El convenio firmado por el gobernador Francisco Pérez y el jefe de gabinete nacional, Jorge Capitanich por el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas -que para Mendoza incluye un ATN por 380 millones de pesos destinado a disminuir la deuda con la Nación- deberá pasar por la Legislatura Provincial.
Así lo reclama el senador radical Juan Carlos Jaliff quien afirma que la reformulación de la deuda puede ser considerada "endeudamiento nuevo" pero -en especial- porque "los actos de disposición de la coparticipación deben ser autorizados en la casa de las leyes".
El convenio establece descuentos automáticos mensuales de coparticipación federal a la provincia como pago de las doscientas cuotas previstas para atender la deuda en caso de que no se extiendan los plazos de pago. "La refinanciación anterior ya pasó por la Legislatura", recuerda Jaliff.
En tanto en el Gobierno provincial se estudia el tema y no se observan mayores objeciones a enviarlo. "¿Quién se puede oponer a desendeudar la provincia en 380 millones de pesos y a refinanciar 2.440 millones de pesos al 6% anual en doscientas cuotas?", afirman en el oficialismo, convencidos de que un tratamiento legislativo será simplemente un trámite formal de aprobación.
En la propia oposición se admite que si las condiciones de la refinanciación son las que han trascendido (200 cuotas y al 6% anual) no habrá rechazo al tema. Aunque por el momento nada se dice de las condiciones de auditoría sobre la provincia que prevé el convenio, con informes trimestrales sobre ingresos, gastos, sueldos, subsidios, tarifas y marcha general de la provincia, lo que puede suscitar desencuentros verbales entre el oficialismo y la oposición.
El artículo ocho del propio convenio prevé que éste "entrará en vigencia una vez que la Provincia obtenga la pertinente autorización legal para reestructurar deuda y para la afectación de la participación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos".
"Hoy la política del gobierno nacional apunta a disminuir los déficits fiscales en las provincias y a reducir su propio nivel de emisión monetaria sin 'enfriar' a la economía, con vistas a generar un mejor escenario económico en 2015", confiesan en el oficialismo. Y reconocen que el intento tiene algún parecido con lo dispuesto por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, durante la pasada presidencia de Fernando de la Rúa.
Si el gobierno de Pérez consigue nuevas prórrogas trimestrales en junio, setiembre y diciembre de este año evitará el pago de 112 millones de pesos durante 2014. Pero para ello deberá someterse a condiciones amplias de auditoría por parte de la Nación que incluyen "el suministro de información actualizada y en tiempo real de la ejecución presupuestaria con resultado fiscal primario y financiero".
La discusión del Plan de Desendeudamiento en las cámaras legislativas se sumará a la dura negociación entre el oficialismo, la UCR y el PD del Presupuesto 2014 que tiene media sanción de Diputados y se encuentra en el Senado, sin los artículos que suponen endeudamiento ya que no alcanzaron los dos tercios necesarios para su autorización en Diputados.
Se estima que la semana entrante -a siete días de que se reanude la actividad legislativa en febrero- comenzarán los primeros contactos entre el oficialismo y las oposiciones radical y demócrata tendientes a destrabar el tratamiento del presupuesto 2014.
Se descuenta que los principales protagonistas de estas negociaciones serán el ministro de Hacienda, Marcelo Costa (que reaparecerá el próximo lunes tras su licencia), el presidente justicialista de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Sergio Vendramín, el vicepresidente radical de esa comisión Sergio Moralejo y el secretario demócrata Carlos Aguinaga. Pero, al parecer, no serán los únicos que negociarán y se esperan más protagonistas.
Deudas: el acuerdo con la Nación, a la Legislatura
Lo prevé el propio texto del convenio que firmó el gobernador Pérez con el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, y lo reclama el radicalismo. El Gobierno descuenta su aprobación como antesala de una dura negociación en el Senado sobre el Presupuest
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