La economía Argentina en 1903 era comparada con la de Estados Unidos. Hoy peleamos con naciones africanas los lugares entre 70 y 80. En América nos superan: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Colombia. En 60 años nuestra moneda perdió 13 ceros. O sea que para adquirir un dólar de hace años necesitaríamos un billón de pesos de hoy.
En educación la situación es peor, como lo acreditan los índices PISA que miden la calidad educativa de los países. La situación es de gravedad extrema. La heredará el próximo gobierno.
Economistas sostienen que las reservas no comprometidas ante organismos como el Ciadi, Club de París, hold outs y otros, no superan los U$S 10.000 millones. Menos que en 2001. El endeudamiento externo excede los U$S 260.000 millones, el doble de hace 10 años. La deuda interna, con el BCRA, la Anses, el PAMI y otros supera los U$S 240.000 millones.
La deuda pública aumentó el 300% en 12 años. La Inflación, por quinto año consecutivo, oscila entre 25 y 30% anual. El Gobierno reconoce que muchos precios superan los internacionales, con menores ingresos. La pobreza e indigencia superan 40%, considerando a quienes perciben menos de la canasta básica familiar estimada en $ 7.800 (jubilados, pensionados, subsidiados y millones de asalariados con bajos ingresos).
Disminución de la producción, con notable reducción de las exportaciones. Se estima en 4.500 los tambos que han cerrado en los últimos años y en 20.000.000 de cabezas el ganado perdido. 35% de la población no posee agua cien por ciento potable y cerca de 55% carece de servicios cloacales.
El elevado déficit habitacional, que supera las 3.000.000 de viviendas, no ha disminuido. Contrariamente se han multiplicado las villas miserias. Es deplorable el estado de gran parte de las rutas. Por falta de inversiones, importamos electricidad, gas y combustibles líquidos por cerca de U$S 15.000 millones anuales (que antes exportábamos).
Falta seguridad, tanto jurídica como personal. La salud y la educación padecen un terrible deterioro. Hospitales con grave deterioro, mientras aumenta el gasto público. ¿Qué hace el Estado? Gasta cada vez más, gran parte en política prebendaria, o en difundir pobres y escasos logros como reinaugurar obras hechas hace años.
Se está perdiendo la cultura del trabajo y el esfuerzo.
El gasto público ha crecido de tal forma, que los impuestos directos e indirectos gravan todas las actividades, duplicando a los países más desarrollados del mundo, que poseen servicios públicos de primer nivel contra los deteriorados o casi inexistentes en nuestro país.
Padecemos una estructura impositiva regresiva, con gran peso de la recaudación sobre los impuestos que paga toda la población, como es el IVA. El Gobierno lo presenta como si fuera un logro, cuando en realidad nos está indicando el tremendo incremento del déficit fiscal y la inflación (el peor y más generalizado impuesto), que se contrapone con la caída de la producción, generando inflación con recesión (estanflación).
Nos califican entre los peores países del mundo en competitividad. Un estudio conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), resalta que Argentina tenía, a fines de 2012, una presión tributaria de 37,3%, frente al promedio de 20,7% de América Latina, y de 34,1% de los países de la OCDE (reitero, que tienen excelentes servicios públicos).
Los datos sorprenden si se observa la evolución histórica: en 1990 el cobro de impuestos en el país era de 16,1% del PBI y de 20,1% en la crisis de 2001. Aumentó más de 60%. Más grave aún. Prestigiosos economistas estiman que, en 2014, la presión impositiva superó 40% del PBI, más del doble que hace 10 años, sin grandes obras ni una mejora de las prestaciones básicas del Estado hacia los contribuyentes.
En aumentos del IVA, Ingresos Brutos, Bienes Personales, etc., no se consideran otros indirectos, como los “especiales” que abonamos en los consumos, y que nos colocan con una presión impositiva muy por encima de países como Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Japón, Estados Unidos, Francia, y otros desarrollados del mundo.
Tal el caso de la aberrante ley Nº 23.681, de 1989, (gestión Menem) mediante la cual todos los usuarios del servicio de energía del país, contribuimos con la provincia de Santa Cruz con 6 por mil del valor de la factura mensual. No se rindió cuentas de ese dinero que supera los $ 2.300.000 mensuales ni se hicieron las obras al sistema interconectado prometidas y pagamos todos los meses.
En América, durante el período 2007-2012, 11 países registraron aumentos impositivos. “El mayor se dio en Argentina con 8 puntos porcentuales, seguido por Ecuador (7 ) y Paraguay (4 )”. El elevado IVA y el impuesto sobre las ventas, a pesar de la inflación, acreditan un deterioro del crecimiento de la economía, sobre todo si se compara con otros países
Según el tributarista Marcos Torassa, entre otros motivos, siendo el elevado gasto público el más importante, el “incremento notorio de la presión fiscal se debe a la falta de ajuste de los mínimos no imponibles en el impuesto a la renta, la no aplicación de ajuste por inflación en el mismo impuesto y la falta de ajuste de los mínimos en otros impuestos”.
Otros economistas sostienen que “no es fácil justificar este nivel de presión fiscal para un país en vías de desarrollo, porque la eficiencia del gasto es cuestionable, teniendo en cuenta la escasa calidad de los servicios que brinda el Estado”.
La carga no está distribuida equitativamente, ya que el sector formal soporta una tremenda presión que, como se ha expresado, oscilaría en 60%. Si se blanquearan o pagaran todos los aportes que les requiere el Estado, la mayoría de las empresas debería cerrar o evadir parte de los tributos.
Al IVA y otros gravámenes se suman los impuestos internos que incrementan los precios, tanto en los productos finales como en las partes, que abonan todos los consumidores. Por eso emigran los fabricantes. El impuesto a las Ganancias es otro ejemplo de una carga inequitativa, por el bajo aumento del mínimo y la no actualización de las escalas desde hace años, situación que incide negativamente sobre los salarios medios y altos, restándoles poder adquisitivo.
Hasta los pocos jubilados que perciben más de cierto monto deben pagar el cuestionado impuesto que, como se sabe, no es sobre las ganancias sino sobre salarios y jubilaciones.
Adicionando -a las contribuciones y aportes previsionales- los impuestos directos e indirectos, se impide un desenvolvimiento empresarial sostenido en un país que necesita producir más y mejor debido a la competencia internacional.
Economistas sostienen que cerca de 100 impuestos entre nacionales y provinciales, gravan las actividades, como se ha dicho, en cerca de 60%.
La Anses entregaría cerca de 160 tipos de subsidios. La OCDE también resalta que los países que más incrementaron su presión tributaria entre 1990 y 2010 fueron: Argentina, con 15,3 puntos porcentuales, y Colombia, con 8,4. Chile y México registraron subas de sólo 2 puntos.
Para Jorge Colina, director de Idesa, la presión fiscal en la Argentina sobre la parte de la economía en blanco “es del orden de 50%. Poco más del 60% de la economía argentina no paga impuestos, por lo que quiere decir que el resto -40%- lo hace”, y en forma distorsiva.
El gasto público y las provincias
Es alarmante la situación financiera en que se encuentran varias provincias por el constante avasallamiento del Gobierno Central sobre sus impuestos. En la década de 1950/1960, la distribución impositiva entre Nación y Provincias era del 50% para cada parte.
El Congreso, a pesar de estar integrado por mayoría de legisladores que provienen de las provincias, ha permitido que el Gobierno nacional absorba los ingresos de los Estados provinciales.
En la actualidad, con pequeñas variaciones, el Estado nacional se lleva cerca de 75% quedando a las provincias 25%, generándoles ahogo financiero.
Resulta lamentable que en un Estado federal, para hacer cualquier obra deban acudir a mendigar recursos a los funcionarios nacionales.
