Sociedad
La despedida a un extrabajador de Los Andes: Abel Zapata falleció a los 69 años
hace 7 minutos
El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció este lunes que extendió hasta el 5 de junio próximo el período para presentar órdenes a fin de canjear los bonos elegibles por nuevos bonos.
La gestión de Axel Kicillof se vio obligada a realizar esta extensión del plazo dado que, al igual que el Gobierno nacional, no pudo alcanzar un acuerdo para reestructurar el pasivo de la provincia más grande de la Argentina.
El plazo que vence mañana había sido establecido por el gobierno bonaerense el pasado 10 de mayo, cuando amplió por primera vez el periodo de negociaciones para reestructurar un pasivo de 7.148 millones de dólares.
La provincia está en default selectivo desde ese mismo día dado que no pagó un vencimiento de 110 millones de dólares por un bono que también es parte del proceso de reestructuración que busca la gestión Kicillof.
“Esta nueva extensión responde a la continuidad de las conversaciones de buena fe con los tenedores de títulos elegibles de la provincia que todavía no han aceptado la propuesta”, dijo el ministerio de Hacienda y Finanzas provincias en un comunicado de prensa.
En ese texto oficial, la gestión Kicillof ratificó su “voluntad de avanzar hacia una solución superadora que permita maximizar la aceptación y preserve al mismo tiempo los objetivos de sostenibilidad ya exteriorizados”.
La cartera que lidera Pablo López resaltó “el compromiso y responsabilidad provincial con el establecimiento de medidas tendientes a contener la propagación del Covid-19, sobre todo en las áreas que mayor riesgo presentan”.
“Este esfuerzo necesario en pos de la salud pública, ha llevado a la Provincia a una situación de mayor fragilidad en términos fiscales de lo que se preveía al inicio de este proceso. Esta situación ha limitado aún más el margen para volcar recursos al pago de servicios de deuda durante los primeros años”, dijo la cartera económica.
Por ello, agregó que en este contexto, resulta fundamental que la solución a la que conjuntamente se arribe con los acreedores “preserve el espacio suficiente para implementar políticas tendientes a reactivar la economía y generar capacidad de pago en los próximos años”.
