Después de los comicios, la agenda económica

Las expectativas se dividen entre quienes, con algún optimismo, esperan cambios indispensables para seguir produciendo y exportando, suponiendo que ha llegado el momento de corregir distorsiones. Otros, más escépticos, son pesimistas, no esperan cambios. Incluso no faltan quienes piensan que las cosas pueden agravarse, que el gobierno radicalizará las políticas aplicadas hasta ahora.

Mientras el país espera el restablecimiento de la salud de la Presidenta para que retome su actividad, conviene repasar algunos de los temas más acuciantes de la agenda económica.
Un tema dominante, en particular para las economías regionales, se resume en la pérdida de la competitividad exportadora, la cual tiene varias causas pero hay dos que sobresalen: el constante incremento de los costos de producción como consecuencia de la alta inflación y el retraso del tipo de cambio. Esa pinza de costos crecientes y tipo de cambio retrasado está destrozando numerosas actividades, como la vitícola, frutas, aceite de oliva, ajos, etc.

El problema es de compleja resolución porque implica por un lado atacar seriamente la inflación, puesto que ninguna economía puede funcionar eficientemente con años de inflación del orden del 25% o más; y por otro, adecuar el tipo de cambio recuperando el considerable atraso acumulado.

Atacar la inflación implica ir a sus causas, o sea a la enorme emisión monetaria para financiar un gasto público insostenible. Esto lleva al otro tema que es indispensable revisar: la situación fiscal del país está francamente desquiciada. Los niveles alcanzados por el gasto público, sea medido en cifras absolutas o como términos relativos al PBI, son simplemente disparatados.
 
La presión tributaria sobre las personas y empresas que pagan todos sus impuestos es confiscatoria de los ingresos y la propiedad privada. La cuestión fiscal es el meollo del problema, porque de él deriva la emisión monetaria, pero además en nuestra historia sobran casos de cómo la crisis fiscal es siempre una bomba a punto de estallar.

Encarar el problema del gasto implica encarar, con criterio, un plan para desarmar gradualmente el formidable enredo de los subsidios a empresas y consumidores. Esos subsidios este año alcanzarán la enormidad de 100 mil millones de pesos. Simultáneamente es indispensable comenzar una meditada política de reforma fiscal dado que el actual sistema es un conjunto de parches, de remiendos, es inicuo, e incurre en costos burocráticos insostenibles.

Parece innecesario aludir a la grave crisis energética, cuyo costo se está comiendo en forma acelerada las reservas del Banco Central y a su vez impide al país disponer de las divisas necesarias para importar, afectando seriamente el nivel de actividad económica interno. El problema energético no lo va a resolver YPF estatizada, como tampoco lo pudo resolver en su anterior etapa. Sólo creando las condiciones necesarias para una atracción masiva de inversiones extranjeras directas se resolverá, y llevará tiempo.
 
Esas condiciones para la inversión, que no son otras que la plena garantía de los derechos de propiedad y el estímulo a las exportaciones, reduciendo o eliminando las retenciones, permitirían terminar rápidamente con el cepo cambiario, que sólo ha servido para dilapidar recursos en turismo y compras en el exterior de quienes más tienen, y compras masivas de autos de lujo importados.

Es necesario impulsar un proceso gradual de reacomodamiento de los precios relativos en la economía, precios también desquiciados por la intervención discrecional y arbitraria del Estado. No es posible regalar la energía eléctrica y el gas, por caso, y que los consumidores deban pagar 20 pesos un kilo de pan.

Se podría seguir agregando temas a la agenda, agenda que ya no podrá ser ocultada por los intereses electorales.