“La conquista del poder está terminada”. Con estas palabras, uno de los tres (Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui) que “son yo”, como alguna vez dijo Mauricio Macri, definía la tarde del jueves lo sucedido desde la tarde anterior: en menos de 24 horas, después de muchas negociaciones previas, el Gobierno logró acordar los términos de las reformas fiscal y previsional, con los gobernadores, y laboral, con la cúpula de la CGT. Nada más y nada menos que los tres objetivos que al día siguiente de las elecciones legislativas colocó el Presidente al tope de la agenda de los “consensos básicos” a alcanzar para llegar a 2019, como parte de su proclamado “reformismo permanente”.
Terminada “la conquista del poder”, resta ahora poner la frutilla al postre: la aprobación de las reformas por parte del Congreso. Nada hace sospechar que ello dejará de suceder y en los plazos que se autoimpuso (e impuso) la Casa Rosada.
La puerta para eso está abierta de la mano del jefe del bloque FpV-PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, “administrador” legislativo del consorcial peronismo de los gobernadores y de los jefes cegetistas, y en los tiempos urgidos por la administración central: “Todo en el 17”, es la consigna.
Más aún, antes del 10 de diciembre, en lo posible, para que Cristina Fernández de Kirchner, en su condición de senadora, no pueda correr por izquierda en el debate a sus pares que responden a Pichetto.
No deja de asistirle la razón a aquel “yo” del Presidente que habló de la finalización de la etapa de “la conquista del poder”. Durante sus primeros dos años, Macri gobernó en minoría en el Congreso, de lo que hizo su fortaleza, a partir de acuerdos negociados con una oposición forzosamente avenida a esa negociación; y, cuando no, en base a decretos presidenciales.
Pero desde el 22 de octubre pasado, aun cuando seguirá en minoría en las Cámaras luego del 10 de diciembre, pese a haber mejorado su membresía legislativa, ha hecho valer anticipadamente sus votos. No requirió de más de tres semanas para hacer que el 42 por ciento de los votos (casi 10 por ciento menos que en la presidencial) pesaran más que el restante 58 por ciento, diseminado en una oposición atomizada. Así alineó a gobernadores y jefes sindicales peronistas.
Las razones están tanto en la propia fortaleza como en la debilidad ajena. Por un lado, la elección legislativa fue un voto de respaldo al concepto Cambiemos, aunque también con bastante de mensaje de no retorno a los gobiernos kirchneristas; y, por extensión, peronistas.
Por otro, el conjunto del peronismo, sobre todo aquél que tiene responsabilidades institucionales (gobernadores, intendentes, legisladores), que carga consigo “la culpa” del papel desestabilizador de otras épocas, lo que lo lleva a asumir un papel prooficialista, más que opositor; al mismo tiempo que en tanto en el ejercicio de la administración requieren de los fondos necesarios; no son pocas las provincias que se avinieron al “consenso fiscal” del jueves por la necesidad de recursos: entre 80 y 90 por ciento de los mismos van al pago de salarios de sus empleados.
Ciertamente, el “consenso fiscal” abre expectativas alentadoras en la medida de que pueda sostenerse en el tiempo y cumplirse con los compromisos que de él se derivan, tanto de parte de las provincias (aun de la más favorecida, Buenos Aires) como de la Nación.
Pero supondrá realizar un fuerte “ahorro” en los salarios de los empleados públicos provinciales y también nacionales. Ya desde el año próximo, como se lo hizo saber Macri a los gobernadores antes de la firma en el Salón Eva Perón de la Rosada.
“Si estamos generando todas estas condiciones para que se genere trabajo en el sector privado y si le competimos con salarios más altos -les dijo-, el sector privado no va a poder generar la mano de obra que necesita para su crecimiento. Tenemos que lograr que esto también se regularice. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una paritaria por delante, que siempre nos da una oportunidad”.
El pedido presidencial recordó el vaticinio que a días de asumir, el primer día de 2016, hizo su ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, cuando dijo: “Cada paritaria discute lo que puede discutir. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”. Los trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego supieron esta semana de qué se trata con el acuerdo que congeló las paritarias por dos años a cambio de conservar los puestos de empleo.
También parece haber calado en los jefes de la CGT para allegarse al principio de acuerdo sobre la reforma laboral. Del mismo modo que para aquellos sindicalistas reacios a acordar pudo haber incidido la detención, la semana siguiente a las elecciones, del jefe sindical de la Uocra platense, Juan “El Pata” Medina.
Si bien el acuerdo no fue el que inicialmente había dejado trascender el Gobierno, que incluía cambios sustanciales sobre derechos consagrados por la Ley de Contrato de Trabajo, lo cierto es que logró poner un primer pie modificatorio en esa norma. “Se buscó sobre todo minimizar los daños”, argumentó uno de los triunviros de la CGT en favor del acuerdo con el Gobierno, mientras que otro, Héctor Daer, dijo que “la integridad del derecho laboral está a salvo”.
En definitiva son, estos, días de gloria para el gobierno de Cambiemos. Los acuerdos pro reformas le allanan la gobernabilidad hasta 2019 en tanto el camino a transitar hacia los objetivos buscados (bajar costos, atraer inversiones, crear empleo de calidad) no encuentre algún tropiezo inesperado. Le abren la puerta a Macri para avanzar a la cabeza de la consolidación de esos cambios hasta 2023.
