Después de una década de litigio, la Suprema Corte de Justicia dejó firme la reestatización de Obras Sanitarias Mendoza. Las sociedades Saur Internacional SAS, Aguas de Mendoza, Inversora del Aconcagua SA , Aguasur Mendoza SA e Inversora de Mendoza SA habían presentado ante el máximo tribunal de la provincia un pedido de nulidad de los decretos que dispusieron en 2009 la intervención de OSM y en 2010 la rescisión del contrato.
Ante esta acción y después de analizar todos los hechos, los integrantes de la Sala Primera (Julio Gómez, Pedro Llorente y Dalmiro Garay) resolvieron no admitir el pedido de nulidad de los decretos firmados por Celso Jaque, quien era gobernador en ese momento.
"En el plano legal las sociedades hacen el pedido de nulidad para retomar la concesión de la empresa. Pero la Corte no dio lugar y ratificó los motivos enumerados en los decretos", explicó el fiscal de Estado, Fernando Simón.
Aunque en el fallo las únicas costas enumeradas son los honorarios de los abogados, la sentencia significa un ahorro millonario para las arcas provinciales. Según las personas allegadas a la causa, si se daba lugar a la nulidad las empresas no iban a retomar el control de Aysam sino que iban a presentar otra demanda por las inversiones que no amortizaron, el lucro cesante, daños y perjuicios y las ganancias que no percibieron durante todos estos años. Con esa ventaja legal, iban a pedir una indemnización millonaria para negociar.
De todas formas, las sociedades accionantes todavía pueden recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir la nulidad de los decretos firmados por el ex gobernador peronista.
Los argumentos
En el fallo, firmado el pasado 27 de diciembre, los Supremos enumeraron los motivos por los que sí correspondía rescindir el contrato de concesión a OSM.
"Por un lado está el incumplimiento de pagos del canon y de los planes de inversión. Hay pruebas de que el servicio no funcionaba como correspondía y no llegaba agua de calidad a los usuarios, no se respetaba el derecho al agua potable. No se estaban haciendo las inversiones y la empresa ponía como excusa el atraso tarifario", señaló Simón.
"También le modificaron la denominación social a la empresa y no le pidieron permiso al Estado. Además, se detectaron incumplimientos relacionados con las normas contables profesionales. No registraban como pasivo las deudas relacionadas con obras a favor de la Provincia", agregó el Fiscal de Estado.
En cuanto a los desmanejos contables, fuentes que han seguido de cerca la causa aseguraron que hubo un "vaciamiento de la empresa" y que hay pruebas de que "estudios contables recibían sumas millonarias en concepto de honorarios para desviar los fondos".
Los incumplimientos
La toma de posesión y consolidación de la administración privada se llevó a cabo entre 1998 y 2001. La primera carta de entendimiento con la Provincia se celebró entre 2002 y 2005. Allí se acordó la determinación de la deuda por canon que debía pagar OSM y si abonaba ese monto, quedarían canceladas las multas que le había puesto el EPAS.
Entre 2006 y 2007 se firmó la segunda carta de entendimiento. En ese acuerdo se determinó el aumento de 19,7% de la tarifa de los usuarios, el congelamiento del canon de 3,85% de sus ingresos operativos. Después de hacer cuentas, concluyeron que OSM le debía a la provincia 48 millones de pesos que debía devolver con obras a desarrollar en los siguientes 16 años.
En los últimos meses de 2008 se comprobó que OSM desconoció las obligaciones a las que se había comprometido en la segunda carta de entendimiento. Además, tenía 25 sanciones por contaminación de agua potable y no se había cumplido en su totalidad el plan de inversión.
El plan de acción 2007 tenía un incumplimiento del 39%; el de 2008, del 61%; y el plan compensatorio del déficit acumulado hasta el 2007, un incumplimiento del 100 %. La situación de colapso del servicio y el estado de desinversión llevaron al Gobierno a rescindir el contrato. Además, encontraron manganeso en las conexiones domiciliarias de Godoy Cruz y había riesgo técnico de colapso de las redes colectoras de efluentes cloacales de Guaymallén y Las Heras. Para solucionar este último problema, OSM había pedido un subsidio de 20 millones de pesos en junio de 2008.
Cronología
9 de junio de 1998
Se otorga a la empresa Obras Sanitarias Mendoza SA la concesión del servicio de agua potable y saneamiento a través de la ley 6.044.
15 de diciembre de 2005
Se firma la primera Carta de Entendimiento para renegociar el contrato de concesión con el gobierno de Julio Cobos.
17 de mayo de 2007
Pactan ajustar la tarifa 19,7%, a cambio de una inversión anual en obras de $ 10,7 millones hasta 2023.
3 de agosto de 2009
El Gobierno de Celso Jaque decide la intervención de OSM SA por 180 días, extensible a 360 días, por incumplir el acuerdo.
1 de mayo de 2010
Ante la Asamblea Legislativa, Jaque anuncia que la empresa debe "volver a manos del Estado por la desidia privada".
27 de setiembre de 2010
Jaque rescinde el contrato y la Legislatura aprueba la creación de Aysam Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria).
1 de octubre de 2010
Al extinguirse la concesión, los accionistas de OSM S.A. deciden su disolución.
4 de setiembre de 2014
El Ciadi condena a la Nación a pagar 42,4 millones de dólares a la ex concesionaria Saur por la expropiación.
27 de diciembre de 2019
La Corte Suprema de Mendoza decide que el acto de rescisión contractual fue legítimo.
