Hay momentos especiales en la vida de los pueblos y de los países cuando sus gobiernos deben extremar tanto su ser como su parecer, porque los sufrimientos, en particular de los que menos tienen, exigen que, además de tener buenas políticas para solucionar esos males, los dirigentes prediquen con el ejemplo. No se puede pedir a los demás lo que no sea capaz de hacer quien lo pide.
Cuando los precios aumentan por encima de las remuneraciones; cuando por buenas o malas razones son despedidos trabajadores en el Estado y en la actividad privada; cuando las tarifas por servicios públicos más que duplican o triplican sus valores, cuando la inflación no ceja... En fin, cuando pasan todas estas cosas se necesita que el temple de la clase dirigente sea excepcional porque se trata de momentos excepcionales.
En esos momentos, actitudes que antes podían ser consideradas no demasiado significativas, ahora se elevan en su valoración negativa porque nadie se siente con ganas de hacer esfuerzos si no lo hacen primero los que están arriba, y peor cuando ni siquiera hacen esfuerzos meramente simbólicos.
Confundir lo público con lo privado ha sido una constante en los gobiernos que pasaron, y ése es un delito mayor, pero que vino acompañado de otros aparentemente menores, como viajar en helicópteros o aviones estatales para fines partidarios o privados. O a la inversa, utilizar el favor de los privados para cuestiones públicas.
Esas prácticas deben ser excluidas, como evitar con la menor excepcionalidad posible que los parientes de los funcionarios públicos se incorporen al Estado por más supuestas capacidades que estos puedan tener. El nepotismo es siempre un mal pero lo es mucho más cuando crece el desempleo.
Venimos de un tiempo en que la corrupción se infiltró hasta en los más impensados terrenos de la administración pública. Donde no sólo se adjudicaron obras públicas a empresarios amigos sino que hasta se crearon de la nada estos capitalistas afines para erigirlos en meros testaferros de los funcionarios públicos.
El enriquecimiento de grandes sectores de la clase política fue superlativo, tanto que se convirtió en una enfermedad estructural, no meramente periférica, del sistema político argentino. Esta enfermedad será muy difícil de erradicar si no se adoptan medidas excepcionales.
No podemos acusar de lo mismo que se acusa al gobierno anterior al que ahora está gestionando porque recién comienza su ejercicio. Sin embargo, la primera advertencia que es necesario hacer es que si no corrigen las distorsiones heredadas del pasado, ellas proseguirán en el Estado aunque los principales dirigentes no las cometan.
No se trata solamente de cobrar las deudas al pasado sino de evitar que ese pasado siga vivo en el presente. Hoy la sociedad, aparte de exigir una denodada lucha contra la corrupción en todas sus formas, pide a sus gobernantes que extremen las precauciones en todas sus conductas porque es preciso recuperar la confianza perdida en prácticamente toda la élite política.
Por ende, hasta las mínimas desprolijidades deben evitarse y, hasta la fecha, el nuevo gobierno ha demostrado una tendencia a cometer esos males supuestamente menores en una cantidad ciertamente preocupante. Deberán, entonces, las principales autoridades, partiendo desde el señor Presidente de la República, instruir a los suyos para que actúen con eficiencia y honestidad pero también con prolijidad.
