propiedad horizontal en su jurisdicción barrial, y no tienen respuestas a sus inquietudes, mientras está progresando el proyecto que ellos quieren se observe y se analice. O los desequilibrios que ya están instalados en el pedemonte mendocino, y que seguirán gestándose si no se cuenta a la brevedad con las herramientas que frenen las inequidades y mitiguen el deterioro de condiciones ambientales.
Sostenemos que el Plan de Ordenamiento Territorial está por encima de las necesidades electorales, y los legisladores deberían hacer todos los esfuerzos posibles para contribuir a desterrar el actual desorden territorial. Es uno de los temas estratégicos que la provincia necesita imperiosamente para afianzar su crecimiento. Es necesario que se apruebe en ese semestre y el Gobierno provincial y los municipios comiencen a trabajar en sus planes de desarrollo con los aportes que ello traerán en los aspectos físicos, sociales y económicos.
