Desde hace un tiempo el tema de la seguridad es la prioridad de la población de San Rafael y de todo el sur mendocino. Los vecinos aseguran que no se trata de una “sensación” sino de una realidad que los afecta diariamente y sin tregua. En tanto, desde los ámbitos policiales se asegura que ha disminuido el índice de delincuencia y que es alto el rendimiento de la prevención y represión del delito, y que todos los días se realizan procedimientos exitosos en ambos sentidos. Sin embargo, los pobladores siguen sintiéndose desprotegidos.
Desde la comuna sanrafaelina, el intendente Emir Félix -que no tiene injerencia directa en el tema- admite que los ciudadanos recurren a la Municipalidad como primer escalón del ámbito oficial para expresar sus necesidades insatisfechas. También destaca que mantiene reuniones periódicas con las autoridades policiales y entidades vecinales para buscar una solución al flagelo de los robos y asaltos. Y adelantó que gestiona una reunión con los jueces de instrucción para analizar el fenómeno y adoptar las medidas que sean necesarias y estén al alcance del municipio.
Lo cierto es que ya han pasado varios meses desde la asunción de las nuevas autoridades provinciales y aún el ministro de Seguridad, Gianni Venier, no ha visitado este departamento sureño para interiorizarse directamente de las necesidades y preocupaciones de esta parte de Mendoza, muy importante por su densidad poblacional (más de 150.000 personas habitan en las áreas urbanas y otras tantas en las rurales) si se tienen en cuenta las tres ciudades cabeceras de San Rafael, Malargüe y General Alvear.
En el ideario popular se comenta que especialmente San Rafael es una “zona liberada”, que están vaciando el CEO (Centro de Operaciones de la Policía y de observación de cámaras de vigilancia) y que hay traslado de efectivos desde San Rafael hacia el Gran Mendoza. Otras versiones -que no pudieron confirmarse- indican que en las últimas semanas alrededor de 40 detenidos en la cárcel local habrían recuperado su libertad al cumplirse su plazo de detención sin juicio ni sentencia.
Como base de estas inquietudes no es necesario más que volcar los testimonios o registros de personas afectadas por la delincuencia. Muchos son los relatos aunque todos los “testigos obligados” o “víctimas” recurren al anonimato por, precisamente, sentirse inseguros y desprotegidos.
“Mi esposa caminaba por Diez Martín e Inalicán y dos motochorros le quisieron arrebatar la cartera y quedó muy golpeada”, dijo un vecino. Otro señaló: “Entraron al negocio (ubicado en la avenida Sarmiento) y amenazaron a todos a plena luz del día y se llevaron mercadería y dinero. Incluso le quitaron el dinero a una clienta que estaba pagando una cuenta”.
Y un tercer testimonio: “Entraron al mercadito a punta de pistola y mientras uno sacaba el dinero otro mantuvo de rehén a una clienta con un cuchillo en la garganta”.
Como estos hay decenas de relatos similares, no todos registrados ya que algunos vecinos entrevistados aseguran que no hicieron la denuncia porque “ya llevamos varios robos y no agarran a nadie o, si los detienen, los jueces los dejan libres”, dicen resignados.
A estos asaltos a vecinos deben también sumarse los robos a viviendas. Algunos trascendieron por su magnitud, como el ocurrido en un sitio un poco alejado del centro como la calle El Chañaral al 2.900, donde los ladrones tras romper la puerta saquearon completamente una casa cuyos moradores no estaban y se llevaron también dinero en efectivo.
Cañada Seca, un distrito cercano a la ciudad, no es la excepción como otros también cercanos al centro sanrafaelino. Además de saquear las viviendas, romper rejas y sortear alarmas, los delincuentes se alzan con distintas sumas de dinero y bienes.
Los asaltos de los “rompepuertas” o de los que trepan paredes, techos y medianeras azotan también a las casas ubicadas en el microcentro. En algunos casos los ingresos han sido muy violentos y las víctimas, personas de edad avanzada.
Según la Policía, bajó el índice de delitos
En los ámbitos policiales, pese al hermetismo que generalmente los rodea, pudo conocerse que la versión sobre traslado de personal del CEO a la ciudad de Mendoza no es real. Allí indicaron que algunos efectivos son enviados a la Capital a especializarse en el manejo del sistema. También destacaron que las estadísticas muestran una baja de delitos en comparación con 2015, y que los procedimientos positivos son constantes.
También informaron que los vecinos, con el número de denuncia, deben concurrir al centro de Secuestros periódicamente: “Se recuperan muchos elementos que quedan depositados indefinidamente porque sus dueños no vuelven más”. Y admitieron que falta personal y que se trabaja en la optimización del 911, ya que en muchas oportunidades las llamadas de emergencia se reciben en los CEO del Gran Mendoza con las confusiones que ello produce.