Cuatro adversarios del gobierno de Nicolás Maduro fueron encarcelados en Venezuela tras la activación de un “comando antigolpe”, el puño de hierro con el que según analistas el presidente enfrentará a la oposición entre crecientes tensiones.
Tres días después de que la mayoría opositora en el Parlamento declarara a Maduro en “abandono del cargo”, culpándolo de la crisis política y económica, el general en retiro Raúl Baduel fue enviado nuevamente a prisión.
Ex ministro de Defensa del fallecido ex presidente Hugo Chávez (1999-2013) y luego crítico de su gobierno, Baduel, de 61 años, estaba en libertad condicional desde agosto de 2015 y este jueves fue acusado de maniobras desestabilizadoras.
El miércoles, agentes de inteligencia también apresaron al diputado Gilber Caro y a los concejales Jorge Luis González y Rosmer Rubio, de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
“La única herramienta que tiene el gobierno frente al pueblo es utilizar el miedo y el terror y por eso ha juramentado un grupo que ellos llaman comando antigolpe”, dijo ayer a periodistas Julio Borges, presidente del Legislativo.
El ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, aseguró que fue develado “un plan terrorista desestabilizador”.
La denuncia echó a andar el “Comando Nacional Antigolpe”, que Maduro activó el martes en cabeza de su vicepresidente, Tareck El Aissami, quien se autoproclama “radicalmente chavista”.
Reverol aseguró que el general Baduel mantenía reuniones conspirativas, y que los otros capturados estaban en posesión de armas y explosivos.
Poderes irreconciliables
Para el politólogo Manuel Malaver, las detenciones representan “un capítulo de máxima tensión” en el choque de poderes que vive Venezuela desde que la oposición tomó control del Parlamento en enero de 2016 con amplia mayoría.
“Llegó el momento en el que parece imposible que coexistan los poderes y estamos viendo una escalada hacia una mayor confrontación”, declaró Malaver.
La declaración de abandono de cargo contra el presidente fue anulada el miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir al gobierno-, al ratificar que la cámara ha desacatado varias de sus sentencias.
Mientras la pugna se caldea, la oposición descarta reanudar el diálogo con el gobierno para superar la crisis.
No obstante, con el fin de reactivar las conversaciones, los delegados del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) -acompañantes del proceso- viajarán a Caracas la próxima semana.
La MUD congeló las negociaciones el 6 de diciembre para presionar al gobierno a que acepte un adelanto de las elecciones presidenciales, previstas para diciembre de 2018, pero Maduro descarta de plano esa posibilidad.
Además, la oposición convocó a una marcha el 23 de enero, que el gobierno relaciona con el supuesto complot.
“La situación es peligrosísima y no veo disposición de las partes a sentarse y llegar a acuerdos”, afirmó Malaver.
La oposición ha advertido que el nombramiento de El Aissami como vicepresidente, la semana pasada, hace prever un aumento de la “represión” en Venezuela, donde según la MUD hay un centenar de “presos políticos”.
El mayor en retiro Clíver Alcalá, antiguo aliado de Chávez y adversario de Maduro, compara el “comando antigolpe” con las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), ofensivas del gobierno contra la delincuencia que dispararon las denuncias de violaciones de derechos humanos.
“El comando antigolpe es la OLP para la política, para los que piensan distinto, con la que Maduro busca perpetuarse en el poder”, dijo Alcalá.
Aunque la Fuerza Armada ha manifestado su “lealtad absoluta” a Maduro, Alcalá, confeso chavista, sostiene que el estamento militar “no es una excepción dentro del descontento generalizado”.
Tanto Alcalá como Malaver creen que Maduro busca “bloquear” cualquier elección ante su bajísima popularidad. Para este año están previstos los comicios de gobernadores, que debían realizarse en 2016 y fueron pospuestos para el primer semestre.
En octubre pasado el poder electoral suspendió el proceso para un referendo revocatorio contra el mandatario.
Vincula a la esposa de Leopoldo López
El gobierno venezolano vinculó ayer a Lilian Tintori, esposa del encarcelado opositor Leopoldo López, con un supuesto intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.
El ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, difundió un diálogo telefónico entre dos personas a quienes identificó como Tintori y el diputado Gilber Caro, detenido el miércoles en posesión de un fusil y explosivos, según el gobierno.
“Se ha develado en estos últimos días un plan terrorista desestabilizador (...) por miembros de la ultraderecha”, aseguró el ministro.
De acuerdo con el gobierno, se buscaba generar violencia en el palacio presidencial de Miraflores para rescatar a López, condenado en setiembre de 2015 a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia durante protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos en 2014.
La Justicia insiste en el desacato del Parlamento
El máximo tribunal venezolano determinó que el Parlamento, de mayoría opositora, continúa en desacato y por lo tanto todas sus decisiones son nulas.
“Ante la instalación de la Asamblea Nacional y elección de una nueva junta directiva, el 5 de enero de 2017, estando en desacato al Poder Judicial, las actuaciones parlamentarias desplegadas desde ese día también son nulas”, advirtió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en una nota de prensa.
Hace un año, el TSJ declaró en desacato al Legislativo por haber juramentado a tres diputados opositores, cuya elección fue suspendida a raíz de una demanda de fraude del chavismo.
Los tres asambleístas fueron desvinculados formalmente el pasado viernes, a instancias de la directiva elegida para el período legislativo que comenzó el 5 de enero.
El TSJ, acusado por la oposición de servir al chavismo, resolvió que también es nula una sesión parlamentaria del 9 de enero.
Ese día, la mayoría opositora declaró el “abandono del cargo” del presidente Nicolás Maduro, al acusarlo de incumplir sus funciones en medio de una grave crisis política y económica.
El mandatario afirmó que con esa decisión la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) intenta darle un golpe de Estado, por lo que creó un “comando antigolpe”.
Según el máximo tribunal, la situación de desacato debe ser superada por la junta directiva anterior y no por la nombrada el 5 de enero.
“La Sala Constitucional ordena a los diputados que conformaron la junta directiva durante el año 2016, que antes de instalar el segundo período de sesiones y elegir válidamente a la junta directiva para el año 2017, deben hacer cesar el desacato al Poder Judicial”, subraya.
