“Las conversaciones están, aunque no son públicas”, señalaron en el Ejecutivo, buscando suavizar las primeras repercusiones en torno a las modificaciones que los legisladores peronistas planean hacer al proyecto de endeudamiento de Francisco Pérez y sobre las que no habían consultado ni al Gobernador ni a sus ministros.
Con Pérez de vacaciones, en el Gobierno ayer primó el silencio y tampoco hubo muchos comentarios de los referentes del oficialismo en la Legislatura y los municipios. Nadie quiso agregar nada sobre la insubordinación de los diputados, que cuestionaron el acuerdo que el gobernador y presidente del Partido Justicialista cerró con quien lo sucederá a partir de diciembre, el radical Alfredo Cornejo. Pero este silencio esconde algunos movimientos internos que intentan cerrar frentes.
Por lo pronto, lo único seguro es que el lunes a las 11 está agendada una reunión del Frente para la Victoria (FpV) y la UCR, que fue convocada por el oficialismo. Si bien se espera que estén todos los legisladores, desde los dos partidos se esperanzan (y reclaman) la asistencia tanto de los ministros como de Pérez, quien retorna hoy a la provincia, después de estar tres días en Salta alejado de la escena política caliente y de la interna de su partido.
“Estamos preparando la agenda, va a ser una reunión para analizar las modificaciones que estamos sugiriendo y para avanzar de la mejor manera con la Cámara para Diputados”, señalaron en el FpV, en donde desde el jueves analizan artículo por artículo el proyecto de ley que tiene la firma de Pérez. En los avances, ya hay un borrador con varios cambios, aunque lo que va trascendiendo del mismo hace ruido no sólo adentro, sino también afuera.
En el radicalismo, ayer hubo algunos mensajes hacia el Ejecutivo, con la intención de manifestar que no estaban conformes con la modificación del artículo 4, sobre las partidas de Aysam. “Lo que quieren incluir técnicamente no está bien redactado. Han propuesto la creación de un fideicomiso y hacen referencia a una ley que está derogada”, señaló uno de los referentes radicales y adelantó que no habría conformidad en cuanto a este punto. “Pedimos que todo lo que se modifique sea desde lo técnico y no desde la pelea política”, reiteró uno de los diputados.
En la UCR tampoco hicieron referencia a encuentros previos antes del lunes. “Cornejo lo va a manejar con los legisladores, ya habló con los intendentes y con Pérez”, remarcaron y se quejaron porque esta instancia se trata de una segunda negociación, ya que en la primera se había cerrado el acuerdo que ahora se cuestiona.
La reunión prevista para el lunes al mediodía deberá buscar puntos en común antes de las 17, cuando se retomará la sesión de la Cámara de Diputados tras el cuarto intermedio que se pidió el miércoles, luego de que el justicialismo no se puso de acuerdo y pateara la definición.
Entre los rumores que circulan, algunos apuntan a que las elecciones de mañana en Godoy Cruz fueron el motivo por el cual no se quiso hablar de endeudamiento hace unos días. Y este motivo mantiene también en silencio a un justicialismo que, por estos días, mostró sus divisiones internas en cuanto al acuerdo de Pérez y Cornejo.
En su redacción original, el proyecto prevé una autorización de endeudamiento por $ 5.800 millones, cifra que el FpV llamó el “núcleo duro” del acuerdo. Hasta allí no hay problemas, hasta es más, los intendentes justicialistas, que frecuentaron durante estos días las reuniones del FpV, habrían ganado la pulseada con una posible inclusión de partidas destinadas a las comunas. En las cuentas, serían $ 600 millones que elevarían el permiso de crédito.
El problema pasa por los “artículos complementarios” que, según el FpV, habilitan a nuevos créditos y llevan la autorización a 20 mil millones de pesos. Esta cifra no es reconocida en lo más mínimo por la UCR. “Si tuviéramos que hacer una cuenta total, serían $ 11 mil millones los que se necesitan. Los 6 mil millones que autorizan ahora, sumado a los 2 mil millones de deuda flotante y 3 mil millones del fondo unificado”, explicó el diputado radical Martín Kerchner, quien desmintió los números del justicialismo.
¿De quién es la culpa?
De los $ 5.800 millones pretendidos por el proyecto frenado en la Cámara de Diputados, $ 2.200 millones son para amortizar la deuda pública y $ 2.600 millones para salvar las diferencias entre los ingresos y egresos de este año, es decir el déficit primario. A su vez, 1.000 millones estarán destinados a disminuir la deuda flotante.
Ahora bien, en la composición de esta cifra, cada partido hace sus lecturas en cuanto a las responsabilidades. Por un lado, en el FpV sostuvieron que el 40% ($ 2.320 millones) del endeudamiento será para pagar el desfasaje que se generó en la gestión de Pérez; mientras que el 60% restante, es decir $3.480 millones, será para Cornejo, quien necesitará contar con una caja al momento de asumir, para hacer frente a sus primeros meses de gobierno, incluido aguinaldo y sueldo de diciembre.
Este desglose es refutado en la UCR, en donde señalaron que la totalidad del dinero pretendido es “para pagar la fiesta de ellos”. Los por ahora opositores analizaron la composición de la deuda pública mendocina según lo que dejó cada una de las administraciones y, en este sentido, repartieron la torta de otra manera. “El 82% de la deuda de la Provincia fue originada por las administraciones de Lafalla, Jaque y Pérez. En tanto el 18% restante fue contraída por los gobernadores radicales”, sostuvieron tanto Kerchner en diálogo con este diario, como Cornejo en declaraciones radiales.
