Por estos días hubo dos noticias muy importantes para nuestro país con el objeto de avanzar en la integración con Chile y con Brasil. En el caso de Chile, el Senado de ese país aprobó el Acuerdo de Libre Comercio con Argentina, que es parte del Protocolo 61 de Acuerdo de integración entre Chile y el Mercosur. El segundo, fue la reunión entre el presidente Macri y su par de Brasil, Jair Bolsonaro, donde acordaron avanzar en procesos de complementación en varias áreas y en profundizar un Mercosur más integrado al mundo.
Nuestra historia de proteccionismo es tan larga como la de Brasil, con la diferencia que en nuestro país, además, la protección se utilizó para repartir subsidios, para aumentar el gasto público improductivo que durante muchos años se fue financiando con emisión monetaria y endeudamiento externo. En los últimos años, el crecimiento del gasto fue tan descomunal que hubo que aumentar progresivamente impuestos en todas las jurisdicciones, tanto en Nación como en Provincias y municipios.
Estas noticias de mayor apertura económica y mayores acuerdos de libre comercio siempre deberían ser buenas porque amplía la posibilidad de aumentar la producción para acceder a nuevos mercados. Esto se debería traducir en mayores inversiones y en más creación de puestos de trabajo en el futuro.
Problemas internos
La llegada de estos esperados acuerdos encuentra a la Argentina en la peor posición competitiva. Más allá de la adecuación del tipo de cambio, el crecimiento de las tasas impositivas atenta contra cualquier posibilidad de avanzar, sobre todo por las retenciones a las exportaciones, pero por todo el componente que, básicamente, grava el valor agregado. Por eso nuestras exportaciones están cada vez más centradas en productos primarios. El Presidente de Brasil planteó la necesidad de flexibilizar el Mercosur, bajar aranceles y facilitar acuerdos bilaterales de los cuales, el convenio Argentina-Chile es un buen antecedente
Esto implica que hay que avanzar rápidamente en reformas estructurales a las cuales, hasta ahora, se resisten partidos políticos, funcionarios y sindicalistas. Y la necesidad de avanzar está dada porque, si no se hacen rápido las transformaciones, las empresas argentinas quedarán en desventaja frente a sus pares del resto de los países. Este es el momento en que se hace sentir el concepto de que la competitividad es sistémica, es decir, las empresas no podrán nunca ser competitivas si el Estado no es competitivo y si los funcionarios no son competentes.
El presidente de Brasil anunció que acelerará la reforma laboral en su país, que establece mecanismos flexibles de contratación, mientras en Argentina mantenemos convenios colectivos y una ley laboral del año 1974. Claramente, los sistemas productivos cambiaron de forma notable en los últimos 40 años y el avance tecnológico va planteando desafíos cada día más complejos.
En ese país, también, se ha iniciado un proceso para desregular la actividad económica, mientras en Argentina los sistemas de regulación se vuelven cada día más complejos para alimentar a una burocracia que no agrega valor sino que obstruye los procesos de creación de valor para las empresas, para la sociedad y la economía en general.
En el caso de Chile, hace muchos años su economía está bastante desregulada, las leyes laborales son más modernas y el país tiene firmados acuerdos de libre comercio con más 70 países, lo que le permite tener acceso a múltiples mercados con arancel cero.
Estas posibilidades están cada día más disponibles para las empresas argentinas, pero están trabadas por nuestros altos costos internos, donde los impuestos y las leyes laborales son un obstáculo permanente
Necesidad de reformas estructurales
La Argentina tiene un problema grave. Ni Chile ni Brasil van a detener sus procesos de modernización para esperarnos. Si Bolsonaro avanza un poco, las empresas argentinas quedarán descolocadas pese a la ventaja de libre comercio interno con Brasil y de que el real se ha revaluado a una paridad 10 a 1 con el peso. Además, perderá las ventajas en el mercado de Brasil si este país avanza en otros acuerdos de libre comercio. Esto demuestra que la competitividad no solo debe ser cambiaria sino que hay que trabajar seriamente en las reformas estructurales a la que se niegan a avanzar políticos y sindicalistas.
Estas reformas deben pasar por las leyes laborales y las cargas previsionales, pero también por una seria reducción del gasto público merced a reformas y modernización de la estructura estatal en todas sus dimensiones. Además hay que avanzar en un sistema que termine de reemplazar la actual Asignación Universal por Hijo, por otro sistema que promueva el trabajo y no como ahora, que estimula el desempleo formal y el trabajo en negro.
Por supuesto, la reforma del Estado es para bajar impuestos y remplazar algunos en los que se registra una doble imposición entre Nación y Provincias, así como otros impuestos regresivos, como Ingresos brutos, Ganancia Mínima Presunta o el conocido impuesto al cheque.
La necesidad no es ya un planteo ideológico sino una necesidad competitiva toda vez que nuestros socios avanzan a una velocidad mayor, mientras Argentina no avanza y pretende consolidar ventajas y privilegios sectoriales. En estas condiciones no habrá mejoras, no habrá inversión ni mayor empleo y, por supuesto, será imposible pensar en reactivación y mucho menos en desarrollo.
