En la puerta del edificio de Delitos Especiales y de Investigaciones fue detenido un psiquiatra forense del Poder Judicial que le habría pedido 15 mil pesos al padre de un recluso para facilitarle la prisión domiciliaria.
El profesional de la salud, Luis Chacón, fue detenido junto al penitenciario Pablo Espagnolo y a un joven que también estaría implicado en el caso. El fiscal especial Santiago Garay investiga si estos mismos personajes protagonizaron otros casos similares de cohecho.
La situación de los detenidos es complicada porque los investigadores hicieron escuchas telefónicas y hasta fue filmado. Todos fueron imputados por cohecho (coimas).
"Lo más llamativo es que estaban en la puerta del edificio de Delitos Especiales y por la ventana los estábamos filmando", explicaron fuentes fiscales.
El caso comenzó hace tres semanas, cuando los familiares de un preso en Boulogne Sur Mer pidieron la prisión domiciliaria del detenido que está condenado por robo agravado. Para ello se necesita una pericia psicológica y una encuesta ambiental en su domicilio.
Días más tarde el padre del recluso comenzó a recibir mensajes de texto: "Lo podemos ayudar con el tema de su hijo" o "quédese tranquilo con lo de F."
Luego, el hombre recibió llamados de una personas que dijo ser psicólogo del Cuerpo Médico Forense y de otra persona que dijo ser penitenciario.
"Le dijeron a mi papá que ellos podían hablar con un superior para que los papeles salieran bien", explicó ayer un pariente del interno que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias contra el joven detenido.
"Entonces mi papá les dijo, vamos al grano y ellos le respondieron que querían 15.000 pesos. Tenemos los mensajes de texto y la grabación de las conversaciones", dijo la fuente consultada por Los Andes.
Mensajes intimidatorios
Así las cosas, hace unos 10 días, las víctimas llevaron ese material al despacho del fiscal Especial Garay, quien ordenó comenzar la investigación, pidiendo que se intervinieran los teléfonos de la víctima.
Los mensajes continuaron y con amenazas: le decían al denunciante que si no pagaba, su hijo se quedaría "en la Casa de Piedra", aportando algunos datos intimidatorios como el nombre de los hermanos y la madre del detenido.
El miércoles pasado los presuntos coimeros oficiales, llamaron al denunciante y lo citaron en la explanada del ex Palacio Policial (Belgrano y Virgen de Carmen de Cuyo de Ciudad) donde funciona el Cuerpo Médico Forense, Investigaciones y Delitos Especiales, entre otros organismos de estado. El denunciante concurrió pero los presuntos coimeros no se hicieron presentes.
El viernes pasado, volvieron a llamarlo y lo citaron para las 11 en el mismo lugar.
Esta vez se hizo presente un hombre de unos 45 años, con lentes y traje (era el psiquiatra forense) y se entrevistó con el padre del detenido. En el lugar también estaba el penitenciario y otra persona que participó del ilícito.
Ni bien se entrevistaron con el denunciante, tres policías de Investigaciones que estaban vigilando la situación, los detuvieron.
Otros 20 casos de prisión domiciliaria bajo sospecha
El diputado Héctor Quevedo (UCR), presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad pidió que se informe sobre la forma en que se otorgó la prisión domiciliaria a 20 presos.
Se trata de 20 casos que fueron denunciados en la Bicameral de Seguridad por agentes penitenciarios, según explicó el legislador a Los Andes y que se podrían sumar a la del médico y el penitenciario detenido.
"Hace un mes, unos penitenciarios denunciaron presuntas irregularidades en la obtención de prisiones domiciliarias. Sólo se puede dar domiciliaria a gente muy anciana o a enfermos terminales y acá hay casos de presos que son muy jóvenes", explicó Quevedo.
Según el diputado radical, "estos presos no estarían bien psicológicamente y entonces no hay que darles domiciliaria sino internarlos en un psiquiátrico porque pueden ser peligrosos".
"Acá hay un red que estaría trabajando en esto. Abogados, médicos, funcionarios judiciales y penitenciarios. Por eso hemos hecho un pedido de informe a la Procuración de la Suprema Corte y al Ministerio de Gobierno", sostuvo Quevedo, quien dio el nombre de 20 presos -condenados por homicidio y robos agravados- que tienen domiciliaria y que la podrían haber obtenido tras el pago de coimas.
