El gobernador Alfredo Cornejo tiene razón en señalar la necesidad de actualizar estatutos y escalafones que alcanzan a los trabajadores de la administración pública en sus diferentes vertientes, porque en muchos casos no se adaptan a la realidad.
El mandatario aprovechará el "impasse" político que significa 2018, en razón de que no habrá elecciones, para evitar la utilización política de la situación.
Cabe esperar que la dirigencia sindical se avenga al diálogo para encontrar coincidencias. Los sindicalistas tienen el derecho -y hasta la obligación- de defender a los trabajadores, pero los acuerdos resultan fundamentales para evitar imposiciones de cualquiera de las partes.
El actual Estatuto del Empleado Público data de 1973, cuando la realidad de la provincia y la complejidad del Estado eran absolutamente distintas. A lo largo de los años, en los ámbitos legislativos se han producido decenas de modificaciones parciales, pero no se ha ido al fondo del tema, esencialmente porque las discusiones paritarias entre el Estado y los empleados públicos se limitaban a plantear cuestiones salariales pero muy pocas veces se abordaron temas relacionados con condiciones laborales. En el caso del Escalafón, fue sancionado en 1986, derogando el decreto ley 561, también de 1973.
Tal como lo advierte el Gobierno, los cambios "parciales" han generado de hecho nuevos escalafones que es necesario ordenar y, por ese motivo, también resulta interesante que la discusión se produzca fuera del ámbito de las paritarias.
A modo de ejemplo, desde el oficialismo se indica que en el caso de los concursos, los mismos son de clases, pero hacen falta perfiles, a lo que debe agregarse que muchas veces las diferencias en sueldo entre las clases son tan pequeñas que al trabajador le conviene quedarse en la misma categoría y no ganar 100 o 200 pesos más por mes pero sumando más responsabilidades.
No todo está dirigido a los empleados administrativos, sino que buscará ampliarse a otras actividades, como es el caso de los docentes, esencialmente en lo relativo al ítem zona, que se ha complicado como consecuencia de la negativa del gremio a reestructurarlo, porque se habrían cambiado algunas condiciones.
Según se explica, el sistema actual data de la década de los 80 y se basa en la distancia a la ciudad, cuando en la actualidad resulta necesario contemplar otras variables, como la escuela misma, su ubicación y sus características y, a modo de ejemplo, señalan que hoy la escuela de la penitenciaría no paga zona.
O se dan hechos también serios como escuelas que han quedado cercadas por barrios de los considerados peligrosos y se toman como pautas hasta en las condiciones edilicias de los colegios.
Sin embargo, ante el rechazo del SU TE, el Gobierno habría decidido continuar avanzando en la iniciativa, tal como lo hizo en su oportunidad con el ítem Aula.
Como el tema debe tener tratamiento parlamentario, resultaría oportuno que en los ámbitos legislativos se muevan los mecanismos necesarios para acercar a las partes y evitar así nuevas controversias a futuro.
En síntesis, la realidad demuestra que resulta necesario ordenar y actualizar tanto el Estatuto del Empleado Público como el Escalafón y algunas modificaciones en el Estatuto del Docente.
Pero para lograr los objetivos es necesario que las partes acerquen posiciones y eviten imposiciones. Hará falta la madurez suficiente de parte de la dirigencia sindical y de los funcionarios, porque lo que está en juego es fundamental para el futuro laboral de los trabajadores.
