La devaluación, ese mal que aqueja a nuestra moneda deteriorando su calidad, también se ha extendido tristemente a las investiduras de gobierno, a los atributos que deben reunir y expresar los representantes de los ciudadanos. Si bien el mal no es nuevo, ha sido el matrimonio Kirchner el que más intensa y tenazmente ha contribuido a la demolición de las instituciones y las investiduras de funcionarios, legisladores y jueces. Son de sobra conocidas las groseras expresiones del presidente Kirchner para con el ex presidente Menem.
Sus manifestaciones en arengas públicas y su manera de dirigirse a ministros y funcionarios era un modo de devaluar jerarquías, al igual que la práctica de no realizar reuniones de gabinete de ministros. Ambos Kirchner convirtieron a sus ministros en meros cumplidores de órdenes, más parecidos a ordenanzas que a funcionarios con las importantes responsabilidades que la Constitución establece. Esa devaluación ha alcanzado en particular al jefe de Gabinete. Lo mismo se puede decir del triste papel de los legisladores oficialistas que, a lo largo de una década, no han cumplido más función que la de levantar la mano según se los ordenaban desde el Ejecutivo y empleado la descalificación de los opositores como discurso.
Quizás sea en el uso del lenguaje y en los gestos donde se aprecia con mayor claridad el deterioro y la pérdida de dignidad de las investiduras, que han terminado afectando gravemente a las instituciones de la República. El uso constante de un lenguaje vulgar, grosero y chabacano, descalificador para quienes disienten, agraviante y amenazante no pocas veces; el abuso de los medios de comunicación estatales, todo ello ha contribuido notoriamente al deterioro de la investidura presidencial y ministerial. Debe decirse, no sin tristeza, que ese estilo ha ido siendo copiado por gobernadores (entre ellos el nuestro), legisladores, intendentes. Por cierto hay excepciones, pero el mal hábito se extiende.
Otro aspecto muy difundido que afecta gravemente a las instituciones republicanas es un exacerbado personalismo. Desde la Presidenta hacia abajo se dirigen al país como si lo habitantes fueran súbditos y no ciudadanos, como si sus cargos fuesen de origen divino y no hubiesen sido investidos democráticamente. Recordemos que al asumir su segundo mandato, la Presidenta se hizo entregar los atributos de mando por la hija y no por el Presidente del Senado.
Se ha perdido la calidad de magistrado, de representante transitorio del pueblo, para actuar como si las personas y los bienes fueran propiedad de los gobernantes (bueno, no son pocos los bienes que les pertenecen). Ese personalismo, muchas veces reviviendo las antiguas y malas prácticas del caudillismo, se ha potenciado exponencialmente con el reeleccionismo y un nepotismo que repugna a las buenas instituciones. Por otro lado, el uso de cuantiosos fondos públicos para publicitar las pobres (pero muy caras) gestiones de gobierno, acentúa los rasgos que hemos descripto.
Debe admitirse que el lenguaje vulgar y agresivo no es atributo único de los funcionarios; los medios de comunicación, especialmente orales, han sido pioneros en este asunto.
Hoy repugna al oído más curtido la procacidad que se usa en forma natural. Si tanto magistrados como comunicadores usan ese lenguaje, ¿qué podemos esperar que aprendan niños y jóvenes? Buena parte de ellos no saben pronunciar una frase de cinco palabras que no contenga una grosería. Todo esto también deteriora a las instituciones.
No puede dejar de mencionarse otra causa de tanto menoscabo: la carencia de austeridad. Demasiados funcionarios exhiben sin pudor riquezas (adquiridas en la función pública) y niveles de vida que chocan con la pobreza de la inmensa mayoría de la población. Ni hablar de los cambios de posiciones e ideas, de las contradicciones, del engaño y la mentira, moneda de uso cotidiano.
Se ha olvidado que los ejemplos deben venir de arriba hacia abajo en todos los órdenes de la vida social.
