Desde que el presidente argentino Alberto Fernández tomó posesión de su cargo el 10 de diciembre pasado, uno de sus primeros anuncios fue encomendar a su ministro de Economía, Martín Guzmán, iniciar la renegociación de la deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reformular los plazos de pago y permitir la reactivación de la economía que haga sostenible la cancelación de los compromisos adeudados.
Los principales críticos de esta gestión ponen el foco en las dificultades de avanzar en un acuerdo sin antes explicitar un programa económico que sirva como hoja de ruta para los acreedores sobre la capacidad de pago que pueda llegar a tener el Gobierno argentino. Sin embargo, está claro que tanto los funcionarios nacionales como los del FMI y los representantes de los tenedores de bonos privados se encuentran embarcados en medio de una negociación, por lo que nadie va a "bajar las cartas" de antemano, con tal de obtener el mejor acuerdo posible.
En ese sentido, la experiencia de Puerto Rico puede servir como antecedente de hacia dónde podría ir una renegociación exitosa de la deuda soberana argentina, la cual fue "reperfilada" durante el año pasado, el eufemismo que empleó el Gobierno anterior para disimular un "default selectivo", tal como lo calificó la agencia Standard & Poor's.
En mayo de 2017, la isla de Puerto Rico, que es un Estado libre asociado de Estados Unidos, anunció que se declaraba en quiebra al no poder cumplir con los pagos de su deuda de u$s 70.000 millones, justo cuando finalizó una moratoria fijada por la Justicia estadounidense que impedía a los acreedores acudir a los tribunales para reclamar el pago.
Al declararse en bancarrota (la más grande de la historia de Estados Unidos) y ampararse bajo la ley de quiebras, la Administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló ganaba tiempo para reestructurar su deuda y sentarse a negociar con los acreedores de manera ordenada. Para ello, el Congreso estadounidense creó una Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a cargo de controlar las negociaciones entre las partes.
Sin embargo, como si Puerto Rico hubiese heredado parte de las siete plagas de Egipto, a los pocos meses el huracán María devastó la isla (en sentido literal), dejando daños por u$s 100.000 millones y un impacto que, para la economía puertorriqueña, implicó retroceder 40 años en el tiempo. Es decir que el proceso para renegociar la deuda soberana y salir de la quiebra comenzó de la peor manera posible. Encima, si esto no era suficiente para complicar esta renegociación, hace un mes atrás la isla sufrió un terremoto de grandes proporciones, el más grande del último siglo.
A pesar de todo esto, como si fuera el Ave Fénix, de a poco Puerto Rico pudo empezar a remontar la cuesta en que se había convertido su situación económica y financiera (Grecia es otro buen ejemplo de ello). Este vía crucis no salió barato: en el camino, la miseria y la pobreza crecieron de manera significativa entre la población de la isla (miles de sus habitantes migraron a Estados Unidos), mientras que el gobernador Rosselló terminó renunciando, acosado de corrupción y homofobia tras varias semanas de manifestaciones populares.
LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
Después de varios "rounds" de negociaciones, el país acaba de alcanzar un acuerdo con sus acreedores más duros. Entre ellos se encuentra el temible fondo "buitre" Aurelius que, junto con Elliott, no paró de litigar en los últimos diez años contra la Argentina.
El acuerdo reduce en u$s 35.000 millones de deuda y otros pasivos en un 70% (es decir, u$s 24.000 millones), a menos de u$s 11.000 millones, lo que representa una reducción adicional de u$s 1000 millones en relación con la anterior propuesta que se había realizado el año pasado, pero que no había prosperado. Además, reduce el servicio de la deuda en u$s 5000 millones adicionales. Aparte de los fondos "buitre" especializados en deudas en default, el acuerdo alcanzado fue apoyado también por grandes fondos de inversión como BlackRock, el más importante del mundo.
"Este acuerdo es una victoria para Puerto Rico. Reduce los pagos totales de la deuda en relación con la propuesta del año pasado, paga la deuda del Estado Libre Asociado antes y tiene un apoyo significativamente mayor de los tenedores de bonos, lo que facilita aún más la salida de Puerto Rico de la quiebra", expresó José Carrión, presidente de la JSF. El pacto estipula que la deuda será cancelada en 20 años en lugar de los 30 iniciales.
Sin embargo, todavía falta bastante para festejar un acuerdo definitivo y la salida de la bancarrota. Por un lado, la gobernadora Wanda Vázquez, reemplazante de Rosselló, alegó que no lo apoyaba, ya que no se había morigerado el ajuste de las jubilaciones, una de las concesiones que más crispó el ánimo de los "boricuas". Y, por el otro, Barbara Houser, la mediadora de la corte federal estadounidense que lleva adelante la quiebra de Puerto Rico, advirtió que aún quedan muchas disputas con varios acreedores que deben resolverse primero para la renegociación termine de manera exitosa
