El Gobierno empezó a allanar el camino a la ley de “reparación histórica” a jubilados y pensionados, que implica el pago de sentencias judiciales, los retroactivos, la mejora de todos los haberes -un 45% promedio- y la creación de una pensión universal para el adulto mayor.
Para esto, la Casa Rosada decidió hacer un gesto a los gobernadores, en especial a los justicialistas, a la vez que calmó los ánimos de los socios del Pro en Cambiemos, la UCR y la Coalición Cívica.
Para satisfacer a todas las partes, la Casa Rosada incluyó en la misma norma la ratificación de los acuerdos que las provincias firmaron con la Nación para recuperar el 15% de la coparticipación que cedieron en 1992 para financiar la Anses.
Para sosegar los ánimos de radicales y de Elisa Carrió, el Ejecutivo aceptó excluir a los funcionarios, del blanqueo de capitales, que se lanzará en la misma norma para captar divisas (a fin de achicar el impacto fiscal del mega-anuncio que realizó el presidente Mauricio Macri el pasado viernes).
Pero lo cierto es que el bloque de Miguel Pichetto (PJ-FpV), que controla el Senado ya que tiene 42 de las 72 bancas, venía solicitando en nombre de los caciques territoriales del PJ una ley que les garantice la devolución del 15% de la coparticipación a través del mecanismo que acordó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores en Córdoba hace dos semanas.
El pacto federal implica el reintegro de un 3% anual de la coparticipación, hasta 2020, más la opción de acceder a créditos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Anses inmediatamente por hasta un 6% de los fondos coparticipables de cada distrito.
El ingreso del proyecto ómnibus al Congreso se discutió hasta último momento ya que los diputados oficialistas estaban preparados para comenzar mañana con la discusión en comisiones. Pero a principios de la tarde de ayer primó por unas horas la posición de algunos senadores, como el radical Ángel Rozas y el peronista Pichetto, que entendían que al legislarse en materia de coparticipación la cámara de origen debía ser el Senado.
Finalmente predominó la postura de los “tributaristas” y al cierre de esta edición se esperaba que el proyecto recalara en Diputados. Los legisladores comenzarán a debatirlo mañana en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social, que escucharán las voces del jefe de la Anses, Emilio Basavilbaso, y del titular de la AFIP, Alberto Abad.
El texto que el Gobierno dejó trascender tiene varias partes. En primer lugar, se impulsa la “reparación histórica” a jubilados y pensionados. Por otro lado, se impulsa la devolución del 15% de la coparticipación a las 21 provincias que venían reclamando desde que un fallo de la Corte Suprema, de noviembre último, favoreció a las tres provincias que litigaron durante casi una década contra el Gobierno nacional: Córdoba, San Luis y Santa Fe.
Ambas medidas tienen un costo fiscal altísimo: 21 mil millones de pesos es el valor del reintegro de la coparticipación en el segundo semestre de este año y la cifra trepa a 140 mil millones si se contabiliza hasta 2020, mientras que el pago de sentencias y la suba de haberes previsionales demandará al menos 122 mil millones. Por ello, el Gobierno impulsa el blanqueo o “sinceramiento” de activos no declarados. Espera recaudar, a través de los impuestos que pagarán quienes se sumen, entre 6.000 y 20.000 millones de dólares.
Para satisfacer las demandas del radicalismo y de la Coalición Cívica, el Gobierno decidió excluir a quienes hayan ocupado cargos en el Ejecutivo desde 2011 a la fecha. Estos mismos sectores exigieron al Pro que se incluya medidas que favorezcan a quienes siempre han estado al día con el fisco, no sólo a los evasores.
Por ello la norma contiene la modificación del impuesto a los Bienes Personales: se eleva este año el piso desde el que se empieza a tributar, a 800 mil pesos; se vuelve a subir en 2017 y 2018 a 950 mil y un millón 50 mil, respectivamente, y se elimina el gravamen a partir de 2019.
Por último y quinto lugar, el mega-proyecto incluye la derogación de la ley kirchnerista que declaró de “orden público” las acciones que la Anses tiene en empresas privadas, que funciona como un “cepo” para poder deshacerse de estos papeles ya que se exige el aval de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
Perspectivas
En el oficialismo se mostraron muy confiados en la suerte del mega-proyecto. Básicamente, porque tiene el respaldo de “todos” los gobernadores, quienes comenzarán a recibir más fondos coparticipables una vez que se ratifiquen los acuerdos firmados con la Casa Rosada sobre la devolución del 15%.
“Nadie votará en contra de su propia provincia”, estiman en el Gobierno. Además, consideran que la cuestión de fondo, la “reparación histórica” de los jubilados que vienen cobrando menos de lo que la Corte Suprema -en diferentes fallos- ha estipulado, “tiene consenso en todos los bloques”, sostienen en Cambiemos.
Sin embargo, la Cámara de Diputados dará un arduo debate. En el kirchnerismo, en el massismo y en el PJ no K hay dudas sobre la “sustentabilidad” del sistema previsional una vez que la Anses pierda el 15% de la coparticipación que las provincias le cedían y además deba hacer frente a los aumentos salariales de los jubilados y pensionados que dispone la ley en discusión.
Estos bloques ya plantearon fuertes reservas a permitir que la Anses pueda vender las acciones que tiene en empresas privadas -bancos, siderúrgicas, medios de comunicación- ya que entienden que “es el principal activo” del Fondo de Garantía que se creó cuando se re-estatizó el sistema previsional en 2008.
Para no abordar ahora la cuestión de fondo de la sustentabilidad, el proyecto de ley plantea la creación de una comisión que tendrá tres años para rediseñar un nuevo sistema ya que se entiende que, a partir de 2017, la Anses tendrá un déficit de unos 300 mil millones de pesos, sin tener en cuenta lo que el Estado pueda recaudar a través del blanqueo de capitales.
Peña, en el senado
Hoy, el Senado recibirá al Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Pero anoche el oficialismo y la oposición negociaban la posibilidad de que previamente la Cámara Alta convierta en ley el proyecto de devolución del IVA de los productos de la canasta básica a los sectores más vulnerables, que ayer tuvo dictamen por unanimidad de la comisión de Presupuesto y Hacienda.
Claves del proyecto, parte por parte
Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.
A partir de la sanción de la Ley, todos los jubilados que estén cobrando menos de lo que les corresponde y se incorporen al programa pasarán a cobrar sus haberes actualizados. Para quienes hayan iniciado juicio y tengan sentencia, los haberes retroactivos se van a pagar en dos partes: 50% al contado y 50% en cuotas que se irán actualizando por movilidad.
Quienes hayan iniciado juicio pero aún no tengan sentencia podrán cobrar hasta un máximo de 48 meses retroactivos, también mitad al contado y mitad en cuotas.
Este proyecto va a beneficiar a los 2.300.000 jubilados que no están cobrando sus haberes correctamente. 250.000 de ellos tienen juicios en curso y 50.000 ya tienen sentencia firme. Este proceso será gradual hasta alcanzar a todos los jubilados, comenzando por los mayores de 80 años o enfermos de gravedad.
Blanqueo de capitales.
Se propone abrir un programa de sinceramiento fiscal para que quienes tienen ahorros en cajas de seguridad, en el colchón o en el exterior, puedan reintegrarlos al sistema financiero.
Todo lo recaudado en concepto de impuestos a los fondos declarados será destinado a la Anses, es decir, a los fondos del sistema previsional argentino. En última instancia, a los jubilados.
Para acceder al sinceramiento fiscal habrá tres opciones: (1) pagar un impuesto especial, (2) suscribir bonos por el monto declarado y (3) hacer inversiones de largo plazo en el país.
La alícuota del impuesto que se paga depende del monto declarado. Menos de 305.000 pesos no paga nada. Entre 305.000 pesos y 800.000, paga un impuesto del 5%. Por encima de 800.000, paga el 10%. Los que ingresen al programa después del 1 de enero de 2017, la alícuota será del 15%.
Devolución de la coparticipación a las provincias.
Se ratifican los acuerdos que cada provincia firmó con el Ministerio del Interior para recuperar el 15% de la coparticipación que vienen cediendo en favor de la Anses desde 1992.
En este esquema, se establece que desde 2016 a 2020 los distritos sufran una detracción del 3% menos hasta llegar al 0% en el último año. Además, se habilita a las provincias que están interesadas a acceder a préstamos del Estado nacional por hasta un 6% de la coparticipación detraída.
En total, son 21 distritos los que reclamaban estos fondos ya que Córdoba, Santa Fe y San Luis ganaron litigios al Tesoro y ya están cobrando el 100% de la coparticipación. Capital Federal y Tierra de Fuego no firmaron el pacto fiscal de 1992 porque entonces no tenían autonomía.
Venta de acciones.
El proyecto incluye una modificación a la ley de 2015 que impulsó Cristina Fernández para impedir que la Anses pudiera deshacerse de las acciones que tiene en empresas privadas, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con facilidad.
La iniciativa del macrismo prevé derogar el requisito fijado por el kirchnerismo, que exige el aval de dos tercios de Diputados y del Senado cada vez que la Anses quiera vender estos papeles.