Con dos herramientas en mano, el peronismo dará pelea al gobierno de Alfredo Cornejo por los despidos en el sector público.
El bloque de Diputados presentó ayer un “arma” política y otra jurídica con la que apelan “a la reconsideración del Poder Ejecutivo” de todas las suspensiones producidas hasta ahora. Para esto, el miércoles que viene, con una convocatoria a los gremios y a los afectados, pedirán que se vote la creación de una comisión que analice “caso por caso”.
A su vez, como acción jurídica, pedirán “la suspensión de los plazos para que los trabajadores tenga mayores herramientas jurídicas para poder defenderse”, señaló el diputado Jorge Tanús. En la UCR anticipan que no acompañarán estas medidas, argumentando que es facultad del Gobernador la administración del personal, y confían con contar, una vez más, con el voto unido del Frente Cambia Mendoza (FCM).
Pero más allá de las posturas anticipadas, todo está por verse. Lo cierto es que esta acción es un movimiento más que hace el justicialismo en la pelea política por los despidos y la tarea en esta semana apuntará a la búsqueda de acuerdos de aquellos que puedan sumarle votos el miércoles que viene.
En la mira está el FIT, del que se descuenta el apoyo a este tipo de medidas, pero también el Pro, el PD y el Frente Renovador (FR), partidos aliados de la UCR.
El tema en cuestión se inició hace 15 días pero recién ahora, luego del receso legislativo, muestra sus reacciones en la Casa de las Leyes. El 19 de enero, el gobierno de Cornejo anunció que, a raíz de irregularidades y vicios administrativos, se daban de baja 82 contratos.
En su mayoría, fueron nombramientos que se hicieron después del 30 de junio, en incumplimiento de la ley de Responsabilidad Fiscal, o designaciones sin la imputación de gastos. En aquel momento, se anunció que las bajas iban a seguir y se hablaba de 300 revisiones. Dos días después, se anuló el contrato de 101 celadores en los que detectaron “usurpación de licencia”.
El viernes pasado se conoció que el Instituto de Juegos y Casinos dio por finalizado el contrato de 80 trabajadores de planta temporaria, situación que fue el detonante en el partido que, hasta hace dos meses, era gobierno.
A partir de aquella noticia, y durante el fin de semana pasado, el conflicto de los trabajadores del Casino, que ayer volvieron a un paro por tiempo indeterminado, convocó a diferentes referentes del peronismo.
Esta semana, con la vuelta de las sesiones, los legisladores hicieron lo propio. El martes se reunió el bloque del Senado y de Diputados, en donde se resolvió que, además de presentar pedidos de informes, que fueron rechazados por la UCR, estén las dos medidas anunciadas ayer.
Con respecto a la creación de la comisión, la idea es repetir lo que hizo el intendente radical, Daniel Orozco, cuando tuvo que resolver la situación de los más de 600 trabajadores a los que se les terminó el contrato el año pasado. Siguiendo el caso modelo, la intención es llamar a cada uno de los despedidos y ver en qué condiciones se produjo su cese.
“Vamos a pedir que se revise cada uno. Lo que ha sucedido es que se informa en general pero no hay un sustento que acredite que se produjo una situación irregular. Tenemos derecho a no creerlo”, señaló la presidente del bloque del FpV, Silvia Ramos, en referencia a los despidos que se produjeron argumentando irregularidades en el nombramiento.
Sobre esto, Tanús completó: “Hay aspectos del derecho de defensa, del sumario y administrativos que por ley hay que hacer. Estamos en contra del despido generalizado por razones políticas”. Ésta sería la acción de carácter político.
Pero a nivel jurídico, el PJ pedirá “suspender toda norma que haya modificado la situación de revista, incluyendo despidos, transferencias o incentivos, a partir del 9 de diciembre”. Esto, según pide el texto a votarse, tendrá una duración de 180 días hábiles, para poder efectivizar los despidos, excepto los casos que sean salvados por vía administrativa o judicial.
“Los trabajadores del Estado, en su mayoría, no tienen las herramientas legales para defenderse de una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo. La suspensión de los plazos es para que los trabajadores tengan mayores herramientas jurídicas para poder defenderse”, presentó Tanús.
Respuesta radical
El presidente del bloque de la UCR, César Biffi, adelantó que votarán en contra de este proyecto de ley. “El poder administrador es del Poder Ejecutivo, que se encarga de la administración del personal y recurso humano. No hay ninguna razón para la creación de esa comisión. Los legisladores del PJ dirigen mal su enojo. Yo me enojaría con todos los funcionarios que irregularmente nombraron personal en términos ilegales”.
Esta postura pone en duda que el PJ alcance la cantidad suficiente para lograr la simple mayoría y pueda avanzar con su lucha “en defensa de los empleados públicos”. Es por eso que apuntan a que el miércoles que viene, día en el que se pretende tratar el proyecto, haya una fuerte movilización de gremios y afectados en la Legislatura.
Parisi advierte escasa fiscalización en casinos privados
El diputado del FpV y presidente de la comisión de Juegos, Omar Parisi, estuvo el martes en la noche, día en el que se levantó el paro, para inspeccionar junto con una escribana si el Casino provincial cumplía con su rol de control, fiscalizando los casinos privados.
“Anoche (por ayer) encontré que se trabajaba con un solo fiscalizador. Se podrá considerar que es poco o no, pero doy fe con escribano público que el fin de semana (en pleno paro de los trabajadores) en los casinos privados no había fiscalizador”, señaló Parisi.
“Está funcionando de manera irregular, es un delito penal. Si no hay controles suficientes y los que exige la ley, puede haber lavado de dinero”, señaló Parisi.
Sobre esto, Andrés Lombardi, gerente general del Casino, dijo que se cumplió perfectamente con el control durante el fin de semana y que Parisi estuvo sin autorización.
“Debería conocer la normativa que regula el juego”, le sugirió. En este sentido, explicó que la fiscalización se cumple in situ, pero también por los videos posteriores.
“Además las máquinas están todas sistematizadas, conectadas a un servidor y precintadas. Nosotros sacamos esos datos y sabemos cuánto pagan y cuánto jugó cada uno”, apuntó el radical.
ATE convoca a un paro nacional estatal el 24 de febrero
El secretario general a nivel nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, anunció ayer que estatales de todo el país realizarán el 24 de febrero un paro acompañado de manifestaciones para reclamar “la apertura de las paritarias” y “poner límite a los despidos” en el sector público.
Después de participar en un plenario del sindicato con secretarios de ATE de distintas provincias, Godoy confirmó que han resuelto “un paro nacional de trabajadores estatales con movilizaciones en todo el país el 24 de febrero”.
El sindicalista explicó que la medida se implementará “en reclamo de cinco puntos”, entre los que destacó el “aumento de salarios” y la “reincorporación de todos los trabajadores despedidos”.
A su vez, describió los otros motivos y señaló: “Tercero, el gobierno anterior dejó miles de trabajadores precarizados y queremos que ese tema sea erradicado del Estado. Cuarto, en Córdoba y en Tierra del Fuego se han generado modificaciones al sistema previsional a la baja, se han aumentado los años y las condiciones y se ha reducido el haber jubilatorio. No queremos que se siga afectando el sistema previsional en la Argentina. Quinto, repudiamos y queremos que cese la judicialización de las protestas sociales”.
