La Cámara de Diputados de Brasil destituyó ayer a Eduardo Cunha, arquitecto del impeachment de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, por ocultar cuentas bancarias en Suiza, en una nueva página de la crisis política que golpea al gigante sudamericano.
El plenario, con un quórum de 470 diputados, decidió poner fin a su mandato por 450 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones (el presidente no votó), al cabo de una sesión intensa en la que el propio Cunha asumió personalmente su defensa, replicando el gesto de Rousseff en las sesiones finales de su juicio político.
“Declaro la pérdida del mandato del diputado Eduardo Cunha por conducta incompatible con el mandato parlamentario”, señaló el fallo leído en el recinto.
La sentencia lo inhabilitó para postularse o ejercer cargos públicos por ocho años, a diferencia de Rousseff que conservó sus derechos políticos.
Como su castigo entra en vigencia a partir del fin del actual período legislativo, la prohibición se extenderá por más de 10 años.
Ultraconservador, evangélico y fino conocedor de los laberintos reglamentarios del Congreso, Cunha fue acusado ante el Consejo de Ética de la Cámara de ocultar cuentas bancarias en Suiza.
Enfrenta además causas ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupción pasiva, lavado de dinero, ocultamiento de cuentas en el extranjero abastecidas con dinero ilegal de Petrobras, abuso de poder y realización de maniobras para obstaculizar investigaciones, entre otras.
Durante su alegato, criticó a Rousseff y al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y durante largos pasajes encarnó al político calculador y dominante de los días en que presidía la Cámara. No obstante, por momentos se le quebró la voz.
“No mentí, no hay cuenta. ¿Dónde está la prueba? No hay prueba (...) No me juzguen por lo que dice la opinión pública”, pidió.
“Es el precio que estoy pagando para que Brasil quede libre del PT. Me están cobrando el precio del impeachment que acepté y que nadie más estaba en condiciones de hacer en ese momento”, dijo tras recordar a sus colegas que al menos 160 de ellos también enfrentan investigaciones judiciales.
Función final
Rousseff acusó a Cunha y a su vicepresidente Michel Temer, que la remplazó tras ser destituida, de haber llevado a cabo un “golpe de Estado” parlamentario. Los dos pertenecen al partido de centro derecha PMDB, que durante muchos años fue el principal aliado del PT.
Cunha ganó la presidencia de la Cámara en 2015 y se convirtió en el tercero en la línea de sucesión de la jefatura de Estado.
Irritado por acusaciones de que había cobrado al menos cinco millones de dólares en sobornos para facilitar negocios en Petrobras, le declaró la guerra al gobierno convencido de que era un embate impulsado por el PT.
Amo y señor de la Cámara baja, el 2 de diciembre de 2015 autorizó un pedido de impeachment contra Rousseff por maquillar las cuentas públicas, acusación que el 31 de agosto terminó segando el mandato de la primera mujer en presidir Brasil y el ciclo de más de 13 años del PT en el poder, primero con Lula y luego con su heredera política.
El gobierno anunció plan de concesiones
El nuevo gobierno brasileño divulgó una lista de 25 proyectos de concesiones y privatizaciones en los sectores de infraestructura, transporte y minería, que buscan sacar al país de la recesión y recomponer las arcas del Estado.
El Programa “Crecer” de Asociación de Inversiones (PPI, por sus siglas en portugués) prevé para este mismo año abrir la subasta por las concesiones de cuatro aeropuertos -Porto Alegre, Florianópolis (sur), Salvador y Fortaleza (noreste)-, así como de las terminales portuarias de combustibles de Santarem (en la confluencia de los ríos Tapajós y Amazonas) y de trigo de Río de Janeiro.
“La idea básica de este programa de asociación de inversiones naturalmente apunta ante todo al crecimiento económico del país. Pero, como consecuencia natural, a la creación de empleos”, afirmó durante un discurso en Brasilia el presidente Michel Temer, que asumió definitivamente el poder el 31 de agosto tras la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff.
El PPI también prevé lanzar subastas bajo el régimen de concesiones por campos petrolíferos y gasíferos marginales (que dejaron de ser rentables para la compañía que los explota actualmente, pero que aún no llegaron a su madurez).
