Por YPF y la deuda, Cristina y Scioli miran Mendoza

La gran puja política que domina hoy a Mendoza inquieta en las grandes esferas nacionales. Desde la situación interna por la que atraviesa el partido de gobierno, con los enfrentamientos entre el gobernador Francisco "Paco" Pérez y su vice Carlos Ciurca a la orden del día, que tanto desde la Casa Rosada como desde el entorno de Daniel Scioli -hoy el principal punto de comunión de gran parte del PJ mendocino- miran con mucha atención, hasta el desplante que le hizo YPF a la Provincia por la licitación de las nuevas áreas petroleras distribuidas en Malargüe y San Rafael, son temas que generan interés exacerbado.
 
Hay que sumar a este combo la tensión que va in crescendo entre el justicialismo y el radicalismo provincial, que ha vuelto a tomar como eje de conflictividad la deuda pública que Pérez quiere tomar luego de conseguir cambiar la Ley de Contabilidad de la provincia para usar el Presupuesto 2013, a falta de plan de gastos 2014.

La decisión de YPF de no presentarse a la licitación de las ocho nuevas áreas petroleras fue un mal debut para EMESA, la empresa que se creó para que el Estado provincial tenga un instrumento, como el que tienen otras provincias petroleras, que le permita ser parte del negocio hidrocarburífero y dejar de ser sólo el poder concedente y fiscalizador.

Dos versiones conviven en esta decisión del CEO Miguel Galuccio de retirarse de la licitación luego de haber pedido prórrogas y de haber sostenido negociaciones con el propio Pérez, primero en buenos términos y después con acusaciones subidas de tono.

La primera es la que dio el Gobierno provincial, que enmarcó la jugada de YPF en un conflicto que trasciende a Mendoza y tiene que ver con el gran avance de Gas y Petróleo, la empresa de Neuquén que tiene una amplia participación en la explotación y exploración de áreas clave de su provincia, en algunas de las cuales es socia de empresas multinacionales y también de YPF. Galuccio no está de acuerdo con este modelo de negocio, donde el Estado argentino se superpone a través de YPF y de las empresas provinciales.

Esta oposición es más que una simple objeción porque de ahí surge la necesidad expresada por muchos kirchneristas de cambiar la Ley de Hidrocarburos para darle al Estado nacional mayor poder en la política energética, lo que sería en la práctica una contra-reforma de las conquistas que a través de la Constitución de 1994 y de la Ley Corta consiguieron las provincias como dueñas de sus recursos naturales y por ende como administradoras de los mismos.

"Tanto en Neuquén como en Mendoza la provincia transfirió la potestad de los recursos naturales a las empresas provinciales de energía, por lo que no es tan fácil desde lo jurídico dejar de lado a las empresas de energía. La lógica de YPF es que si YPF es una empresa estatal, donde hay participación de las provincias, ¿para qué una nueva participación? Nosotros decimos que la participación del 10% que se exige en los pliegos no afecta en nada la operatividad de YPF", se defendió Pérez la semana pasada.

Galuccio le respondió desde Chubut, donde anunció un descubrimiento de reservas muy importantes: "Pienso que el acarreo (por el cual la empresa provincial se suben al proyecto con una participación que no debe ser inferior al 10%, según el pliego que lanzó EMESA, pero no se hace cargo de los desembolsos ni del riesgo) es un sistema que básicamente va a hacer que muchos proyectos caigan por debajo del punto (de rentabilidad) que definen las compañías para invertir", dijo el CEO y, al ser consultado sobre la posibilidad de regular esta modalidad, el ejecutivo dijo que "pienso que es un sistema regresivo. Cargale a un proyecto en el que tenés que invertir US$ 15.000 millones, un 15 a 20% de acarreo y después decime cómo te va en lo económico, sobre todo en la producción que hoy tenemos en Vaca Muerta. Creo que la discusión puede ser incómoda, pero hay que darla".

Jorge Capitanich estuvo al tanto minuto a minuto de las conflictivas negociaciones entre Mendoza e YPF, que finalmente no llegaron a buen puerto. Por ahora, la Casa Rosada no ha dado indicios de si intervendrá más directamente en la pelea que involucra a todos los gobernadores petroleros, quienes iniciaron una suerte de incipiente revolución en marzo cuando el hombre que más influye en las decisiones de la Presidenta, el secretario Carlos Zannini, dejó saber que las provincias deberían pagar el 49% de los U$S 5.000 millones que se le terminó entregando a Repsol en concepto de indemnización por la quita de sus acciones en YPF.

Pero hay otro elemento que causó irritación en algunos actores del sector de los hidrocarburos en cuanto a la licitación de las nuevas áreas mendocinas: que empresas más chicas y con menos experiencia que YPF sí se interesaron en el negocio, entre ellas una UTE formada por las firmas Kilwer y Andes Energía pertenecientes a los dueños de los medios de comunicación José Luis Manzano y Omar Álvarez, quienes no son nuevos en este tipo de licitaciones hechas por los gobiernos peronistas ya que se quedaron con varias áreas en 2008, gran parte de las cuales luego la vendieron a otras firmas, incluyendo YPF, generando un negocio que en la jerga se denomina "inmobiliario" y demorando la exploración y explotación de las áreas concedidas (que en su mayoría siguen sin producir una gota de crudo). Esto hizo temer a muchos actores del negocio petrolero por el incierto futuro de las nuevas áreas.

El segundo gran tema que llama la atención en los despachos oficiales de Buenos Aires es la puja entre Pérez y la UCR mendocina por el endeudamiento. El partido de oposición ya llevó el tema a la Suprema Corte provincial porque entiende que la ley de Contabilidad debió votarse con dos tercios y no con mayoría simple si lo que se estaba haciendo era reconducir el Presupuesto 2013 para poder tener autorización legislativa a fin de tomar nuevos empréstitos.

Como la Corte tiene tiempos lentos y el Gobierno provincial quiere emitir un bono en pesos, la UCR inició un silencioso lobby en la city porteña para advertir a los bancos que quieran colocar los títulos que de llegar en 2015 al Ejecutivo provincial el radicalismo desconocerá la deuda por haber sido "tomada ilegítimamente".

Este conflicto en puerta tiene como protagonista al ministro de Hacienda Marcelo Costa, quien ha tendido buenos lazos con otros ministros de otras provincias y en especial con la sciolista Silvia Batakis. Con la ayuda de la Nación y de Scioli, Costa intenta esterilizar el lobby radical mientras Pérez advierte por los medios mendocinos que no podría pagar los aguinaldos si la Corte acepta el amparo pedido por la UCR.

Costa, un hombre de extrema confianza de Pérez también en términos de política partidaria, ha pasado a ser uno de sus nexos con Scioli. El gobernador bonaerense está haciendo uso de sus facultades dialoguistas para que las asperezas internas del PJ mendocino vayan limándose y en este objetivo entiende que Costa, que tiene excelente relación con parte de su gabinete, puede ser útil para que Pérez y Ciurca dejen de lado los recelos.

El mensaje es claro: se necesita al peronismo mendocino unido para poder ganar en 2015, más teniendo en cuenta la agresiva estrategia radical de cuestionar la administración de Pérez en temas clave como las finanzas y la política de hidrocarburos.

Respecto a ésta última, después del Mundial de Fútbol la UCR podría agudizar su presión sobre Pérez con un informe que está en marcha con el que se buscará demostrar que la reestatizada YPF no ha traído beneficios reales para Mendoza, de modo de ponerlo al mandatario en el aprieto público de tener que negarse a revertirle las áreas concesionadas que tengan peores performances. Una jugada que pondría a Pérez en la obligación de defender a Galuccio, hoy un hombre que genera pocas simpatías en los gobernadores petroleros.