De la contundencia y el alcance sectorial y geográfico de la huelga nacional por 24 horas convocada por la CGT, primera contra la política económica y social en 16 meses de gobierno de Mauricio Macri, dependerá en gran medida lo que sucederá en la relación de la Casa Rosada con el sector laboral desde mañana.
El Gobierno nacional se empeñó, especialmente después de las marchas públicas en su respaldo del sábado pasado, en minar ante la sociedad los reclamos de cambios en la política económica de la dirigencia cegetista, con el argumento de que se trata de una huelga “política” en un año electoral, que quienes lo convocan son “arrastrados” por el kirchnerismo y hasta de que son una “mafia” que busca alimentar “planes destituyentes”.
Los encargados de llevar adelante esos ataques fueron, además del Presidente , los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Trabajo, Jorge Triaca, a los que en las últimas horas se sumaron los de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Justicia, Germán Garavano, todos con un mismo guión: el paro es "incomprensible"; "está vacío de contenido y carece de consignas claras específicas" y el empleo "volvió a crecer" en los últimos siete meses.
Ratificaron, además, la decisión gubernamental de retomar el diálogo, pero “no habrá una hoja de ruta”, anticipó ayer mismo el titular de Interior, porque la CGT “no tiene consignas claras de por qué está parando”.
Precisamente para contrarrestar esa imputación, el triunvirato que integran Héctor Daer, Juan Schmid y Carlos Acuña decidió de apuro elaborar un documento que difundió sobre la hora, después de que el cese de actividades de hoy fue resuelto casi bajo presión por el reclamo de "poné la fecha, la puta que lo parió" que se generalizó en la concentración de hace un mes.
Así, el texto de la CGT le exige al Poder Ejecutivo “un cambio en la orientación económica” traducido en una salvaguarda ante los despidos, el cierre de industrias y una revisión de la apertura de las importaciones, sobre todo de bienes de consumo.
Durante los últimos días, el Gobierno tendió tras bambalinas puentes de diálogo con Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, detentores de poder dentro de la CGT aun cuando hayan resignado sus cargos para alcanzar la unidad de agosto pasado, con el propósito de restablecer las relaciones con la central después del paro.
Pero el endurecimiento gubernamental tras el apoyo recibido en el 1-A y la decisión de ir hasta el final en el conflicto salarial de los docentes bonaerenses han puesto piedras en el camino.
Pese al nivel de virulencia retórica desplegado desde el Gobierno, con el que desde el lado sindical sólo sintonizó el taxista Omar Viviani, la CGT confía en volver a la mesa de dialogo con la Rosada.
El triunviro Schmid, también jefe de la Confederación de Trabajadores del Transporte, anticipó que la CGT le solicitará una audiencia a Macri, lo que públicamente se anunciará hoy, cuando se haga el balance de la medida.
El plazo que se tomaría la CGT para tener una respuesta a sus reclamos será por lo menos hasta fin de mes. En caso de no tenerla, la protesta se "irá profundizando", dijo el camionero Pablo Moyano.
Pero en esa definición también tallarán los sindicatos de "los gordos" y "los independientes", partidarios de un compás de espera, como algunos sindicatos industriales (UOM) y la Corriente Federal, partidarios de continuar con un plan de lucha.
Viviani no fue a declarar por su amenaza
El jefe del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani, no se presentó a declarar en la fiscalía de la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña, cuyo titular, Walter Fernández, advirtió que la "amenaza" con "dar vuelta" los taxis que no adhieran al paro general de hoy podría configurar un delito de con una pena de 5 a 10 años de prisión.
Fuentes de la fiscalía aseguraron que Viviani “no compareció” pero que “sí vino un abogado”, aparentemente a solicitar una prórroga en la citación. Si bien el fiscal reconoció que haberse retractado públicamente sirve de “atenuante”, advirtió que “la disculpa no borra el delito”.
Piquete porteño en la previa
En la previa del paro, manifestantes de movimientos sociales y organizaciones piqueteras mantuvieron por varias horas un bloqueo frente al Ministerio de Desarrollo Social nacional, en la porteña avenida 9 de Julio, para reclamar el pago de los planes Argentina Trabaja, además de que se regularice la situación de comedores.
