La actividad de la minería vuelve a ser noticia. O tal vez, la inactividad. Es que en función de esa condición el Gobierno acaba de dar de baja a 270 licencias mineras de la primera, segunda y tercera categoría en la provincia, prácticamente un 40% de todas las que estaban vigentes hasta ahora.
Todo comenzó cuando la Subsecretaría de Energía y Minería puso la lupa sobre un universo de 650 habilitaciones para minas y canteras que hay en Mendoza. De allí surgió que muchas de ellas prácticamente no estaban trabajándose, y en otras tantas los concesionarios adeudaban el pago del canon, entre otras cuestiones.
“Lo que se hizo fue revisar cuáles estaban trabajándose y producían efectivamente. A partir de ahí pudo detectarse que en muchas no había inversiones e incluso se habían convertido en un negocio inmobiliario. En otras tantas se comprobó la inexistencia de minerales”, explicó el subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos de la Provincia, Emilio Guiñazú, respecto de las inhabilitaciones.
Entre las 270 bajas, que pueden ser más a medida que avancen los controles de la Dirección de Minería, hay de todo: desde talco, bentonita y cal, hasta cobre, plata y oro. Ahora, la autoridad de concesión deberá decidir a cuántas les cuelga el cartel de “mina vacante”, una figura que pone el activo a disposición de cualquier otro inversor que manifieste interés en explotarla.
Ecos de la medida
Según Guiñazú, entre las principales causales de rescisión están la falta de pago de cánones de concesión y también la prácticamente nula actividad exploratoria. Para el funcionario, la decisión servirá como base “de una política minera clara, dentro de la cual queremos tratar con seriedad a los inversores”.
Al respecto, la avanzada del Ejecutivo para “tamizar” las inversiones reales de las que no lo son fue tomada con pinzas por los empresarios de la actividad.
“No producir es complicado porque puede responder a las condiciones económicas del momento. Pero si se comprueba que los responsables incumplen, es correcto que se aplique la ley teniendo en cuenta que el Estado es dueño de los recursos naturales y el Gobierno su administrador, siempre que no nos limitemos sólo a la Ley 7.722 y a las normas que más convengan”, argumentó Mario Chabert, presidente de la Camem (Cámara de Empresas Mineras de Mendoza).
Desde la entidad contraponen la figura de “mina vacante” a la situación de Aterra Capitals en el proyecto de oro y cobre San Jorge, cuya indefinición tiene congelada una promesa de inversión superior a U$S 600 millones. “Quieren invertir y no pueden al demonizarse a la minería metalífera. Es difícil quitar una licencia y salir a buscar inversiones por otro lado”, señaló el directivo.
Para Chabert, el Ejecutivo provincial si bien “quiere poner las cosas en claro” debe “entrar en sintonía” con la Nación, para la cual “la minería es una política de Estado, como ya dijo públicamente el ministro de Ambiente”.
Vale, un caso particular
Desde Camem confrontan la decisión oficial de barajar y dar de nuevo con otro caso de alto impacto para Mendoza: el parate de Potasio Río Colorado. En tal sentido, insisten en que es un ejemplo claro de lo que significa cuando un proyecto con potencial se vuelve “antieconómico”: de unos U$S 400 la tonelada del mineral a nivel internacional, en un par de años la cotización cayó a la mitad, demasiado, según el sector minero, para una inversión de más de U$S 6 mil millones con un plazo de repago de más de 20 años.
Al respecto, el subsecretario Guiñazú volvió a insistir en que hay gestiones conjuntas con la minera brasileña Vale para reflotar el emprendimiento. El tiempo apremia: a fin de año se cumplen los 4 años de suspensión permitida por ley antes de avanzar hacia la caducidad de la concesión.
“Estamos trabajando en la búsqueda de un inversor para adecuarlo a la realidad del mercado. No será fácil", resumió el funcionario.
Mineras pagarán el monitoreo y control
“Los gastos que demanden las tareas de monitoreo, control y vigilancia de las actividades mineras que realice la Autoridad Ambiental Minera, estarán a cargo de la empresa minera fiscalizada”.
Así, en base a la resolución 125/2016, la DPA (Dirección de Protección Ambiental), ajustó el arancel que deben abonar los concesionarios por las inspecciones realizadas en cada yacimiento o cantera.
Vale señalar que todo surge de una fórmula polinómica detallada en la Ley Impositiva, que pondera “Costo por km recorrido” y el “Costo de la inspección por persona”.
Tiene en cuenta distintas variables, como: distancia en kilómetros recorridos hasta y desde el lugar del proyecto; precio del kilómetro; días de inspección; cantidad de inspecciones anuales estimadas; y valor unitario de la inspección por persona, entre otras.
De ese modo, la DPA informó que el área de Control Minero que realiza las inspecciones cuenta con un presupuesto anual de $ 965 mil. Y que para calcular la Tasa, se toma un costo unitario por inspector de $ 375, y un coeficiente directamente proporcional a la complejidad del proyecto.
Esto significa que para uno considerado de alta complejidad (de más de 5 mil hectáreas) se aplica un coeficiente igual a 1,5, mientras que si es mediana (entre 500 y 5 mil hectáreas).
En cambio, tratándose de un proyecto de “baja complejidad” (superficie inferior a 500 hectáreas), el coeficiente aplicado es de 0,75.
