La crisis financiera que afecta a Mendoza desde hace tiempo ha provocado que el Gobierno haya debido recurrir a sucesivos pedidos de autorización legislativa para endeudarse y así poder afrontar los problemas. Esas solicitudes han generado no pocas controversias entre oficialismos y oposiciones de turno.
Si se toma en cuenta los pedidos en los últimos 5 meses, sucedidos desde la transición de la gestión de Francisco Pérez a la actual de Alfredo Cornejo, se tiene que el Ejecutivo ha buscado que se le apruebe endeudamiento por un total de $ 21.670 millones en base a datos proporcionados oficialmente.
A ese valor se llega, contando lo que se pidió en la Ley de Financiamiento 8.816; el Presupuesto 2016 (Ley 8.838) y la Emergencia en Seguridad, en discusión en estos días.
Está claro que cuando se habla del “Ejecutivo”, se hace mención al Gobierno, sin tener en cuenta quién ocupa el sillón de San Martín en el edificio de Peltier 611.
Si se tiene absoluto rigor en quiénes fueron los que firmaron esos pedidos de endeudamiento, Pérez lo hizo por $ 11.150 millones, exclusivamente en la ley 8.816. Cornejo en tanto, ha peticionado cerca de $ 7.000 millones, a través del Presupuesto 2016 y del actual proyecto de Emergencia en Seguridad.
Ahora bien, si se contempla cómo se impulsaron esas sucesivas peticiones, hay que comprender que si bien Pérez gobernaba en setiembre, aquella ley de Endeudamiento fue fruto de un acuerdo entre los gobernadores saliente y entrante, más allá de quién firmara.
En el peronismo, donde todavía no deciden qué harán con el nuevo pedido actual, le atribuyen todo ese pedido de endeudamiento a Cornejo y suman en total, más de $25.120 millones. “Creemos que hemos sido muy generosos con él”, resaltó el diputado Javier Cofano (FpV).
En el Gobierno, no sólo disienten de ese número, sino que además se hacen cargo de sólo una parte. “A nosotros nos da cerca de $18 mil millones”, dijo el ministro de Hacienda, Martín Kerchner.
Es que para él, de ese pedido inicial de setiembre, que implicaba entre otras cifras, un monto directo de $ 5.800 millones, “$ 4.400 millones constituían una petición exclusiva de Pérez”, para afrontar el rojo.
Los números
El primer pedido se hizo en setiembre de 2015 y la autorización se concretó en la ley 8.816, aprobada el último día de ese mes, y bajo fuerte presión porque Pérez no tenía plata para pagar sueldos y el PJ ya mostraba su crisis interna.
En esa norma, el pedido de deuda se formó, en parte por los $ 5.800 millones mencionados, junto a otros ítems. El artículo 1 reflejó $ 4.800 millones, de los cuales, $ 2.600 millones se destinaron “para atender necesidades financieras con motivo de la diferencia entre recursos y gastos del ejercicio financiero 2015”. Otros $ 2.200 millones, para “la amortización de la deuda pública”, de ese mismo ejercicio. Los otros $ 1.000 millones aparecieron en el artículo 4, y fueron para la deuda flotante 2015.
Esa ley también implicó otros valores. El artículo 2, autorizó “a hacer uso del crédito público”, con bonos o títulos, para cancelar las obligaciones surgidas de los vencimientos de amortización de la deuda “a producirse en los ejercicios 2016 y 2017”. Allí no se especifica monto, pero el propio Gobierno, al proyectar el presupuesto de este año, calculó $ 4.622 millones.
“No hay certezas aún, pero para 2017 se calcula que, por lo menos debería ser ese mismo monto”, explicó Cofano. Sin embargo Kerchner sí especificó. “A hoy, esa deuda es de $ 2.700 millones, podría ser más o podría ser menos el año que viene”, indicó.
Siempre dentro de la Ley 8.816, otra autorización es la que aparece en el artículo 3, destinada a cubrir necesidades financieras de Aysam, por $ 450 millones.
Y otro pedido aprobado se ve en el artículo 8, destinado a los bonos que el Gobierno generará para saldar parte de la deuda con los proveedores, por $ 1.000 millones.
A todos esos montos, hay que agregarle lo que también ya se aprobó en la Ley 8.838, de Presupuesto 2016, que autorizó toma de deuda por $ 5.022 millones, para atender el déficit provincial anual. A eso se suman otros $ 420 millones, que actualizan autorizaciones anteriores por la asistencia de organismos internacionales.
A eso se le agrega el nuevo pedido de endeudamiento de Cornejo, para la Emergencia en Seguridad. En el artículo 6 del proyecto se solicitan $ 1.200 millones para construir, remodelar o ampliar unidades carcelarias. Kerchner señaló sobre esto que “en realidad serán unos $ 1.000 millones”, amén de lo que dice el texto.
Finalmente, el artículo 7 hace un pedido similar para “la compra de bienes de capital” para el sistema de Seguridad. Aquí no se especifican montos, pero en el PJ aseguran que el ministro del área, Gianni Venier, les pidió $650 millones. “En realidad son $500 millones”, apuntó Kerchner.
Un ítem que Cofano calculó para llegar a los 25.120 millones, fue el de las Letras de Tesorería, avaladas por la Ley 8.706 y que sumarían otros $ 1.400 millones. En realidad se trata de un monto que Pérez también tuvo y permite a cualquier gobernante, emitir Letras con vencimiento a 365 días, por el 2,5% de los ingresos provinciales.
Teniendo en cuenta que en el presupuesto actual se plantearon ingresos por 58.557 millones, el 2,5% da poco más de $ 1.400 millones. Kerchner refutó ese monto y dijo que “son sólo $ 922 millones”.
Pedidos justificados
Más allá de cuáles sean los montos, la controversia sigue intacta. Antes, cuando la UCR era oposición, los pedidos de endeudamiento eran no sólo negados, sino que su solicitud le daba argumentos para criticar las deficiencias de Pérez. Hoy en el PJ, si bien reconocen las malas condiciones financieras, no falta quien critique a Cornejo por pedir estos nuevos montos.
“Lo que antes negaban lo piden ahora”, repiten los ahora opositores.
En el Gobierno insisten en que estos pedidos son para resolver una situación heredada. “Ellos tuvieron más de $ 12.000 millones de endeudamiento autorizado y sin autorizar”, dijo Kerchner. Y detalló: “$ 4.400 millones de la Ley 8.816; $ 2.500 millones del fondo unificado que usaron sin pedir permiso; $ 2.000 millones extras de la deuda flotante; $ 1.000 millones de la deuda ‘pinche’. Y $ 2.200 millones de la obra pública subejecutada”.
Con esto, quiso decir que además de los pedidos de deuda, la gestión anterior desvió esos montos a gastos corrientes. Y recordó que la deuda que a diciembre de 2015 llegaba a 1.100 millones de dólares -y que seguramente creció con la devaluación- “llegará a 1.700 millones de dólares”.
Con eso quiso justificar los pedidos de endeudamiento actuales. “Estamos blanqueando una deuda oculta que estaba escondida en estados negativos de las cuentas y en la deuda con los proveedores, entre otras cosas”, dijo el ministro.
Se viene el nuevo bono
Tal como ya lo había anunciado, el Gobierno mendocino salió a la búsqueda de entidades que le permitan colocar un bono de alrededor de 300 millones de dólares para hacer frente al déficit anual.
“Ya publicamos la licitación. El viernes que viene abriremos las propuestas para saber qué banco o bancos nos ayudarán a organizar este bono”, explicó Kerchner, que no determinó exactamente el monto. “Puede ser de 300 millones de dólares o tal vez un poco más”, dijo.
Hay que recordar que esta emisión será la mayor que haya hecho la Provincia, ya que el más grande hasta ahora, había sido el denominado Bono Aconcagua, que lanzó en 1997 el entonces gobernador Arturo Lafalla por 250 millones de dólares, que fue refinanciado en 2007 por Julio Cobos como Bono Mendoza 18.
