Deudas: ayuda de la Nación a Pérez, pero con control de gestión

El Aporte del Tesoro Nacional que el gobernador Francisco Pérez daba como "seguro" para la provincia a fines del año pasado se registrará en los próximos días en la contabilidad de la Provincia, pero no como una entrada de dinero sino como un ingreso y una salida simultáneos que significarán un achicamiento de la deuda con la Nación.

Es que -tal como se estableció en el convenio por el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas- el Gobierno Nacional se comprometió a otorgarle a Mendoza "en el mes de enero de 2014" (es decir en los próximos días) un aporte "proveniente del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional por un monto de 382 millones de pesos". 

Pero al mismo tiempo "la Provincia cedió irrevocablemente al Tesoro Nacional la cancelación parcial de las deudas que la Provincia tiene con la Nación hasta el 31 de diciembre de 2013", en el mismo monto.

Esto significa que la Nación acreedora le otorgó dinero a la Provincia deudora para que con esos fondos ésta pague una parte de la deuda, mientras aquélla le refinancia el resto.

Por lo tanto la deuda mendocina con la Nación (su principal acreedor) dejará de ser 2.870 millones de pesos y se reducirá a 2.488 millones que se comenzarán a pagar en abril a razón de 12,5 millones de pesos mensuales en doscientas cuotas con un interés del 6% anual.

Mendoza no tendrá que realizar por sí esos pagos ya que serán automáticamente descontados  por la Nación del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Condiciones

Para que existan chances de nuevas prórrogas trimestrales de los vencimientos hasta fin de año (lo que evitaría el pago de 112 millones de pesos en 2014) el gobierno de Pérez deberá someterse a condiciones amplias de auditoría por parte de la Nación que incluyen "el suministro de información actualizada y en tiempo real de la ejecución presupuestaria con resultado fiscal primario y financiero".

Estipula además que esta información "será enviada en papel y debidamente certificada por la autoridad competente que corresponda, acompañada de soporte magnético, así como toda otra información ampliatoria o aclaratoria que se solicite".

Así lo establece el convenio que Pérez firmó el 27 de diciembre de 2013 con el jefe de gabinete nacional Jorge Capitanich, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof y el ministro del Interior y Transporte Aníbal Florencio Randazzo y que el gobernador mendocino acaba de ratificar por decreto 2553.

El acuerdo establece "el suministro de un sistema de información y gestión financiera destinado a verificar el personal del sector público provincial consolidado y el cumplimiento del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal".
 
El convenio avanza al establecer que Mendoza deberá "suministrar información de todos los componentes del salario desagregado para cada uno de los estamentos del sector público provincial consolidado incluidos administración central, organismos descentralizados, fondos fiduciarios y empresas públicas".
 
La disposición cobra vigencia a dieciocho días del inicio de las paritarias públicas provinciales (el viernes 7 de febrero con los docentes del SUTE) y permite presumir que lo que se vaya acordando en estas negociaciones salariales (y las que sigan) formarán parte de los informes a la Nación.
 
También se establece que "la provincia deberá suministrar información del personal por escalafón y categoría incorporados en el presupuesto público" y mantener actualizada mensualmente ante la AFIP "la nómina de personal en relación de dependencia que comprende a los empleados públicos en general, incluidos los municipales, personal del Poder Judicial, docente, de seguridad, legislativo, personal contratado y jubilados y pensionados de la provincia".

También se deberá remitir a Buenos Aires "la nómina de la totalidad de los prestadores de servicios que revistan como trabajadores autónomos o como pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo) con las modalidades, plazos y condiciones que a tal efecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)".

A ello hay que agregar que las tarifas forman parte del paquete bajo auditoría nacional. El convenio dice que la Provincia deberá "suministrar la información atinente a tarifas de los servicios públicos, incluido el componente subsidios, desagregados por categorías de usuarios".