Política
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hace 10 horas
El ex intendente del municipio bonaerense de Lincoln Jorge Fernández, del Frente para la Victoria, fue detenido hoy por la presunta comisión de delitos de corrupción junto a cuatro ex funcionarios de su administración, informaron fuentes del departamento judicial de Junín.
Se trata del dirigente kirchnerista que condujo esa comuna entre 2003 y 2015. Está acusado por los presuntos delitos de asociación ilícita, malversación de fondos públicos, adulteración de documentos y uso de documentos adulterados en 39 hechos.
La detención se produjo en el marco de una causa abierta a partir de una denuncia realizada en el 2016 por el actual jefe comunal de esa ciudad, el radical Salvador Serenal, de Cambiemos.
Lincoln se encuentra ubicada a 66 kilómetros de la ciudad de Junín y a 327 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Según consignarom fuentes judiciales,el ex intendente kirchnerista -que se desempeñó durante tres mandatos consecutivos- quedó detenido en una dependencia policial del distrito de General Pinto.
El 15 de noviembre de 2016, el actual intendente Serenal denunció a su antecesor por presunta defraudación a la administración pública; malversación de caudales públicos; administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales; cohecho; asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
En la causa, la Justicia trabaja junto a instructores especializados de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración, indicaron las fuentes.
El fiscal Javier Ochoaizpuro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Junín, también ordenó detener al ex funcionario Walter Fernández, ex contador general; a Mario Ruiz, ex secretario de Gobierno; a Silvia Mazaitez, ex empleada de Tesorería; y Marcelo Torto, el ex Tesorero.
Ochaizpuro confirmó que "se trata de 39 hechos y aún queda avanzar en otros", y anticipó que mañana les tomará declaración tanto a Fernández como a los demás ex funcionarios comunales detenidos.
Por su parte, el actual jefe comunal confirmó también, en diálogo con Télam, la detención de Fernández y otros cuatro ex funcionarios comunales en el marco de la denuncia que él mismo realizara en noviembre del 2016.
"Nosotros hicimos público que encontramos un municipio devastado, a partir de ello se inició una investigación y hoy fuimos notificados de las detenciones", afirmó Salvador Serenal.
En ese marco, expresó su deseo de que "se haga justicia" y subrayó que, quienes ejercen la función pública, tienen "la obligación de denunciar este tipo de delitos" y, si no, se convierten en "cómplices".
"Hay mucho más para investigar ya que hasta el momento hay 80 hechos comprobados y seguimos adjuntado información a la causa", apuntó el actual jefe comunal, perteneciente a Cambiemos.
En este sentido, sostuvo que, en el caso de Fernández, "hubo un enriquecimiento ilícito alevoso" y señaló, entre otras maniobras, que "se inventaban proveedores cuyos nombres existían pero eran de otras provincias y no prestaban ningún servicio a la comuna para cobrar cheques".
"Estas cosas hicieron daño a quienes más lo necesitan. Cuando decimos que la corrupción mata nos referimos a que por su culpa no hay salud, rutas o viviendas. En muchos casos, quienes llegan al poder perjudican al que más lo necesita diciéndose defensores de los más humildes", sostuvo Serenal.
Un fallo del Tribunal de Cuentas bonaerense de 2015 y una ampliación posterior le había impuesto al entonces intendente multas de hasta 8 millones de pesos correspondientes al ejercicio de gestión de 2011.
Ese trabajo, no obstante, dejó al descubierto cómo operaban en la gestión de Fernández en la adquisición de bienes y servicios por proveedores que no estaban inscriptos en el municipio; facturas cobradas por funcionarios; firmas que no coinciden entre los cheques y los Recibos de Pago; y contribuyentes que no están registrados en la AFIP, entre otras irregularidades.
En tanto, la denuncia radicada por la gestión de Serenal -basada en una auditoría externa que encargó apenas asumió el cargo, en diciembre del 2015- había dado cuenta también de "la existencia de más de 300 líneas telefónicas móviles de la empresa Movistar pagas por el municipio, y hasta incluso la constitución de un sindicato de trabajadores municipales trucho, que no tenía inscripción".
Así lo había consignado en aquel entonces, en declaraciones a medios locales, el secretario de Legal y Técnica munipal, Diego Corral, quien había indicado además que la investigación se había basado en el incremento patrimonial exhibido por Fernández, quien asumió su cargo en el 2003 con "una situación financiera desastrosa" y finalizó su gestión "con varias propiedades a su nombre".
