Hace unos días el presidente Mauricio Macri expresó: "No queremos seguir tomando deuda y obligar a nuestros hijos y nietos a tener que pagarla". Y pidió a quienes tienen responsabilidad pública de administrar los recursos hacerlo con cuidado y equilibrio.
Agregando luego, como no puede ser de otra manera en su estilo, que "2018 será un gran año para los argentinos, que vamos a seguir creciendo". Es imposible no compartir las buenas intenciones del Presidente respecto de la deuda pública y la administración de los recursos.
Pero lamentablemente la deuda aumenta y lejos estamos de poder afirmar que todo lo que se gasta esté bien gastado. El gobierno en esta materia está bien orientado, el camino es largo y duro, pero no estaría mal apurar el paso.
La deuda pública, su incremento y características son la consecuencia de la enfermedad crónica argentina: el enorme déficit fiscal, producto de un desmesurado gasto público imposible de financiar en forma genuina.
En el anterior gobierno el déficit se financió con emisión monetaria y echando mano a cuantos fondos hubiera disponible en el Estado. Los recursos de los jubilados de la Anses en primer lugar, las seudo ganancias contables del Banco Central, los adelantos transitorios del mismo organismo a cambio de papeles sin valor alguno, los fondos del Banco Nación.
El gobierno de Cambiemos dispuso sincerar la situación fiscal, no esconder el déficit, explicitarlo y financiarlo como corresponde tomando deuda pública interna y, sobre todo, externa.
Justamente pocas horas después de las declaraciones del Presidente se emitió el Decreto 2/2018, por el que el gobierno dispuso la ampliación de un permiso para emitir 15 mil millones de dólares en bonos con jurisdicción en EEUU e Inglaterra. Inmediatamente el Ministerio de Finanzas procedió a hacer una colocación de 9 mil millones en tres tramos a 5, 10 y 30 años, con tasas relativamente bajas para el primero, pero bastantes altas para los otros dos.
Se argumenta que el apuro en la colocación tiene que ver con una apreciación técnica de que los mercados financieros están en un buen momento para hacerlo, podrían no estarlo más adelante.
La deuda pública total consolidada de todos los niveles y dependencias del Estado se ubica en los 342 mil millones de dólares y las necesidades de financiamiento, emisión de deuda para este año es de 30 mil millones.
El ministerio de Finanzas ha anunciado la intención de colocar más deuda en el mercado interno que afuera. Este organismo proyecta un crecimiento del endeudamiento para los próximos años, tanto en cifras absolutas como en términos relativos al PBI. En este caso la relación pasaría de 28,5% el año pasado, a 34,3% en 2019 y 37% en 2020.
El debate sobre la deuda pública, presente a lo largo de toda nuestra historia, está abierto nuevamente. Es demasiado alta o no. Economistas con larga experiencia y conocimiento de la historia económica sostienen que tanto el nivel como el crecimiento de la deuda han entrado en zona de riesgo.
La deuda coloca al país en situación de vulnerabilidad frente a acontecimientos externos que puedan alterar las tasas de interés y cortar los flujos de capital. Los shocks externos que tantas veces hemos vivido. Otros sostienen, al igual que el gobierno, que la situación es manejable, al menos en el actual contexto financiero internacional no advierten riesgos.
Resulta interesante una consideración respecto a la afirmación del Presidente referida a la deuda que pesaría sobre las generaciones futuras. En realidad esto ocurre siempre así, de una manera u otra; el ejemplo es el bono colocado a 30 años.
En general las deudas se renuevan, se pagan los intereses, de ahí la importancia de las tasas. La cuestión de fondo en nuestro caso es el origen del problema que remarcamos constantemente en esta columna, el enorme déficit fiscal.
Va a llegar un momento en el que no nos van prestar. Entonces la economía caerá y la deuda se pagará con retraso. Es la historia de 50 años.
