La comuna de Santa Rosa tomó la polémica decisión de despedir a 150 empleados, señalando que todos habían sido incluidos por la administración anterior de manera irregular, en los meses previos a las elecciones de 2015.
En esos comicios se reeligió al justicialista Sergio Salgado, quien ya enfrentaba serias denuncias sobre el manejo de la comuna que derivaron en su posterior detención. Desde la cárcel de Boulogne Sur Mer, Salgado presentó su renuncia y tras unas nuevas elecciones para completar su mandato, lo sucedió la radical Norma Trigo.
Ahora, un decreto de Trigo, que se respalda en una auditoría del área de Recursos Humanos, dio la baja a 150 empleados, de una planta que ronda las 1.500 personas, en un departamento con apenas 16.000 habitantes.
“Soy sostén de familia, empiezan las clases, tengo un hijo en tratamiento médico, nunca he faltado al trabajo y hoy me echan ¿Cómo sigo adelante?”, dijo angustiada María Rocha, del área de Mayordomía: “Tengo el cumpleaños de 15 de mi hija, le prometí una fiestita y ahora no sé qué es lo que voy a hacer”.
El director de Recursos Humanos, Walter Fredes, explicó que "era necesario regularizar una situación anormal. En los meses previos a las elecciones de 2015 entró mucha gente a la comuna y sin la aprobación de la Junta de Selección. Ambas situaciones van en contra de lo que establece la ley de Responsabilidad Fiscal".
Fredes agregó que “muchas de esas personas ni siquiera vienen a trabajar. En esa lista hay, por ejemplo, un empleado con domicilio en Guaymallén que nunca trabajó; una chica de La Dormida que no vino en todo un año y un empleado que se fue un mes de vacaciones sin avisar”.
El Concejo Deliberante recibió en su recinto a parte de los despedidos y también a dirigentes de ATE, que reclamaron a los ediles una declaración de ilegalidad del decreto: "Si esta gente entró mal a la planta, hace dos años que esta administración lo sabe y no ha hecho nada. Es decir que todos ellos tienen derechos ganados porque durante este tiempo se los reconoció como empleados de la comuna", dijo Mabel Bove, de ATE y explicó que "estamos brindando asesoramiento legal a todos los damnificados para que envíen una nota a la comuna rechazando el decreto".
La concejal radical Débora Quiroga, presidente del Concejo, dijo: "Los nombramientos se hicieron de manera irregular y formó parte del agigantamiento del Estado que hizo (Sergio) Salgado, muchas veces con fines electorales, pero que no estamos de acuerdo con las formas. El proceso debe ser paulatino porque esto ha generado una crisis social. Hemos pedido audiencia con Trigo para intentar que se dé marcha atrás".
Por su parte, Trigo comentó a Los Andes: "No hay que hablar de despidos sino de normalizar la relación laboral de esta gente. Cuando asumí, dije que habían empleados incorporados por (Sergio) Salgado en los meses previos a la elección y que eso era ilegal. Me comprometí a normalizar esa situación y es lo que estamos haciendo".
Agregó: "De todos modos, a mucha de esta gente que es sostén de familia o que está en una situación social delicada les hemos ofrecido un contrato para que sigan con su tarea, pero en otra relación laboral con el municipio. No vamos a desamparar al que trabaja". Aseguró que se ofrecerán contratos a cerca del 50% de los desplazados.
El concejal peronista Marcial Ibarra presentará un proyecto para declarar ilegal al decreto: "Han pasado dos elecciones en las que el municipio los tuvo de rehenes y, ahora que ganaron, deciden despedirlos".
