El ministro Martín Guzmán debió recordar -de seguro como pesadilla- el decreto 648 de 2001. Aquél que firmó Domingo Cavallo para encarar el megacanje de la deuda externa heredada por el gobierno de la Alianza. Le valió a Cavallo y su equipo un largo juicio de residencia. Un proceso que incluyó un pedido de captura internacional para David Mulford, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos.
De modo que Guzmán comenzó el proceso de reestructuración de la deuda -al cual el gobierno de Alberto Fernández le apuesta todas sus fichas- con un proyecto de ley enviado al Congreso para cubrirse las espaldas.
La vasta emergencia aprobada en diciembre ya le daba facultades para resolver sobre la reprogramación de la deuda. Igual Guzmán pidió al Congreso una ley para que ningún profesor de Derecho (de esos que cultivan ácido cuando merodean la oposición) imagine en el futuro el iter criminis de una operación compleja, que involucra comisiones que el propio proyecto cuantifica en un 0,1% de la deuda a canjear.
No es un dato menor. El monto de deuda a reestructurar va de los 30 a 50 mil millones de dólares, según estimó el periodista Néstor Scibona, consultando especialistas. Sin incluir al FMI con otros 44.000 millones. El rango de comisiones que Guzmán le pide al Congreso es la primera señal de que la reestructuración ya está en marcha, al menos en los borradores de los bancos de inversión.
Falta conocer la razón social del grupo de bancos que tendrá en sus manos el nuevo megacanje de la deuda argentina.
Hasta el momento sólo se conocía la decisión de continuar con el mismo estudio de abogados: Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Un bufete cuya descripción disponible para el gran público parece todo un homenaje al asesoramiento de Gustavo Béliz: “Una firma internacional de abogados de zapatos blancos” (la alusión metafórica al calzado es un reconocimiento a la trayectoria y el prestigio, habitual en la jerga de Wall Street).
El rango para las comisiones bancarias y el escudo parlamentario a futuro son señales del Gobierno. Para los gestores y para sí mismo. Para las perplejidades comprensibles de sus propios funcionarios que ya vieron a Cavallo fatigar los tribunales. Pero no para los acreedores.
A los tenedores de bonos, el proyecto de Guzmán sólo les envió como mensaje una obviedad: la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.
Se trata de una obviedad necesaria. En sus últimos extravíos como presidenta, Cristina Fernández intentó forzar, con una ley en sentido contrario, una negociación con los tenedores de deuda impaga. Buscaba sacar la jurisdicción de las manos, en un expediente perdido, al fenecido juez Thomas Griesa. Cristina tenía mayoría en el Congreso y consiguió aprobar esa idea que le arrimó Axel Kicillof.
Como era previsible, el rebusque no prosperó. Sólo funcionó como el mal recuerdo que ahora el Gobierno está obligado a exorcizar por ley.
Como muchos de los actores son los mismos de entonces, el texto enviado por Guzmán al Parlamento es una perla para escolásticos: autoriza al Gobierno a renunciar a la oposición de la inmunidad soberana ante tribunales extranjeros...en nombre de la inmunidad soberana. Con algunos disclaimers como para evitar el remate de alguna embajada o el secuestro de alguna fragata.
La oposición recibirá esta semana el proyecto con la parsimonia de los que regresan del mismo desierto. Intentará que Guzmán incluya, en su estrategia de negociación, a las provincias endeudadas. El recurso no es nuevo: se lo aplicó el peronismo a Cavallo, en tiempos del megacanje.
La similitud de actores y escenarios incluye una novedad compleja para Guzmán. Del lado de las provincias endeudadas está Kicillof. El ex ministro se lanzó a una arremetida con una iniciativa que extrañó a los mercados. Puede dejar a la provincia de Buenos Aires en situación de default por una deuda de menor envergadura, generada durante su gestión como ministro. Cuando la Nación, impedida de acceder al crédito, apuraba a Daniel Scioli para que auxiliara a la Casa Rosada por la colectora que llega desde La Plata.
La respuesta de los mercados al tango por la vuelta de Kicillof fue de estilo: afuera es noche y llueve tanto. El gobernador bonaerense estiró el plazo del ultimátum. Mientras, complicó la situación general. La suba del riesgo país y el recalentamiento del dólar real corroen el valor nominal de los bonos argentinos y aumentan la tasa de salida que los acreedores calculan para el megacanje que propone Guzmán.
Kicillof puede defenderse arguyendo que mayor daño infligió a los títulos nacionales el vaticinio drástico del mentor de Guzmán: el economista norteamericano Joseph Stiglitz auguró pérdidas significativas para los acreedores de Argentina. Dinamita marca Nobel.
Guzmán podría haber utilizado como paliativo los datos heredados del antiguo régimen. Según cifras oficiales, la gestión Macri dejó un déficit fiscal de 0,44% y uno financiero de 3,76% del PBI. Una señal adecuada para quienes evalúan solvencia a futuro. El dato fue desmerecido con una instrucción política: primero, la grieta.
