Nueve presos por delitos graves que habían sido beneficiados con la prisión domiciliaria ante posibles contagios de coronavirus en Mar del Plata y que incumplieron la medida, deberán regresar a la cárcel si prospera un pedido realizado por la fiscalía general de esa ciudad balnearia para que se les revoquen las excarcelaciones, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de nueve hombres que estaban detenidos en la Unidad Penitenciaria de Batán, algunos de ellos por homicidios o abuso sexual, y que integraban la población de riesgo ante el posible contagio de Covid-19, por lo que la Justicia les había otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria.
Sin embargo, un equipo conformado por el Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata, a cargo del fiscal general Fabián Fernández Garello, debía realizar un protocolo de control periódico de los 49 presos que fueron beneficiados con prisiones domiciliarias.
Según las fuentes, este Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) realizaba comunicaciones diarias con los presos en distintos horarios, de manera telefónica y con la utilización de medios tecnológicos (video llamadas, envío de fotografías y geolocalización).
En ese marco, tras una semana de trabajo, se constató que había 9 casos de incumplimientos de distinta índole, entre los que se encuentran que no atendieron las llamadas telefónicas y luego se verificó que no se encontraban en sus domicilios.
Ante esta situación, los fiscales que intervienen en cada caso requirieron a los respectivos jueces que se revocara la prisión domiciliaria y se dispusiera la detención de cada uno de los imputados.
Fuentes judiciales aseguraron que estas peticiones se encuentran pendientes de resolución a la fecha.
Según un informe realizado por el Ministerio Público Fiscal, uno de los presos está imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado, otro por homicidio calificado, otro por robo agravado, otro por privación ilegal de la libertad y robo calificado, otro por homicidio culposo agravado y dos son casos en los que tiene intervención la Fiscalía de Flagrancia, por los delitos de robo agravado y amenazas agravadas.
Los últimos dos casos son personas condenadas por el delito de robo agravado y cuentan con intervención de la Fiscalía de Ejecución, informaron desde el Ministerio Público.