Ni los elogios de Cristina Kirchner ni su buena relación con el Papa Francisco impidieron la peor noticia en su carrera como gremialista.
El sindicalista Omar “Caballo” Suárez, ex titular del SOMU, fue detenido tras una orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, en una causa por supuesta corrupción. El dirigente, además, había sido imputado recientemente por lavado.
Suárez, que fue detenido el lunes pero recién trascendió ayer, estaba acorralado desde abril: desde ese mes se empezaron a destapar varios hechos de corrupción a raíz de los informes que las intervenciones, tanto del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), a cargo de Gladys González, como de la Obra Social, a cargo de Ramiro Tejada, presentaban al juzgado de Canicoba Corral.
“Estaba procesado por dos delitos bastantes graves, al borde de ir a juicio oral, y ahora hubo una ampliación por delitos muy graves: se le imputa ser el organizador de una asociación ilícita, compuesta por otros, y de alguna manera de haber entorpecido la investigación”, dijo el juez Canicoba Corral, en declaraciones a radio Splendid.
La orden de detención constaba en un informe de casi 30 páginas y, por el momento, sólo se previó la detención de Suárez, según informaron fuentes judiciales a este diario. Sí hay otras diez personas procesadas como miembros de esa asociación ilícita, aunque en esta decena de casos aún no hay dictada una prisión preventiva.
Es que muchos de ellos revistaban como accionistas o directores de las múltiples empresas que se habían creado en torno al gremio. Entre otros figuran el ex tesorero Juan Manuel Medina, la hijastra de Suárez, María del Carmen Cabrera Peña y su yerno, Adolfo Vissani.
Los detractores de Suárez dentro del gremio veían que “el Caballo” había armado un emporio y que uno de los principales puntales que lo posicionó como empresario fue cuando el gobierno de Cristina Kirchner dio luz verde, bajo el paraguas del discurso K de “recuperar la marina mercante de nuestro país”, a la firma de un convenio con Marítima Maruba para que los gremios participaran (sólo se sabe que el SOMU fue el único que participó), como accionistas, de esa empresa naviera.
Con el tiempo, una investigación del diario Clarín dio cuenta de que esas acciones nunca llegaron al SOMU.
En febrero, ese magistrado, que libró su pedido de detención, había decidido intervenir no sólo al SOMU sino también a la empresa San Jorge Marítima (SJM) y la Fundación Azul. Sobre SJM, González había encontrado desvíos de fondos derivados de cursos de capacitación que no se dictaban.
Quince días atrás el juez había dispuesto que la intervención debe terminar para principios de marzo de 2017 (aunque se puede prorrogar): para esa fecha, el gremio debe llamar a elecciones y elegir a una nueva conducción.
Más allá de que la detención de Suárez es un avance hacia el saneamiento también vale aclarar que muchos sedes regionales del gremio aún están tomadas por gente vinculada a Suárez y a las que la intervención aún no pudo acceder.
