A seis meses de la media sanción del Senado, pero a más de un año de su presentación, la Cámara de Diputados tratará hoy el proyecto de Ley de Ética Pública. Así lo confirmaron legisladores oficialistas, tras una reunión de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
La iniciativa ha sido varias veces postergada. Y hasta se pensaba que podría ser “cajoneada” en la cámara baja. Sobre todo después de la escandalosa aprobación en el Senado, cuando luego de un supuesto consenso entre oficialismo y oposición, el peronismo denunció cambios en el texto.
La norma, entre otros puntos, obliga a los funcionarios públicos por ley (hoy sólo existe el decreto 1789/15 firmado por el ex gobernador Francisco Pérez) a presentar sus declaraciones juradas con detalle de sus patrimonios.
Y si bien se confirmó que hoy irá al recinto, si se aprueba -al oficialismo le alcanzan los votos- deberá regresar al Senado porque se le incorporaron modificaciones.
Marcado por la polémica
El proyecto -único que logró avanzar después de varias iniciativas previas truncas- incomoda a varios políticos y presenta fuertes controversias.
Ingresó a la mesa de entradas del Senado el 9 de mayo de 2016, por iniciativa de la vicegobernadora, Laura Montero, aunque la autoría es de la senadora radical Daniela García.
Eran tiempos -como ahora- en los que se conocían las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios, publicadas por la Fiscalía de Estado (cumpliendo el decreto 1789/15).
Algunos datos (como la posesión de Montero de una casa valuada en sólo $ 0,70) generaron airadas polémicas. De hecho, la vicegobernadora impulsó el proyecto junto a la actualización de su propia declaración, para mostrar su “compromiso con la transparencia”.
El proyecto tampoco tenía consenso interno. Si bien García y Montero se esmeraban en abordarlo, en el entorno del gobernador, Alfredo Cornejo, no lo veían prioritario.
Además, sufrió un fuerte rechazo cuando el fiscal de Estado, Fernando Simón, señaló que era inconstitucional, por incorporar como autoridad de aplicación al fiscal de Investigaciones Administrativas.
Eso se superó con la creación de la figura de un auditor propuesto por el Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado.
Eso coincidió con la llegada del consenso oficialista, a partir de la incursión del radical Juan Carlos Jaliff. Con él, la iniciativa tomó forma y sólo restaba convencer al PJ. Si bien éste se mostró dispuesto, cuestionó la elección del auditor por mayoría simple. Pedía que se aprobara “con dos tercios” de los senadores.
Las conversaciones avanzaron y así llegaron a la sesión del 21 de febrero con presunto consenso. Pero al momento de votar el peronismo denunció "trampa" oficialista. Según el PJ, se había avanzado con los dos tercios para el auditor, pero Cambia Mendoza lo negó.
La norma logró la primera sanción pero dejó la sensación de que no tendría continuidad en Diputados.
En estos seis meses no cesaron las acusaciones cruzadas de no querer tratarlo. Para el peronismo, el oficialismo “lo demoraba”. Los radicales dicen que “en mayo” enviaron las modificaciones “formales, no sustanciales” hechas al proyecto, y que el PJ nunca las contestó.
Ayer en LAC, y ante el pedido radical de “aprobar una ley”, el peronismo dijo estar dispuesto a tratarlo. Y si bien los cruces siguieron (el PJ dijo que la UCR no quería) los radicales confirmaron que sí se discutirá en el recinto. Y hasta se mostraron seguros de que lo aprobarán para que vuelva al Senado para la sanción final.
Cornejo presentó su informe patrimonial
El gobernador, Alfredo Cornejo, informó en su última declaración jurada una sola modificación respecto la presentada en 2016: un auto que comparte con su hijo Lautaro.
Según informó la Fiscalía de Estado, el patrimonio de Cornejo consta de un lote valuado en $ 179.634 ($ 119.756 era el valor 2016), más el 50% de un Peugeot 208, que comparte con su hijo.
Al patrimonio del mandatario hay que sumar el de su mujer, Lucía Pannocchia, quien declaró por 289.844 pesos la casa familiar de Godoy Cruz (en 2016 estaba valuada en 239.045 pesos), un Peugeot 308 y una caja de ahorro sin especificar el monto depositado (no está obligada a hacerlo).
Pannocchia ejerce un cargo de supervisora de primer grado en el área de comunicación por el que cobra 51.338 pesos. El matrimonio registra ingresos por más de 120 mil pesos mensuales al sumarse los 70 mil pesos que percibe Cornejo.
Por último, el núcleo familiar del jefe del Ejecutivo se completa con su hijo Lautaro, que no hizo otra adquisición más que el 208, mantiene el 50% de un Fiat Strada Adventure y continúa con sus emprendimientos comerciales junto a un grupo de amigos: el 25% de Plus Pet SA, una empresa de alimentos para mascotas; el 28,74% de Burmet SA, dedicada a la venta de hamburguesas, y el 25% de Vigneron SA, de venta mayorista de espumantes.
