El denominado default o cesación de pagos ocurrió en diciembre de 2001, en el fugaz gobierno del Presidente Adolfo Rodríguez Saá, apoyado y aplaudido en el Congreso Nacional.
A lo largo de un siglo la deuda pública argentina ha sido la consecuencia directa de la existencia de déficit fiscal. El país contrae deuda pública interna y externa para pagar gasto público.
Hubo dos canjes, uno en 2005 y otro en 2010. La reestructuración se hizo en el marco de la Ley del Congreso, propiciada por el Gobierno de Néstor Kirchner, que estableció fuertes exigencias de quita y plazos para entrar en el acuerdo.
Se la denominó “ley cerrojo”, lo que significó que quienes no entraban serían ignorados como acreedores.
Entre ambos canjes se reestructuró el 93% de la deuda, quedando afuera un 7%, dando origen a los conocidos holdouts (los que quedaron afuera, los que resisten el canje).
El Gobierno desconoció la deuda que no entró en el canje, incluso fue borrada de los registros de deuda del país.
La aparición de los Fondos de Alto Riesgo, también llamados de Cobertura, se había producido bastante antes. Su especialidad es comprar deuda de países o empresas que están próximos a entrar en cesación pagos o han entrado en cesación de pagos.
Habían comprados títulos argentinos en el 2001 y después del default.
Estos Fondos no son abiertos ni cotizan en Bolsa. En los litigios suelen recibir bonos en consignación, que litigan a porcentaje de cobro. Estarían en mano de los holdouts hoy unos 11.052 millones, de ese total 6.514 de capital y 4.701 de intereses.
En este caso si toman en cuenta los punitorios llegarían a 15 mil millones. De esta deuda el 61% está bajo la ley de EEUU, tribunales de Nueva York; el 37% bajo la ley europea y 1% bajo la ley argentina.
Hay que recordar que en los dos canjes hubo especialistas en el tema que aconsejaron mantenerlo abierto para dificultar el inicio de litigios judiciales.
La demanda en el Juzgado de Thomas Griesa en N.Y. fue iniciada por cinco Fondos. Las acciones legales pretenden cobrar el monto original de los títulos no canjeados.
Aquí aparece, en 2012, el Fallo en primera instancia del Juez Thomas Griesa, da la razón a los bonistas y ordena que Argentina pague el capital adeudado US 1.330 millones.
Aplica el caso la denominada cláusula del pari passu, que implica que el pago debe concretarse en el momento que Argentina pague a los bonistas reestructurados.
La Argentina apeló el Fallo ante la Cámara de Apelaciones del Estado de Nueva York, que el año pasado, rechaza el recurso, dejando firme en todos sus términos el Fallo Griesa.
Nuestro país apela a la Corte Suprema de EEUU que resolvió no acoger la solicitud argentina, devolviendo el asunto al Juez Griesa. En este punto resulta imposible el pago del vencimiento de fines de julio en Nueva York.
Tratando de encontrar una solución el Congreso convirtió en Ley el proyecto enviado al Congreso para modificar las condiciones de pago a los bonistas reestructurados.
Para ello desplaza al Banco de Nueva York como institución de pago, en su lugar lo hará Nación Fideicomiso SA. El domicilio de pago será Buenos Aires.
La Ley declara que se pagará tanto a los bonos reestructurados como a los Holdouts, siempre que estos acepten las mismas condiciones. Los bonistas reestructurados pueden designar un nuevo Agente Financiero.
Reabre el canje para los Holdout en similares condiciones que las del 2005 y 2010. Ofrece un canje voluntario de bonos, en similares condiciones que los actuales, pero emitidos bajo ley argentina y pago en Buenos Aires.
Se ofrece canje de títulos tomando Francia como nueva legislación y jurisdicción de pago.
El próximo vencimiento de pago es el 30 de este mes. Los especialistas son escépticos sobre el grado de aceptación que pueda tener el cambio. Lo cierto es que la Argentina seguirá en default y se iniciarán nuevos juicios contra el país.
En realidad resulta difícil pensar que el gobierno quiera cumplir el Fallo que de origen al problema
