Un socio de la empresa organizadora de la fiesta electrónica Time Warp y el responsable del plan de evacuación fueron detenidos ayer en la causa que investiga la muerte de cinco jóvenes en ese evento. En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admitió que hubo efectivos de Prefectura Naval que “no cumplieron estrictamente con la ley”.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura que busca reducir daños y riesgos en fiestas electrónicas y afirmó que, mientras tanto, no darán nuevos permisos para ese tipo de eventos.
El socio de Dell Producciones, Maximiliano Avila, y el responsable del plan de evacuación de Time Warp, Carlos María Garat, fueron detenidos y serán indagados hoy junto a dos prefectos que encabezan una lista de más de 30 personas citadas a declarar por el juez Sebastián Casanello.
En el marco de la causa, en la que el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, pidió ser querellante, declararon los conductores de televisión Alejandro Wiebe, conocido como Marley, y Hernán Caire, quienes estuvieron en el sector VIP de la fiesta en la que murieron cinco jóvenes tras ingerir drogas sintéticas.
Fuentes judiciales dijeron que Marley sostuvo no haber visto “venta de drogas en el complejo, ni le ofrecieron, pero reconoció que vio a personas que por su estado daba la sensación que podían estar drogadas” y Caire expresó que “los controles los realizaba tanto la Prefectura como la seguridad privada”.
Como parte de la investigación, en la que otras tres personas permanecen detenidas acusadas de vender droga, el viernes se hicieron allanamientos en búsqueda de documentación en oficinas de la Dirección Nacional de Control de la Calidad Ambiental porteña, la Dirección de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la de Higiene y Seguridad Alimentaria.
Asimismo, permanece prófugo el presidente de Dell Producciones, Adrián Conci, y su abogado, Fernando Burlando, dijo que “se va a presentar” ante la justicia “en la calidad que sea, como detenido o en libertad” y será “esta semana o la venidera”.
La ministra de Seguridad sostuvo que “la responsabilidad fundamental que nosotros vemos es que, en el momento en el que se recibe un material desconocido, pero imaginable para alguien que es oficial de la fuerza, no haya comunicado de manera inmediata al juez”.
Bullrich, en conferencia de prensa, destacó que eso “ha llevado a la autoridad de Prefectura a separar no solamente a 39 efectivos de la fuerza, sino a los dos jefes que podían tener relación directa con esos subordinados”.
“Es decir, esos subordinados no cumplieron estrictamente con la ley. No todos. No lo sabemos. Pero, por un tema de prudencia institucional, se decidió separar a todos”, manifestó la ministra.
