Un asunto prioritario, para quienes votaron en 2015 a Cambiemos y eligieron a Mauricio Macri como presidente de la Nación, era que se encarara con firmeza una profunda reforma del Estado nacional, el gasto público, la agobiante carga tributaria, la inflación y la maraña de regulaciones de la economía que había dejado el largo período kirchnerista.
Transcurrido ya casi un año y medio del gobierno actual, deben anotarse en su haber resultados efectivos en algunos de esos asuntos y pasivos gravosos en otros. Sin duda que la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz y otros productos regionales y la reducción a la soja dejaron consecuencias positivas. Debe agregarse a ello la eliminación de las absurdas regulaciones que limitaban, o prohibían, las exportaciones de algunos de estos productos, los famosos ROE (rentabilidad financiera), incluida la carne, lo que nos llevó de ser unos de los tres principales, a ubicarnos hoy por debajo del décimo lugar. Los resultados de estas políticas están a la vista. Con un millón de hectáreas bajo el agua, la cosecha de granos de la campaña 2016/17 estará próxima a constituir el récord histórico y con mejor composición entre los productos. El campo y la agroindustria muestran un gran entusiasmo; la venta de maquinaria supera los pronósticos más optimistas y la perspectiva para el ciclo 2017/18 es más que promisoria. Lo mismo puede decirse de otros aspectos sustanciales de la política nacional, como la regularización fiscal (blanqueo) y la reparación histórica para los jubilados; la actualización y extensión de la Asignación Universal por Hijo, la existencia de numerosos programas de asistencia técnica y crediticia a las pymes, poco o mal difundidos y aprovechados, y la importante disminución de la inflación.
Pero hay una cuestión central en la cual no sólo no hubo avances sino que, por el contrario, como lo advierten diversos estudios, no existe progreso.
Nos referimos a la inmensa y aplastante estructura del Estado y al empleo público que carcome las mejores energías del país productivo. Alguno de esos estudios son de entidades afines al oficialismo. La Fundación “Libertad y Progreso”, que preside Manuel Solanet, difundió un documento que es contundente sobre la desmesura de la estructura del Estado nacional. Bajo el título de “La imprescindible racionalización y modernización del Estado”, dice en un párrafo: “La duplicación del número de empleados públicos en los últimos 15 años no encuentra ningún justificativo posible. Sin embargo ha ocurrido en el Estado argentino, tanto en el Gobierno nacional como también en provincias y municipios. Ese crecimiento no se explica en nuevas funciones estatales sino en los impulsos de la política y de la propia burocracia para dar espacio al clientelismo o al copamiento ideológico...”. Luego destaca que el Gobierno ha implantado un frondoso organigrama para el Poder Ejecutivo nacional. Se contabilizan 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales y 122 organismos descentralizados.
En cuanto al empleo, el último relevamiento de FIEL destaca que el sector público nacional en 2003 tenía 460.000 empleados; en 2016 subió a 739.000, creciendo 61%. Si se agregan provincias y municipios, en 2003 la planta era de 2.200.000 y en 2016 de 3.579.000 y estima que este año rondará los 3.800.000.
Cambios en el Estado y burocracia, son claras cuentas pendientes de Cambiemos.
