Un desfalco por más de 50 millones de pesos al Pami, al menos según los cálculos preliminares de la Policía de Mendoza; 13 allanamientos entre martes y miércoles; el decomiso de medicamentos, dinero efectivo y cheques.
Hasta ahora hay siete detenidos, de los cuales dos trabajan en el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (el Pami) y otro en la Anses.
En los allanamientos se decomisaron 1.095.000 pesos y mil dólares en efectivo y 285 mil pesos en cheques al portador. Además, también se encontraron 14 vehículos de alta gama pertenecientes a los detenidos y una lujosa casa en un barrio privado del oeste de Las Heras.
Más allá de que se trata de un caso policial, es inevitable hacer lecturas políticas, sobre todo porque se trata de una defraudación a un organismo público y que no es el primer caso de corrupción que se conoce en esa entidad desde el cambio de gobierno, aunque sí el primero en nuestra provincia.
Es justo decir que la denuncia que desató este hallazgo fue hecha en 2013, por el entonces titular del Pami Eduardo Hernández, quien alertó de la desaparición de recetarios y sellos de médicos que trabajaban allí.
Otro detalle político a observar es que la denuncia de 2013 se reactivó en marzo pasado, de la mano del juez federal Marcelo Garnica.
Ayer, el ministro de Seguridad Gianni Venier, el jefe de la Policía Roberto Munives, el jefe de Lucha contra el narcotráfico comisario Roberto Acosta, y el titular del Pami Mendoza, Carlos Valcarcel, dieron algunos detalles del desfalco, pero callaron parte de la historia, porque la investigación sigue vigente.
Ahora, hay que encontrar si hay complicidades de farmacias, de médicos, de alguna imprenta que imprimía recetarios y troqueles truchos de medicamentos, entre otros detalles sueltos.
Para cerrar esos detalles es que también intervienen la AFIP y la Aduana. Por ahora, sólo dos farmacias aparecen involucradas.
Los empleados de Pami se desempeñaban en el área de prestaciones sociales, donde se recepciona la documentación para que el Pami liquide subsidios de actividades preventivas a centros de jubilados.
Desde allí tenían acceso a bases de datos que cruzaban con el trabajador de Anses. El objetivo era detectar a los jubilados con el beneficio de farmacia al 100%.
La operación era simple. Los dos empleados del Pami y el de la Anses tenían acceso a la base de datos de jubilados con el beneficio de medicamentos gratis. La banda retiraba de las farmacias remedios a nombre de esos beneficiarios que pagaba el Pami y luego ellos vendían en otras provincias.
En algún caso, habrían contado con la complicidad de dos farmacias para facilitar la operación.
Alguien hacía la receta a nombre de un supuesto jubilado e iba a la farmacia. Al momento de la compra, las farmacias retiran el troquel de la caja del remedio para pegarlo en la receta y lograr que PAMI pague el medicamento.
Luego, la banda remplazaba el troquel en la caja con uno trucho, que ellos hacían imprimir, y sacaba los medicamentos de Mendoza con destino a San Luis, Córdoba y Provincia de Buenos Aires, para comercializarlos en el mercado negro o en otras farmacias.
Se habla de medicamentos de todos los tipos, como la insulina humana, pasando por fármacos para el control del colesterol y hasta analgésicos simples.
Son siete detenidos. Los trascendidos hablan de la familia Godoy; uno de sus miembros, supuestamente de nombre José, sería la cabeza de la operación y uno de los empleados del Pami que obtiene la información de los afiliados.
El padre de José se llamaría Jorge y como contador sería el que lleva las cuentas de la organización.
Después se menciona a una mujer que adulteraba recetas y sellos, otra persona que lavaba activos comprando bienes, otra persona encargada del acopio de medicamentos.
También está detenido el director técnico de una farmacia, que no fue individualizada por la Policía, que vendía los medicamentos y operaba con otras farmacias.
Había dos personas encargadas de despachar los medicamentos a San Luis, Córdoba y Provincia de Buenos Aires; uno de ellos está prófugo, el otro detenido.
Un reflejo de lo que ocurrió en el país
En Mendoza no hubo denuncias de corrupción fuertes en el Pami, apenas algún coletazo de lo nacional. A nivel nacional sí las hubo y las hizo el actual titular del instituto, Carlos Regazzoni.
En todo el país, durante la gestión anterior, se olvidaron de borrar a 400 mil jubilados fallecidos; acá, los muertos que seguían siendo afiliados eran 20 mil.
De esos 400 mil afiliados muertos, 7.000 seguían “comprando” medicamentos que después se vendían en el mercado negro. Algo parecido a lo que se descubrió en Mendoza.
Algo parecido también a lo que se reveló en Santiago del Estero, hace tres meses, por la denuncia de una farmacéutica extrañada por la cantidad de insulina y tiras reactivas que compraban, tratamiento con cobertura al 100% por parte de Pami.
Esa denuncia terminó con un resultado aterrador: entre julio de 2015 y febrero de este año, las farmacias de Santiago del Estero facturaron al Pami $ 154 millones sólo en insulina y tiras reactivas, pero en la provincia hay sólo 2.000 enfermos de diabetes.
El ex jefe del Pami del kirchnerismo, el mendocino Luciano Di Césare, fue procesado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado: se liquidó vacaciones no gozadas por más de un millón de pesos.
La auditoría nacional descubrió geriátricos que facturaron por muertos y clínicas que cobraron por viajes de ambulancia que no existieron.
