Si nos atenemos a lo señalado por los propios actores del sector, no fue un año bueno para el mercado inmobiliario en la Argentina.
El cepo al dólar y la inflación tuvieron una incidencia fundamental y así lo manifiestan las cifras que indican que, en el nivel general, la actividad tuvo una caída del 35% en 2012.
El titular del Colegio de Corredores Públicos de Mendoza señaló días pasados que las ventas cayeron un 30% en el último trimestre -cifras similares se habían dado en los trimestres anteriores- aunque aclarando también que el problema se amplió en el sector agrícola en razón de que allí la cotización siempre se realizó en moneda norteamericana. De todos modos, el directivo aclaró que en Capital Federal el problema es aún más profundo, con una caída del 38% en el año.
Durante un congreso del sector realizado recientemente en nuestra provincia, los participantes coincidieron en señalar que el cepo al dólar castigó con dureza a la actividad y modificó una tendencia de crecimiento que mantenía el sector durante los últimos años. Aclararon también que las restricciones impuestas al dólar tuvo un daño colateral, como es el hecho de que afectó la confianza de la gente que, ante la incertidumbre, no se anima a concretar negocios ni a realizar fuertes inversiones.
Se sabe que la construcción es la actividad económica que más fuentes de trabajo genera, tanto directos como indirectos. A ello debe sumarse que las viviendas que se construyen desde el ámbito oficial no alcanzan a cubrir un mínimo las necesidades, mientras no existen operatorias bancarias accesibles para la clase media, aun a pesar de los anuncios y de la buena voluntad del Gobierno provincial por morigerar la situación.
En ese esquema, el déficit habitacional de Mendoza, que ha crecido casi geométricamente en las últimas décadas, no tiene motivos para disminuir. En su oportunidad, el ex gobernador Celso Jaque anunció que enviaría un proyecto a la Legislatura para facilitar el acceso a la casa propia del sector de clase media.
El proyecto fue aprobado y consistía en subsidiar las tasas de interés de los créditos hipotecarios, pero las mismas no pudieron aplicarse porque no se lograron concretar los posconvenios con las entidades financieras. Francisco Pérez también se ha hecho eco de las necesidades de la ciudadanía y así lo ha manifestado públicamente, pero una cosa son las buenas intenciones y otra muy distinta poder llevarlas a la práctica.
Reactivar la actividad de la construcción debería ser una de las prioridades para las actuales gestiones gubernamentales, tanto provincial como nacional. Pero para que ello se produzca el Gobierno debe fijar pautas claras y otorgar la suficiente credibilidad a los posibles inversores. Uno de los aspectos en los que debería hacer hincapié es en la inflación.
Tal como están dadas las cosas, cabría preguntarse si una persona, por más que tenga un buen ingreso mensual, se arriesgaría a iniciar la construcción de una vivienda si no sabe cuál será el costo final y si dentro de un año esos ingresos le permitirán poder afrontar los costos de la construcción.
Ni qué hablar de aquellos objetivos que se fijaban las anteriores generaciones que invertían en la construcción para después poder ayudar con el alquiler de una vivienda a su salario de jubilado. Por el fuerte impacto que la actividad inmobiliaria tiene en el mercado laboral, es necesario que las autoridades se aboquen a establecer posibles soluciones las que, en definitiva, irán en beneficio de toda la sociedad.
