El proyecto para devolver el impuesto al valor agregado (IVA) de la canasta básica alimentaria, que recientemente obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y pronto buscará su aprobación final en el Senado de la Nación, tiene como central objetivo beneficiar a los sectores más vulnerables.
Será para los trabajadores informales que están por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), para las personas que estando desocupadas cobran la Asignación universal por hijo (AUH) y la Asignación universal por embarazo (AUE), como también para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las Pensiones No Contributivas con el haber mínimo. En total, unos 8 millones de potenciales beneficiarios con el esfuerzo conjunto entre Nación y provincias.
Deseo expresarme sobre la importancia de esta ley ya que si queremos consolidar un sistema de prestaciones sociales básicas que proteja y brinde oportunidades equitativas a nuestra gente durante toda su vida, es requisito imprescindible el pago de los impuestos. Esto es porque para lograr que exista más protección social hay que, necesariamente, consolidar un compromiso público enorme con el financiamiento. Vale decir, remarco, pagar impuestos.
Durante las gestiones kirchneristas, hubo avances en la construcción de un sistema integrado de prestaciones sociales que ahora queremos mejorar pero universalizándolas y, por supuesto, eliminando por completo el clientelismo y el fraude. El gobierno anterior produjo una reforma impositiva de facto a través de la falta de ajuste por inflación, tanto en las ganancias de las empresas como en el Mínimo no Imponible de las personas físicas. Lo mismo ocurrió con la discriminación de los Autónomos y el retraso en las escalas de los Monotributistas.
Por otro parte, y una situación que afecta a Mendoza, estuvo la asfixia fiscal que terminó por empujar a las provincias a subir los Ingresos Brutos profundizando, con ello, el sesgo regresivo del sistema impositivo en su conjunto. Llegamos al umbral de sociedades con alta carga impositiva y es hora de trabajar en rebalancearlas y en la calidad de las prestaciones públicas.
En este sentido, cabe enumerar los hechos puntuales en los que se está trabajando para poder avanzar. Ya subimos el Mínimo No Imponible de Ganancias, un insistente reclamo social al que la ex presidenta Cristina Fernández hizo oídos sordos, y redujimos la carga tributaria a las economías regionales para reactivar la producción.
Queremos, y en eso estamos manos a la obra desde el inicio, que el empleo sea la primera opción a la hora de la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Estamos reduciendo el impacto del IVA en la canasta básica de los sectores de ingresos más bajos, al tiempo que prorrogamos hasta el último día de este 2016 el reintegro del 5%.
Así, en las próximas semanas se debatirán en el Congreso los dos proyectos del Poder Ejecutivo Nacional que tienen, justamente, los mencionados objetivos: el régimen de promoción del Primer Empleo y de formalización del trabajo y el fomento para las Pymes, que tanto nos preocupan.
Sin dudas, formalizar el trabajo y la actividad económica será la primera y principal puerta de entrada a los derechos económicos y sociales en nuestra sociedad. Queremos que la devolución del IVA se sancione e instamos a la oposición a controlar su implementación con todo rigor. No queremos fallar, no hay margen para defraudar a la gente.
