Abogados y diputados coincidieron en señalar las desprolijidades, al menos administrativas, con las cuales ayer se traspasó el mando desde la presidenta Cristina Kirchner al vicepresidente Amado Boudou. Se aplicó el artículo 88 de la Constitución pero hay un debate por las formas por un vacío legal.
Al mediodía, mientras la presidenta, consciente aunque muy dolorida, era trasladada a la fundación Favaloro, Boudou firmó un acta de asunción del poder en forma temporaria ante el escribano general de la Presidencia, Natalio Echegaray. La firma la vieron los periodistas solo por un circuito de TV cerrada y el acta -pese a tratarse de un acto de primerísimo interés público- hasta ayer no se dio a conocer.
El abogado Ricardo Monner Sans, especialista en derecho administrativo, dijo a este diario que el “pase” del quehacer presidencial fue en ausencia de Cristina Kirchner y sin conocerse si su voluntad quedó registrada en -cuanto menos- “una nota”.
Señaló la definición que el diccionario de la Real Academia Española define el traspaso: “traspasar como modo de ceder a favor de otra persona el derecho o dominio de algo. No quiero creer que la oscuridad política presidió un tema que debió ser de amplio conocimiento público por su importancia institucional”.
Monner Sans se preguntó si “¿el escribano fue previamente a preguntarle a Cristina si declinaba temporalmente su función y entonces otorgarle a un conjetural ‘sí’ la validez de la exteriorización de la voluntad tal como se la entiende en el Derecho Administrativo y en el Derecho Civil?”
Para el diputado radical y ex camarista Ricardo Gil Lavedra si el escribano incorporó el certificado médico de la Fundación Favaloro “se puede subsanar esa omisión” por la situación excepcional del traspaso. Pero “es una desprolijidad absoluta” que ayer no se haya dado a conocer el acta. “Espero que hoy salga publicada en el Boletín Oficial”, dijo Gil Lavedra.
La improvisación del Gobierno parece que obedeció a que suponía que la Presidenta iba a estar en reposo pero ejerciendo un número limitado de funciones y no que iba ser operada.
Hay antecedentes como el de la ex presidenta Isabel Perón que en 1975 estuvo en reposo por una “enfermedad” pero luego pidió licencia al Congreso y fue reemplazada interinamente por Luder.
Sobre este punto, el diputado del PJ disidente Gustavo Ferrari interpretó que “por la lógica” del artículo 99 Cristina ahora debe pedir licencia al Congreso. “Si todos los años la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, le da un permiso por adelantado para que viaje al exterior, también debería hacerlo ahora”.
