Valentín Díaz Gilligan tardó apenas tres días en renunciar al gobierno de Mauricio Macri. El subsecretario general de la Presidencia fue acusado de haber ocultado deliberadamente un depósito millonario en un paraíso fiscal en su declaración jurada de bienes, que es obligatoria para todo funcionario público. La presión para que dejara su cargo provenía no solamente de la oposición, sino especialmente del oficialismo. El Presidente aceptó su dimisión de inmediato.
"A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los años en los que estuve en la actividad privada", dijo Díaz Gilligan en su carta de renuncia indeclinable.
Dijo que las acusaciones en su contra “son falsas y así quedará debidamente comprobado” y que demostrará su “inocencia en todos los ámbitos”.
Díaz Gilligan se convirtió así en el primer funcionario de la alianza Cambiemos en sus dos años de gobierno en renunciar por sospechas de corrupción.
En agosto de 2016, Juan José Gómez Centurión fue separado como jefe de la Aduana tras haber sido denunciado por ser el supuesto encubridor de una banda de contrabandistas, mediante inconsistencias en importaciones. Pero dos meses después el funcionario fue reincorporado por el Presidente luego de que la Justicia estimara que no había elementos para incriminarlo.
Dirigentes de peso del oficialismo, como el jefe del interbloque Cambiemos de Diputados, el radical cordobés Mario Negri, o el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, mano derecha de Elisa Carrió, habían reclamado en las últimas horas que Díaz Gilligan pidiera licencia para aclarar su situación.
El pedido fue por Presión directa del núcleo duro macrista del Gobierno
El pedido fue en realidad una presión directa y hasta ahora inédita al núcleo duro macrista del Gobierno de parte de los principales socios del PRO en Cambiemos: la UCR y la Coalición Cívica.
A este reto interno se le sumó el avance de la investigación de la Oficina Anticorrupción, que conduce la ultramacrista Laura Alonso, que horas antes de la renuncia del funcionario había confirmado que Díaz Gilligan no incluyó en sus declaraciones juradas de bienes el depósito de 1,2 millón de dólares en un banco de Andorra.
Ese dinero -que por estar depositado en un paraíso fiscal no pagaba impuestos en la Argentina- pertenecía a una sociedad británica dedicada al negocio de transferencias de futbolistas.
Aunque era directivo y accionista de la firma, el ahora ex funcionario señaló en entrevistas periodísticas que ese dinero no era suyo sino que pertenecía al empresario Francisco “Paco” Casal.
Díaz Gilligan se desvinculó de la empresa en noviembre de 2014, cuando fue nombrado director general de Turismo de la Ciudad, siendo Macri jefe de Gobierno.
Siendo funcionario porteño y hasta ayer de la Nación, debería haber informado que había sido director y accionista de esta empresa que tenía una cuenta en Andorra.
Un funcionario de "rango menor"
En la Casa Rosada estaban molestos por el "tamaño mediático" que cobró la acusación contra Díaz Gilligan, a quien consideran un funcionario de rango menor. "Hicieron un escándalo por una situación que no afectaba a dineros públicos. Y justo La Cámpora es la que presenta la denuncia en la Justicia", dijo a Los Andes un vocero gubernamental.
Aludía a la demanda judicial por supuesto lavado de dinero y omisión maliciosa contra Díaz Gilligan que había presentado ayer el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, referente de La Cámpora, y que recayó en el juzgado de Claudio Bonadío.
Sin embargo, en el gobierno de Cambiemos hay otros funcionarios demandados por supuestas maniobras de corrupción.
Por ejemplo, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sospechado de haber designado a su empleada doméstica en la intervención del sindicato SOMU, para que fuera el Estado y no su familia la que le pagara el sueldo.
También, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, a quien también se acusa de no haber informado en su declaración jurada patrimonial su desempeño como ex accionista privado, en este caso de un fondo de inversión con sede en Miami.
Entre mediados de 2009 y al menos mediados de 2015 Caputo fue accionista -de manera indirecta- de Noctua, una gerenciadora de fondos de inversión. El ministro no consignó esa información en las declaraciones juradas que presentó ante la OA al asumir el cargo en diciembre de 2015 (correspondientes al período fiscal 2014) y en la de 2016 (correspondiente al inicio de 2015).
